Pronunciamientos frente a la Ley Minera
Diferentes pronunciamientos expresan el descontento de las organizaciones sociales frente a la Ley de Minería denunciando las consecuencias por la aprobación de esta ley no consensuda.
Mesa de Diálogo: Efectos y alcances del proyecto de Ley de Minería y Metalurgia
La Paz, 2 de abril de 2014
Alrededor de treinta organizaciones sociales y civiles acordaron exigir al Gobierno la paralización de tratamiento del proyecto de Ley de Minería y Metalurgia, en tanto la misma no sea consensuada y socializada con todo el pueblo boliviano en su conjunto.
Así mismo, se declaró la urgencia del tratamiento y aprobación previos de las leyes de consulta y agua con todos los sectores sociales del país en un voto resolutivo emitido ayer en el marco del evento “Mesa de diálogo: Efectos y alcances del proyecto de ley de Minería y Metalurgia”
Descargue el Manifiesto de la Mesa Dialogo - La Paz, 02 de abril de 2014
Resolución del CONAMAQ frente al Proyecto de Ley Minera
Pronunciamiento del Bloque de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia
B .O .C .I.N .A .B .
Aguas contaminadas con mercurio por operaciones mineras en comunidades campesinas
El BLOQUE DE LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS E INDIGENAS DEL NORTE AMAZONICO DE BOLIVIA BOCINAB, que aglutina a las organizaciones campesinas e indígenas superiores como: Central indígena de la Región Amazónica de Bolivia CIRABO, Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Regional Madre de Dios FSUTCRMD, Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Vaca Diez FSUTCRVD, Federación Regional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias Vaca Diez-Bartolina Sisa FRMCIOVD-BS, Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonia de Pando CIPOAP, Capitanía Chacobo, Capitanía Pacaguara, TIMII, Capitanía Esse Ejja, Capitanía Cavineño, Federación Departamental de Mujeres Campesinas de Pando Bartolina Sisa FDMCP-BS, Central Sindical Única de trabajadores campesinos Guayaramerin CSUTCG, Organización Indígena Tacana OITA, Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Pando FSUTCP, frente al proyecto de Ley de Minería y Metalurgia, que atenta contra los derechos constitucionales de los pueblos indígenas y comunidades campesinas de todo el territorio nacional resuelve que:
Primero: La Ley de Minería y Metalurgia, es atentatoria contra los derechos de los Naciones y Pueblos Indígenas Originario Campesinos contemplados en la CPE, debido a que fue elaborada solo por algunos sectores reunidos en la denominada "comisión minera", en función a sus intereses sectoriales y privados, sin participación alguna de otros sectores importantes que seremos afectados por esta normativa, como el sector indígena originario campesino de la Amazonia boliviana.
Segundo: Mediante esta Ley existe una clara intensión del sector minero de convertir el territorio nacional en un área libre para la explotación minera, sin restricciones para el ingreso a nuestros territorios, TIOC's, parques nacionales, áreas protegidas y áreas forestales (art. 227), así como en lagos, cementerios, población urbana, lugares arqueológicos, esto viabilizado de manera irregular a través del "previo acuerdo" entre las partes (art. 93).
Tercero: Las facilidades jurídicas o preeminencia del derecho minero sobre otros derechos colectivos e individuales ya garantizados en nuestra Constitución Política del Estado, como la mencionada expropiación a favor del "titular de derecho minero", atenta los intereses colectivos e individuales (Art.107,108, 109).
Cuarta: Otorga el derecho de uso de agua de dominio público y privado existente en el área minera al "titular del derecho minero". El actor minero puede solicitar el cambio de uso de agua por necesidad justificada; se consigue con una simple resolución administrativa del AJAM (Art.111). Atentando claramente el Art. 373 parágrafo II de la CPE, donde indica "Los recursos hídricos en todos sus estados, superficiales y subterráneos, constituyen recursos finitos, vulnerables, estratégicos y cumplen una función social, cultural y ambiental. Estos recursos no podrán ser objeto de apropiaciones privadas y tanto ellos como sus servicios no serán concesionados y están sujetos a un régimen de licencias, registros y autorizaciones conforme a Ley".
Quinta: La Consulta Previa, Libre e Informada, mediante esta Ley se aplica de manera interesada y arbitraria, desconociendo los principios de una Consulta, previa, libre informada y de buena fe, consagrados en la CPE y los Tratados Internacionales. Se pretende llevar a cabo procesos de CPLI solo con la población (comunidad) a ser afectada por la explotación minera, reduciéndola a tres reuniones para llegar a acuerdos, solo con el/la representante de la comunidad, sin tomar en cuenta las instancias orgánicas mediante las cuales se administran y regulan las actividades en los territorios Indígenas Originarios Campesinos.
Sexta: Con la aprobación de esta Ley se atenta el derecho a la protesta y defensa del territorio, sobreponiendo el interés privado sobre el derecho colectivo a la Tierra y los recursos naturales, empleando la fuerza pública y procesos judiciales a quienes se opongan o quieran impedir actividades de explotación minera o quieran suspender las mismas.
Séptima: Las comunidades y pueblos indígenas que sufrimos el deterioro del medio ambiente, el agua y el saqueo de nuestros recursos mineralógicos, no vemos que las regalías y los impuestos que provienen de la explotación de estos recursos sean retribuidas a nuestras comunidades para su desarrollo integral, y en este proyecto de Ley poco o nada se incorpora esta demanda de las comunidades campesinas e indígenas que directa o indirectamente somos afectadas por la explotación minera. ni- Por tanto el BOCINAB en pleno, expresa su total rechazo a este proyecto de Ley de Minería y Metalurgia por ir en contra de los derechos de las Naciones y Pueblos Indígenas Originario Campesinos, a la libre determinación, territorio, autogobierno y consulta previa, libre e informada. Las organizaciones campesinas e indígenas del norte amazónico de Bolivia aglutinadas en el BOCINAB exigimos el respeto de los Derechos de la Madre tierra, bosques, recursos hídricos y biodiversidad existentes en nuestros territorios.
Es dado en el Encuentro del BOCINAB, Riberalta 28 de Marzo de 2014
Organizaciones sociales ligadas al gobierno cuestionan la actitud de cooperativistas, aunque mantienen silencio en torno a otros puntos cuestionados (referente a los impuestos, uso del agua e impacto ambienal) por indígenas campesinos y académicos que hace tiempo exigen un debate y revisión profunda de la Ley.
Pronunciamiento de la COB y CONALCAM respecto al conflicto de la Ley Minera
La Central Obrera Boliviana (COB) y sus entidades afiliadas, junto a la Coordinadora Nacional por el Cambio (CONALCAM) que aglutina a organizaciones sociales del campo y la ciudad, ante el actual conflicto originado en el proceso de aprobación de una nueva ley minera, nos pronunciamos abiertamente con los siguientes puntos:
1) La pretensión del sector cooperativo de que en la nueva ley se autoricen contratos entre las cooperativas mineras y empresas capitalistas nacionales y extranjeras, sólo llevará a la enajenación y desnacionalización de nuestras riquezas mineras. Esto es inaceptable y pone en riesgo la soberanía económica de Bolivia.
2) Es necesario contar con una nueva ley minera que reemplace al viejo Código de Minería aprobado durante la época neoliberal, pero la nueva ley minera debe tener contenido nacionalizador y debe ser el resultado de un consenso entre los actores productivos mineros con la abierta participación de los sectores sociales, ya que la misma Constitución Política del Estado indica que las riquezas mineras son propiedad y dominio del pueblo boliviano a través del Estado.
3) Para lograr esto acogemos favorablemente la propuesta de suspender el tratamiento de la nueva ley minera porque el proyecto que está discutiendo la Asamblea Legislativa Plurinacional contiene artículos inconstitucionales. Pero ahora se debe abrir un nuevo proceso de construcción de la ley minera que permita la participación del pueblo en su conjunto, considerando sobre todo el respeto a la Constitución Política del Estado, así como los derechos de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre, informada y de buena fe.
4) Rechazamos las medidas de fuerza dispuestas por el sector cooperativista minero, en su afán de hacer aprobar una ley minera que contiene artículos inconstitucionales que sólo benefician a su interés sectorial pero dañan el interés general de Bolivia.
5) Condenamos enérgicamente las declaraciones desetabilizadoras de algunos dirigentes cooperativistas mineros que han indicado que “a este gobierno lo subimos nosotros y nosotros también lo bajaremos”. Estas declaraciones muestran un afán político de la actual movilización que le hace el juego a la derecha y al imperio.
6) Apoyamos absolutamente y defenderemos el proceso de cambio y al presidente Evo Morales, frente a cualquier afán desestabilizador, venga de donde venga, asimismo ratificamos que defenderemos de manera intransigente los recursos naturales que son del pueblo boliviano.
7) Nos solidarizamos con las familias de quienes han perdido la vida o han resultado heridos entre los compañeros cooperativistas y los hermanos policías.
8) Ratificamos nuestro compromiso con la unidad e integridad del país rechanzado cualquier forma de confrontación y reafirmamos que ninguna alianza puede estar por encima de los intereses de la Patria.
9) Exigimos se levanten todas las medidas de presión por parte del sector cooperativista minero, y pedimos que acudan al dialogo sincero, sin condicionamientos y sin chantajes primando por sobre todo los intereses del pueblo boliviano.
La Paz, 1 de abril de 2014