Somos Sur

De la “Modificación de la Ley de Pensiones” a una revisión general del sistema jubilatorio

 viejitos

Maria Lohman, 16 de septiembre de 2013


En un ámbito particular de fiesta, el día 12 de septiembre fue entregado al presidente de la República el anteproyecto de “Modificaciones de la nueva Ley de Pensiones No 65” en el marco de la firma de un Convenio entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana.


Ante esta noticia presentada  como “beneficiosa para los jubilados”, la mayoría de los medios se limitó a repetir el libreto oficialista, indicando que “se incrementa de Bs 3.700 a 4.000 las rentas de los trabajadores mineros con 35 años de aportes y sube de Bs 2.600 a 3.200 como máximo las pensiones del resto de los sectores laborales”. Además se informaba que “las modificaciones a la norma pactadas con la Central Obrera  beneficiará a más de 10 mil personas” y que “con este proyecto de Ley se posibilitará aumentar sus rentas de pensiones retroactivamente a enero (de 2013)”.

Cifras sencillas que a primera vista impactan a cualquier lector y especialmente a los más del millón y medio de aportantes. “Lindo sería; recibir 3200 bolivianos”, escuchamos decir a uno de los jóvenes trabajadores en la Federación de Fabriles de Cochabamba, mientras su dirigente máximo, Mario Céspedes,  expresaba en forma cautelosa en un programa del Canal Universitario su desconfianza ante el nuevo Convenio, indicando que “…ojalá, lindo sería que todos puedan recibir los 3200 y 4000. Pero que sepan todos los trabajadores, que solo es un promedio. Que no engañen. Vamos a ver la realidad; los que van a hacer su trámite ahora en la Ley de Pensiones. Veremos cuánto va a ser. Si el caso es que van a lograr el 70%, vamos a aplaudir, entre todos;  yo creo que con los hechos vamos a ver. No queremos mentir; ya nos ha dicho el presidente “dirigentes mentirosos”, entonces creo que si todos van a lograr ese 70%, bien sería”.

Así la susceptibilidad, no sólo de los trabajadores fabriles, sino también de los maestros, los mineros, el sector salud y otros sectores. Después de todo, nadie fue consultado, no hubo congreso alguno,  no circuló ningún documento de propuestas; nada. En pocas palabras, ya había crecido el descontento con el gobierno y la dirigencia sindical al no haber avanzado durante los últimos tres meses en la revisión de la Ley, luego que durante los meses de abril y mayo el país se había paralizado por varias semanas  a raíz de bloqueos y huelgas a nivel nacional.

Hoy se repite la misma fotito: El presidente Morales posando con un dirigente máximo de la Central Obrera Boliviana para avalar leyes y convenios. En el 2010 fue con el compañero Pedro Montes, mientras  ahora le tocó al compañero Trujillo, quien –más allá de los abrazos - recibió del ejecutivo  una reprimenda humillante:

  •  “Por culpa de algunos dirigentes se demoró la solución del conflicto”.
  • “Son algunos sectores de la COB que también quieren asaltar los recursos económicos de los bolivianos”.
  • “Son unos mentirosos”.


Más allá de estas idas y venidas a nivel dirigencial, en las bases ha ido creciendo un descontento, cuando en la práctica los bajos sueldos - más allá de las ofertas del gobierno- no garantizan una jubilación digna, obligando a las personas jubiladas a vivir peor que en su vida activa.

Recordamos que en diciembre  del 2010 el llamado “Sistema Integral de Pensiones” de la Ley 065, aparte de crear la “gestora pública de pensiones” que reemplazaría a las administradoras de fondos de pensiones (AFP), creó el Fondo Solidario y la Pensión Solidaria de Vejez (PSV) para trabajadores con bajos aportes al Sistema de Pensiones. Estos fondos salen desde el año 2010 del 3%  del aporte patronal, además del 0,5% del aporte laboral.

En la práctica para nadie es un secreto que la Ley 065 básicamente  mantiene el sistema de capitalización individual y como tal  “es una continuidad de la ley anterior, con un hibrido llamado fondo solidario”, como indica el economista Alfredo Humerez. “Es confiscatoria porque se apodera de los fondos privados de los asalariados, para manejarlos discrecionalmente. Además es discriminatoria porque diferencia los jubilados por su aporte político al gobierno (caso militares y policías que se jubilan con el 100%), mientras el mismo gobierno es juez y parte cuando pretende administrar los fondos, siendo el mayor deudor”.

A solo dos años de la promulgación de esta nueva Ley,  la COB – a exigencia de sus bases- planteó en su Pliego Petitorio del mes de marzo la “Revisión de la Ley de Pensiones” y el “Ajuste de las rentas”. En un acta firmada el 29 de abril  el “Gobierno asume la decisión de revisar la Ley de Pensiones 065, para efecto la Comisión conformada entre el Ministerio de Economía y Finanzas y la COB, hasta el 19 de abril deben presentar un estudio de Revisión Técnica y Financiera de la Ley 065, Decretos Reglamentarios y de Rentas Bajas, Media y Altas, que resguarde su sostenibilidad”.

A inicio de mes de mayo, al no haber recibido ningún estudio, la COB declaró la Huelga General para el 6 de mayo, mientras funcionarios del gobierno  tildaron las demandas –sobre todo del sector minero asalariado-  de “chantajistas”.
Desde aquella fecha, centenares de miles de trabajadores se movilizaron en más de 35 puntos de bloqueo en todo el país, exigiendo la inmediata revisión de la Ley de Pensiones.

Después de una brutal represión, más de 50 detenidos, heridos y la criminalización hacia dirigentes sindicales; después  de  una feróz campaña mediática y permanentes acusaciones hacia la clase trabajadora, el gobierno tuvo que aceptar  la revisión de la Ley. En carta de 20 de mayo dirigida al dirigente Trujillo,  el Ministro Romero ofreció “insertar las modificaciones en un proyecto de modificación” y que para este objetivo se organizaría una Comisión de trabajo, que revisaría 35 artículos de la mencionada Ley.

La Comisión nunca funcionó de verdad. El tiempo pasó y a 3 meses de la última carta, apareció de repente el Convenio sobre las “modificaciones” a la Ley 065.

Al igual que en el año 2010 la Nueva Ley de Pensiones, los 38 artículos enrevisión, ni las modificaciones propuestas a la Ley, fueron consultados. No hubo esfuerzo alguno para concertar con las bases; simplemente no hubo debate, dejando sin rumbo y sin respuesta no solo a las inquietudes más sentidas de los miles de trabajadores en edad de jubilar que se ven afectados por los cálculos actuales de las AFPs, sino también de los más de un millón y medio de aportantes de hoy que  han puesto su esperanza en la nueva Ley 065 del “Sistema Integral de Pensiones”, transfiriendo mensualmente un 12.71% de sus sueldos a las AFPs (Jubilación: 10%, Riesgo común: 1,71%, Fondo Solidario: 0,5% y Comisión AFP 0,5%).

Después de 40  años de experiencia con el “Sistema de reparto” (desde 1956) y 14 años  de aplicación del Fondo de Capitalización Individual (FCI)  (desde1997),  cuyo autor fue el expresidente Sánchez de Lozada, se debe admitir que la nueva Ley de Pensiones del 2010 requiere de una revisión general, antes de implementar modificaciones superficiales que pronto desencadenarían nuevas luchas sociales. Todos estos temas requieren de una profunda reflexión, considerando los diferentes intereses y miradas.

A continuación ofrecemos una serie de datos provenientes de la  APS – Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros- que podrán ayudar en este camino por demás necesario a recorrer: De las “modificaciones” a una revisión general de la Ley de Fondo de Pensiones”.

 Cuadro 1. Recaudaciones de las AFP´s

Desde el año 1997 hasta fines de 2012las 2 AFP´srecaudaron más de 60.851 millones de bolivianos, es decir más de 8800 millones de dólares en los siguientes rubros:

10%      Aporte mensual para rente de vejez - FCI(aporte laboral) 39.010.900.000
3,42%   Riesgo Común y Riesgo Profesional (*)  13.347.300.000
3%        Fondo Solidario(aporte patronal)5.611.700.000
0,5%     Fondo Solidario (aporte laboral)931.500.000
0,5%     Gasto AFP:  (aporte laboral)1.950.000.000


TOTAL:                         60.851.400.000

   
(*)  1,71% aporte laboral y 1,71% aporte patronal
(Fuente: APS – Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros/fines 2012)

  • Este cuadro muestra la magnitud de los montos de dinero que manejan hasta el día de hoy las AFPs, de acuerdo a la legislación boliviana.
  • Son fondos millonarios donde el Estado no aporta como “Estado”, sino como empleador, mientras el trabajador aporta con un total de 12,71% y el empleador tan solo con el 1,71% para cubrir los gastos del “Rriesgo profesional”, aparte de aportar con un 3% destinado al Fondo Solidario.
  • El “Fondo Solidario” cuenta con un 3,5% de aporte, mientras las AFPs cobran un 0,5% por gastos administrativos.

Cuadro 2.  Recaudaciones acumuladas

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En este cuadro se puede observar los aportes de los trabajadores al Fondo de Capitalización Individual – FCI. Las recaudaciones acumuladas en 16 años llegan a 39010.900.000 de pesos bolivianos, es decir a más de 5600 millones de dólares. Ahorros de los trabajadores.


Cuadro 3. Número acumulado de asegurados

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Se observa un incremento promedio de unos 80 mil nuevos asegurados al año. El número absoluto de asegurados creció más durante los últimos años.

A fines del 2012 el total de aportantes llega a 1.567.986, lo que significa un incremento de casi  400% con respecto al año 1997; es decir que la cultura de los “aportes para la jubilación” ha cundido en la población asalariada, ya sea a partir de una voluntad libre e individual, ya sea a partir de una política impositiva reciente que exige la realización de dichos aportes.

 
Cuadro 4. Número acumulado de jubilados

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Los jubilados a fines del año 2012 llegan a 51.805; son los “beneficiados” con el nuevo sistema de jubilaciones. Falta un análisis cualitativo y testimonial para proyectar la inclusión de nuevos jubilados.

Cuadro 5 – Fondo Solidario

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 Surgen las preguntas:
¿Cuál es la distribución de estos fondos? ¿A quiénes benefician?

 Cuadro 6. Distribución por rango de ingreso

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Salta a la vista que alrededor del 54% recibe menos de Bs. 2200


Cuadro 7. Gasto en Riesgo común y riesgo profesional

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Este rubro requiere una particular atención, considerando que el monto acumulado hasta la fecha por ambos conceptos – riesgo común y riesgo profesional- llega a Bs. 13.347.300.000, resulta que los gastos solo alcanzaron a Bs. 438.750.267; es decir apenas una cuarta parte. Aquí la inquietud que compartimos con el analista Humerez es: ¿Dónde están los fondos restantes? (considerando que la APS no informa sobre este saldo en su página web).

Cuadro 8. Portafolio de inversiones

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El tema de las “inversiones” resulta por demás delicado, considerando que las AFP´s   transfirieron a la fecha al “Sector Estatal” más de 20.000 millones de pesos bolivianos (unos 3000 millones de dólares), lo que significa el 40% del total de las inversiones.

Por otra parte es el “Sector Privado” el que mayor cantidad recibe;  más de 30.000 millones de pesos bolivianos (algo más de 4000 millones de dólares), donde observamos además un mayor flujo hacia el sistema financiero (alrededor del 75%)

Cuadro 9: La rentabilidad del Fondo de Ahorro Previsional

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(Fuente APS, Ministerio de Economía y AFP)


Relacionada al “Portafolio de Inversiones” está la Rentabilidad del Fondo de Ahorro, ya que de su porcentaje depende la sostenibilidad de nuestros fondos. En este cuadro se observa una baja permanente, llegando incluso en el año 2013 a la cifra de 3,72%.

Finalmente: Todos estos temas deben ser tocados a mayor profundidad; además del “cálculo matemático actuarial” ylos certificados de compensación de aportes con montos miserables al usar la paridad de dólar (devaluado) como supuesto factor de mantenimiento de valor, en vez de calcular en función del Indice de Precios al Consumidor. También merece una revisión los alcances de una gestora de administración en manos del Estado. Es decir se impone una REVISION profunda y mesurada de toda la Ley, posibilitando la participación de los aportantes organizados, promoviendo además su presencia en diferentes niveles de toma de decisiones.

Los jubilados a fines del año 2012 llegan a 51.805; son los “beneficiados” con el nuevo sistema de jubilaciones. Falta un análisis cualitativo y testimonial para proyectar la inclusión de nuevos jubilados.

Cuadro 5 – Fondo Solidario

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