El 3 de noviembre dos patrulleros del 110 en Quillacollo violaron a una joven madre, delante de su hijo de dos años. Tras casi tres años del proceso de investigación la víctima no encuentra justicia. En torno esta investigación, además del retardo, existe la participación del abogado corrupto Jhasmany Torrico y que el violador lleva su defensa en libertad. Aquí hacemos un seguimiento a este caso.

Policías acusados de violación y defendidos por Jhasmany, a juicio

Opinión, 12 de agosto 2019

El caso ocurrió en 2015 y la víctima aseguró que fue vejada delante de su hijo. El abogado defensor de los uniformados declaró que pagó a los fiscales.

Dos policías, acusados de violar a una mujer, en presencia de su hijo de dos años, comparecerán el 6 de septiembre ante el Tribunal de Sentencia de Quillacollo. La defensa de la víctima tratará, por segunda vez, de que los uniformados, que fueron defendidos por el abogado Jhasmani T., entren a la cárcel

El drama de la mujer de 24 años comenzó el 3 de octubre de 2015. La joven que estudiaba parvulario en Infocal de Cochabamba, regresaba esa noche a su domicilio en Quillacollo, luego de pasar clases junto a su pequeño hijo

La mujer que ese día solo tenía unos pesos en el bolsillo, bajó del trufi en la avenida Blanco Galindo y debía ingresar un buen trecho a pie. En el camino fue interceptada por dos policías a bordo de una patrulla. Los uniformados, Oscar G. y Roger R. le pidieron sus documentos y al no presentarlos, la subieron al vehículo, asegurando que por su seguridad la llevarían a su casa

En lugar de llevarla a su domicilio se dirigieron a Vinto. La ubicaron en el asiento trasero del vehículo; Oscar G. fue a su lado

La manoseaba e intentaba besarla mientras su hijo y ella lloraban y gritaban. En cercanías de la granja modelo de Pairumani, Oscar G. la violó, mientras que Roger R. llevó al pequeño hijo a un rincón para que este no molestara

Luego del crimen, los uniformados la abandonaron en el lugar. La mujer llamó de su celular a una docente, quien fue en su búsqueda, pero no la encontró. Recién el 6 de octubre, la víctima realizó la denuncia formal ante el Ministerio Público, ya que según su abogado, Oscar Muñoz Muñoz, estaba encerrada en su domicilio por miedo

El examen forense no logró determinar una violación y la pericia psicológica tampoco

Sin embargo, Muñoz, presentó los extractos de llamadas telefónicas que comprobaban la ubicación de la víctima, el supuesto día de la violación y la llamada de auxilio a su docente. Además, en un desfile identificativo, la víctima reconoció a sus agresores.
Una vez en la audiencia de medidas cautelares, los uniformados fueron enviados a recintos penitenciarios distintos, pero solo permanecieron tres meses ya que el Tribunal de Sentencia determinó el sobreseimiento del caso

El abogado de Oscar G., quien fue investigado por violación, fue Jhasmany T. Mientras que Roger R. fue investigado por complicidad. Jhasmany T. presentó pruebas de que la denunciante tenía un novio taxista y que nunca hubo tal violación. Pero la víctima, a través de su abogado, aseguró que no tenía un novio y que la persona a la que se refería el abogado de los uniformados, ni siquiera era un conocido suyo

Los fiscales del caso, desestimaron el mismo y los policías salieron libres

Sin embargo, Muñoz presentó un Amparo Constitucional que fue considerado en 2017. Este recurso permitió que se fije fecha para un juicio oral que debía ser instalado el pasado 7 de agosto, pero que fue reprogramado para el 6 de septiembre de este año

Muñoz dijo que se espera que en esta oportunidad la Justicia obre conforme la Ley y que su cliente encuentre la paz que no pudo lograr en todos estos años.

ACOSO
La mujer logró terminar sus estudios en Infocal y al mismo tiempo tiene un puesto en La Cancha. Según el abogado, Oscar G. va constantemente al lugar, y aunque no cruza palabras con la víctima, la vigila como una forma de amedrentamiento

“La joven no logró superar el trauma de la violación y cuando ve a un uniformado escapa. Su hijo siente lo mismo y pese a los años transcurridos, aún se sienten temerosos”, mencionó.

JHASMANY T.
En la declaración ampliatoria del abogado Jhasmany T. ante el Ministerio Público por la conformación de un consorcio delictivo de jueces, fiscales y abogados, el denominado “abogado torturador” hizo referencia a este caso y contó que pagó a los fiscales para el sobreseimiento de Oscar G

“En el devenir del tiempo, se contacta conmigo la esposa del policía Oscar G. de Quillacollo. En una primera instancia estaba a cargo de este caso una fiscal, con quien hubo conflictos y luego se separa del caso (...) se pone en funcionamiento la fiscalía corporativa compuesta por tres fiscales y corriendo con semejante suerte, me apersono a hablar con una de las fiscales por el caso de este señor Oscar G. y analizar si realmente había o no pruebas para acusarlo o sobreseerlo. Se advierte que había la prueba suficiente para un sobreseimiento a favor de mi cliente, pero prematuro anticipar ese criterio y en todo caso ya no era la decisión de un solo fiscal, había que convencer a los tres”.
Continuó: “en ese norte, comienzo a entrevistarme con una de las fiscales , casi al final de al conclusión de al etapa preparatoria, mi persona y mis clientes sabíamos que el coimputado (Roger R. ), había cancelado 10.000 dólares a la denunciante , su abogado y su asesora para que no revoquen las medidas sustitutivas que el coimputado había ganado, entonces decidimos que había que darle plata a alguien por parte de Oscar G. y decidimos pagar a los tres fiscales 5.000 dólares a cada uno”, declaró el abogado ante el Ministerio. Según la declaración el pago se efectivizó a dos fiscales con el “atisbo” de un familiar del policía

“Con lo que la resolución del sobreseimiento es emitida, unas semanas después nos notificaron con la resolución”, finalizó

El representante del Defensor del Pueblo, Nelson Cox, mencionó que la víctima pidió el acompañamiento de esta entidad en el caso para el juicio oral de septiembre

Sobre las declaraciones de Jhasmany T., Cox aclaró que al tratarse de dos procesos diferentes, uno del caso consorcio y el otro de los policías, las declaraciones del abogado no influyen en el juicio oral

“Difícilmente se puede garantizar que no exista irregularidades en un juicio, pero la Defensoría estará presente para que se dé una resolución basada en las pruebas y elementos presentados en este caso”, concluyó.

DATOS
Hogar
La víctima se crió en una casa de acogida y pagaba sus estudios con recursos económicos que eran donados por “padrinos” de dicho albergue.

Uniformados
Se conoce que uno de los uniformados acusados ya no trabaja en la Verde Olivo, mientras que el segundo, continúa en funciones.

Corte Internacional
El abogado de la víctima, Oscar Muñoz Muñoz, señaló que en caso de no tener un resultado favorable en el juicio oral, acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que sea el Gobierno quien dé las explicaciones del caso.

Llamadas
El extracto de llamadas de la víctima coincide con la hora que asegura que llamó a su docente pidiendo auxilio, así como la ubicación de la llamada.
El abogado defensor de los policías alegó ante los fiscales que la llamada fue realizada desde otra parte de la ciudad.

Examen forense
El examen forense practicado a la víctima no logró concluir una violación, aunque sí indicios de lesiones.

Resistencia
La mujer alegó que no puso resistencia a la violación por temor a que los uniformados puedan dañar a su hijo. Los policías la habrían amenazado con matarlo si gritaba.

Después de más de tres años: Se definirá caso de joven madre violada por policía

Redacción, Somos Sur
5 de agosto de 2019

El hecho

El drama de la víctima empezó el 3 de noviembre de 2015 cuando al retornar a su domicilio desde su trabajo habría sido interceptada por una patrulla policial del 110 de Quillacollo (RPQ-6), con placa 3458-XCG, en el que iban los dos policías. La mujer -de condición humilde y estudiante apadrinada por una familia para estudiar en INFOCAL- ese día no contaba con más que una moneda de Bs. 1 para pagar la última ruta de transporte hacia su domicilio. Ya había tomado antes otro trufi hacia la plaza principal de Quillacollo, desde el barrio Manaco. Esa única moneda le permitía llegar sólo hasta un trecho de su ruta (Puente Rojo), por lo que tuvo que bajarse ahí del segundo transporte que había tomado. Eran las siete y media de la noche, aproximadamente.

Del patrullero se bajó Galindo que le pidió su carnet de identidad y el de su hijo para verificar supuestamente, si ella era la madre del menor. Como la madre no portaba su documentación le hicieron subir a la parte trasera de la patrulla para, supuestamente también,  llevarla a su domicilio por los documentos. La patrulla la llevó por otra ruta hacia Vinto, lejos de su domicilio. En ese trayecto  el policía Galindo la acosaba, interrogaba y revisaba su celular, mientras a la vez la manoseaba. Todo mientras su hijo se encontraba a lado de la madre. Ante el llanto de la madre y del niño, incluso, Galindo la habría amenazado con golpearla si no se callaba y hacia lo que le pedía. La patrulla al final se detuvo en inmediaciones del Rio Tiuturi, donde Galindo consumó la violación, después de que el cómplice Rodríguez le arrebató al niño de los brazos de su madre y dejara solo a su compañero para que consumara con tranquilidad el delito. La joven madre no opuso resistencia por temor a lo que le podría haber pasado a ella pero, principalmente, a su hijo que estaba en manos del otro policía.

Vea un video del noticiero ATB:  Detienen a dos policías acusados de violación y complicidad (9 de noviembre de 2015)

El proceso

En la pobreza y con el apoyo moral de un grupo reducido de amigos, entre las que se encontraban sus docentes, la madre siguió el proceso judicial con la ayuda de un abogado que por principio ético profesional tomó su caso.

Hoy se sabe que, en una primera instancia, el abogado del policía resultó ser el conocido abogado corrupto Jhasmani Torrico. El juicio en una primera etapa concluyó con el sobreseimiento de los acusados.

El abogado de la víctima impugnó el sobreseimiento por omisión de pruebas en el proceso como los informes periciales de extractos de llamadas que daban cuenta de que la víctima -cuando pidió auxilio- se encontraba en el lugar donde denunció el delito y que coincidía con la ubicación de los policías, lejos de su ruta designada.

Dos “pruebas” que la víctima y el abogado desmienten su veracidad serían la base para la resolución de sobreseimiento: el Dictamen pericial psicológico realizado a la víctima que desestima su propia declaración y el testimonio de un supuesto enamorado taxista de la víctima que habría declarado que se encontraba con ella cuando sucedieron los hechos. Todo cuando la víctima declaró no conocer al sujeto, ni tener enamorado alguno.

Este sobreseimiento habría sido impugnado por la parte acusatoria en más de una ocasión y de igual forma, en más de una ocasión, ratificada por distintos fiscales de turno. Hasta que se presentó un amparo Constitucional que salió favorable a la víctima el 11 de julio de 2017 y fue ratificado un mes después por la sentencia constitucional N. 879/2017-S2 del 21 de agosto y que hoy posibilita que el juicio continúe.

El desenlace

Diferentes testimonios desde la prensa que cubrió el hecho el 2015 daban cuenta de un hermetismo inusual en este caso. Galindo hoy enfrenta este proceso en libertad. Siendo que antes  una jueza dictaminó su prisión preventiva por “suficientes indicios de culpabilidad” y “riesgo de fuga”. El abogado de la víctima denuncia que gracias al sobreseimiento fiscal, los acusados fueron liberados el 30 de septiembre de 2016. Y al momento, aun existiendo una revocatoria al sobreseimiento, las fiscales en la materia no habrían reactivado las medidas cautelares de detención preventiva.

En un proceso disciplinario en las instituciones policiales el acusado Galindo fue dado de baja mientras que su compañero Rodríguez Quiroz, acusado de complicidad, seguiría hasta la fecha ejerciendo funciones.

En este caso antiguo, uno más en la lista de denuncias por violación, se denuncia desde la parte acusatoria un actuar parcializado y sin objetividad desde la fiscalía, aun cuando existirían las pruebas suficientes que respaldan la denuncia de la víctima, quien después de un largo peregrinar escuchará la resolución final a su caso en el juicio oral y público que se realizará este 7 de agosto en el Tribunal Sentencia de Quillacollo, número 1.