• Se sitúa a sí mismo por encima de la Constitución Política del Estado (Art. 1).
• Se arroga definiciones de política internacional (Art. 3, Inc. II y III).
• Reduce a los pueblos originarios a la condición de pueblos oriundos del departamento (en con¬tra de las declaraciones de la OIT y de la ONU), y los considera objetos más que sujetos, negando toda posibilidad de autonomías indígenas (Art. 2, Inc. II).
  
• Le atribuye al gobierno departamental competencias exclusivas respecto del régimen electoral, de la administración de justicia (otorgándole supremacía a la Corte Departamental), de la educación en todos los niveles, de los regímenes laboral, de tierras, aguas, bosques, áreas protegidas, biodiversidad, biocombustibles, ordenamiento territorial (Art. 6, inc. I).
• Pretende que las disposiciones del gobierno departamental tengan preferencia respecto de las nacionales (que pasarían a ser subsidiarias o supletorias) (Art. 6 Inc. II) incluyendo la potestad tributaria. (Art. 135, 136 y 137).
• Pretende el control de las instituciones del estado en el departamento, obligando a la designación de sus autoridades de ternas presentadas por la Asamblea Departamental (Art. 36 y 34).