Somos Sur

Reflexiones “Crudas” sobre el DS748

Redacción y compilación: Maria Lohman

Ediciones SOMOS SUR

Enero 2011

­­­­­­­­­­­­Cochabamba, Bolivia

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(también disponible en versión digital a sólo Bs. 5; porfavor lláme a  Telf. (591 4) 4247558

INDICE

A MANERA DE INTRODUCCION

1.    “DS748”: El Decreto que hizo temblar al país

2.    Bolivia país productor de hidrocarburos

3.     Los interesados en la “nivelación” de precios

4.    El “contrabando”; ¿Principal problema?

5.     Sobre el falso concepto “obedecer a quien manda”

6.     Reflexiones para abrir nuevos senderos

ANEXOS

Anexo 1.  Decreto Supremo 748

Anexo 2. Villegas: Aumento de sueldos en YPFB

Anexo 3. Reflexiones de varios analistas

Anexo 4. Reacciones y Propuestas de Organizaciones Sociales

Enrique Mariaca (+)

“El proceso del referéndum con 5 preguntas  fue hecho para beneficiar indirectamente a las transnacionales. De esta manera se redactó una nueva Ley de Hidrocarburos, Nº 3058 que habla de un modelo de operaciones con una serie de anexos, donde mañosamente se ha trabajado para auxiliar a las transnacionales petroleras que operan en Bolivia.

Hasta el día de hoy, a la cabeza de YPFB se ha puesto a Presidentes provisorios, inexpertos o personas sin la trayectoria y conocimiento suficiente como para defender los intereses del país.

Está claro que el Estado boliviano debe asumir toda la producción”.

A MANERA DE INTRODUCCIÓN

Después del 26 de diciembre de 2010, Bolivia no es la misma.

Tod@s lo sabemos y hoy tratamos de entender por qué pasó lo que pasó con el DS 748 lanzado aquel día de fin de año por el vicepresidente del Estado Plurinacional, subiendo la gasolina y el diesel casi al doble del precio, causando tal impacto en la población que - en menos de una semana- el presidente Evo Morales tuvo que abrogar el mismo bajo el lema “mandar obedeciendo”, evitando de esta manera una verdadera convulsión social.

Pero, extrañamente, a los pocos días de la abrogación, el gobierno inició una campaña de socialización de la medida a nivel nacional, bajo el lema “Gasolinazo No, nivelación de carburantes sí”, indicando que “…Bolivia se está desangrando, que tiene una herida que irá creciendo si no se elimina la subvención a los hidrocarburos”. Hoy por hoy nos hablan que  “la medida estaba bien; lo que estaba mal era la forma”.

En medio de estos nuevos discursos surgió un alza generalizado de precios, impulsado por quienes aprovechan -como siempre- la confusión; la misma confusión que se va extendiendo en los diferentes sectores sociales del país.

Parece que esa palabra mágica “DS748” hoy nos divide en dos grupos: los que están a favor y los que están en contra de la medida. Lo difícil de entender es que los dos grandes bloques están extrañamente compuestos, ya que unen a “opuestos”  y enfrentan a “iguales”.

• los que apoyan el D.S. 0748; ahí están las autoridades del gobierno y dirigentes de algunas organizaciones sociales matrices afines al MAS, junto a sectores empresariales ligados a las transnacionales -como la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía, la CHB- y una mayoría de los medios de comunicación  escritos y radiales de la oposición.

• los que se oponen al D.S. 0748; la gran mayoría de los pobladores de las ciudades y del campo, sectores sindicales (maestros, mineros,  cocaleros y fabriles) y organizaciones barriales y políticas que rechazan de frente el Decreto por “neoliberal” y por ser “causante de mayor pobreza”, junto a transportistas y sectores empresariales preocupados expresamente por la subida del diesel; los que no quieren que se les afecte un solo milímetro en sus intereses.

Extraña mezcla de intereses y posiciones que podría llegar a mayores confrontaciones si no paramos un momento para informarnos y reflexionar más profundamente.

El texto “Reflexiones CRUDAS sobre el DS748” es un aporte del Colectivo Somos Sur para esclarecer este panorama confuso y abrir un debate transparente y verdaderamente democrático sobre la temática del manejo soberano de los recursos naturales.

Aquí reproducimos datos y cifras oficiales, aportes de organizaciones y analistas, resúmenes de documentos importantes, entrelazados todos ellos con una mirada –cruda por cierto- de nuestro Colectivo.

Finalmente, queremos expresar que el contenido de este texto refleja una mirada comprometida con un proceso de verdadera nacionalización de la empresa hidrocarburífera YPFB, hoy por hoy presa de políticas y decretos en función de las transnacionales.  

En este sentido, nos sumaremos a toda Campaña de Socialización que busca revertir esa cruda realidad  de dependencia.

1.     “DS748”:  EL DECRETO QUE HIZO TEMBLAR AL PAÍS

Mientras el presidente Evo Morales se encontraba en Venezuela, le tocó al vicepresidente Álvaro García Linera lanzar  -a un día de la Navidad- el controversial  Decreto Supremo 748.

El Decreto Supremo fijó nuevas tarifas para 9 derivados de petróleo, como ser  la gasolina especial, la gasolina prémium y el diesel oil.

La medida significaba un incremento de precios en los combustibles entre 57 y 83%  -casi el doble- con que se afectaba inmediatamente a los bolsillos de la gente.  Y mientras el gobierno se esforzaba en justificar la medida “en contra del contrabando y la subvención”, en las calles se vivía una situación confusa y caótica; peleas por centavos en los precios del transporte y los víveres. Hay quienes especulaban hasta en un 100%  y quienes se mostraban  solidarios con el gobierno,  incrementando “sólo” un 20%. La situación iba a empeorar a partir del nuevo año.

Ni las medidas complementarias - DS 749, 750, 751 y 758- podían convencer a la población:

• Incremento salarial y programas de reactivación económica aumento de bonos y rentas.
  
  
• Incremento del salario mínimo  a 814 bolivianos (unos 120 dólares) y un Aumento salarial del 20 por ciento para las Fuerzas Armadas, Policía, Educación y Salud. (Los demás empleados estatales recibirán el próximo año un salario adicional consistente en un aguinaldo que será pagado en diciembre del próximo año, con excepción del Presidente y Vicepresidente del Estado y los Ministros).
  
  
• Generación de programas que generen fuentes de empleo.
  
  
• Puesta en marcha de programas crediticios para los artesanos y gremiales.
  
  
• “Congelamiento” de los precios de las tarifas de servicios básicos como el agua potable, luz eléctrica y la telefonía “para beneficiar a los usuarios”.

Pese a estas ofertas, la población reaccionó con actos y amenazas de protesta que iban en aumento.

Pues,  a fines de 2010 vivimos una semana de creciente tensión, que  sólo se pudo parar con el anuncio de la “Abrogación” por parte del mismo  presidente Evo Morales, horas antes del cambio del año.  



¿Cuáles son los argumentos del gobierno para aplicar (y seguir aplicando)  el DS748?

Pues, se utiliza(ba) diversos argumentos y necesitamos conocerlos para enriquecer nuestras “reflexiones crudas”, tomando en cuenta que después de la “abrogación” se inició una nueva campaña de socialización  para “aprobar la medida”.

•    “NIVELACION” de precios

El  gobierno alertó que  los precios del diesel y de la gasolina en Bolivia son los más baratos de toda la región.
Se informó que en Chile el litro de gasolina está en 9,36 bolivianos, en Brasil en 10,13 y en Perú 7,28.  Mientras en Bolivia el precio esta(ba) en 3,74 bolivianos.

El Decreto 748  indica:

“…Bolivia es un país importador continuo de diesel oil y ocasional de gasolina y otros carburantes, por lo que es necesario que los precios de estos productos reflejen sus costos de importación”.

Es decir que los precios de la gasolina y el diesel dentro de Bolivia tendrían que estar al nivel de los precios internacionales. “Hay que nivelar”, nos decían. “Si hoy el barril de petróleo está en 27 dólares, con el DS748 subirá a 57”.

Extrañamente no se hablaba de los precios actuales de la gasolina en el mercado interno en Venezuela y Ecuador (países productores de hidrocarburos), que apenas llegan a Bs 0,50 y Bs. 2 el litro respectivamente.

Para justificar el incremento de precios el DS748 hablaba también del contrabando.

•    CONTRABANDO

El gobierno informa que Bolivia gastó este año 150 millones de dólares y que para eliminar el contrabando la única medida eficaz sería “nivelar los precios”.

Pues, las explicaciones y las cifras parecen por demás convincentes.

Pero el momento en que la medida DS748 y el alza de los precios de carburantes MULTIPLICA su impacto en el transporte, luego en los productos nacionales y en los productos importados… ningún bolsillo, ningún discurso ya aguanta.

Será necesario hacer un análisis más allá del bolsillo, para poder romper esa dependencia de “precios internacionales” y de imposiciones de políticas que en el fondo favorecen a las empresas transnacionales, aunque muchos nos preguntamos: ¿Cómo afecta  a las  transnacionales, si nos dicen que “la medida en el fondo es buena”?

2.    BOLIVIA PAÍS PRODUCTOR DE HIDROCARBUROS

Una primera constatación -y que no está demás repetir- es que los conflictos en torno al precio del “barril de petróleo” que estos días se dan en Bolivia, se dan en un país rico en hidrocarburos, donde sólo se ha explorado y explotado el 6% de las tierras con potencial en petróleo y gas, que es más o menos la mitad de su extensión.

Bolivia, hasta la fecha, produce principalmente gas, pero también es productor de petróleo crudo, aunque de menor importancia, con un promedio de casi 17 millones de  barriles  de petróleo por año, que hasta 2005 cubrió la demanda interna. Se trata de un petróleo liviano que es procesado en las 3 refinerías del país para abastecer básicamente la demanda de gasolina, diesel, kerosén y otros derivados.

Pese a esta situación y pese al proceso de cambio, extrañamente en los últimos años, la producción nacional de gasolina y diesel no ha sido suficiente para cubrir la creciente demanda interna, por lo que Bolivia hoy importa anualmente por un valor de 660 millones de dólares en crudo: diesel y gasolina.

¡Qué tal contradicción que vive nuestro  país, productor de hidrocarburos!

Hoy por hoy ni YPFB “nacionalizada” -que hasta la fecha quedó reducida a un ente meramente burocrático, “descentralizado” o descuartizado - ni  las empresas petroleras transnacionales que firmaron 44 contratos con el gobierno boliviano y que contractualmente deberían invertir no sólo en explotación, sino también en exploración, no llegan a cubrir las necesidades energéticas del país.

Aunque hay mucho discurso, en la práctica estas empresas sólo invierten en la producción (saqueo) del gas, para cubrir los cupos  comprometidos con Brasil y Argentina, a precios que les otorga amplios márgenes de ganancia,  más atractivos que el reducido mercado interno de producción de gasolina y diesel.

Es la “cruda” verdad y no debemos olvidar esta realidad: Bolivia tiene inmensas riquezas hidrocarburíferas que requieren ser trabajadas por YPFB, por los bolivianos y para los bolivianos.

La falta de interés en nuestro crudo por el mercado interno reducido y sobre todo por el precio “subvencionado” han hecho que las empresas petroleras desde hace 5 años no realicen  ninguna labor en prospección y exploración, mientras Bolivia cuenta con un stock de “reservas probadas” de petróleo crudo que podría satisfacer las demandas nacionales durante varias décadas.  (Según datos oficiales las “reservas comprobadas” de petróleo llegan en el año 2010 a 465 millones de barriles).

Todo argumento sobre la falta de reservas de petróleo expresa solamente intereses particulares para manejar nuestros recursos.

En este marco es importante conocer el anuncio del gobierno estos días acerca de una inversión de 1.751 millones de dólares en 2011 por parte de YPFB Corporación,  “priorizando las tareas de exploración de gas y petróleo”.

Falta saber en qué medida este anuncio quede en el aire, conociendo que en la práctica son las transnacionales quienes controlan toda  la cadena de producción y comercialización hidrocarburífera.

Lo que conocemos es que YPFB, hasta la fecha, no se encarga de ningún aspecto operativo y no está previsto que lo haga en los próximos 4 a 5 años, con lo que las transnacionales siguen dictando sus planes y las importaciones continuarían en la medida que no se implemente un verdadero Plan Energético Nacional.

3.    LOS INTERESADOS EN LA “NIVELACIÓN” DE PRECIOS

Las transnacionales petroleras, desde su  Cámara “Boliviana” de Hidrocarburos – CBH,   desde hace tiempo  indicaron que no les interesaba hacer prospección en petróleo crudo, por  “falta de incentivos”, mejor dicho por falta de un mayor margen de ganancias.

Entre las petroleras que tienen importante presencia en Bolivia están Repsol YPF, Petrobras Energía, Petrobras Bolivia, Total E&P Bolivie, BG Bolivia Corporation, Dong Won Corp. Bolivia, PanAmerican Energy E&P Bolivia, Mobil Bolivia de Petróleos, Pluspetrol, Vintage, Petrolex y Tecpetrol.

Al respecto el periódico La Razón del 23 de diciembre publicó una nota –“Inversión de privadas en exploración aguarda ley”-  con declaraciones del presidente de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE), Carlos Delius:

• “…para la participación privada en exploración se necesita la nueva ley (de hidrocarburos) y crear condiciones que permitan hacer atractiva nuevamente la exploración en Bolivia”.
  
  
• “… la viabilización de los contratos de operación que expanden la producción hidrocarburífera a través de la aceleración de la toma de decisiones entre el Gobierno y las empresas petroleras privadas, así como la identificación precisa “de los roles” que cumplen ambos sectores.
  
  
• “Lo que no queremos es otra traba más del Gobierno para que el sector pueda seguir trabajando”.

Amenazas abiertas a un país que en octubre de 2003 dijo BASTA a la imposición de las empresas transnacionales que saquearon el país; “paraíso” para los inversionistas extranjeros

Lamentablemente el  gobierno, antes de denunciar la imposición de estas nuevas condiciones políticas y económicas  y antes de hacer cumplir los 44 contratos que EXIGEN planes anuales de inversión en exploración, decidió  - en medio de un ambiente festivo de fin de año- imponer al pueblo boliviano un Decreto Supremo  que “nivele” los precios internos de los combustibles al “mercado inter-nacional”…

Es decir, se incrementa una vez más las ganancias de las empresas petroleras que operan en el país (sobre todo de Petrobras y REPSOL) que en la práctica siguen manejando toda la cadena productiva y de comercialización de los hidrocarburos, favoreciendo a su vez a unos  220 burócratas  de YPFB  que reciben mensualmente  sueldos hasta 58.000 bolivianos.

Recordemos  que Sánchez de Lozada en su afán de capitalizar/privatizar el sector, decretó la liberación de los precios de los hidrocarburos, poniéndolos al nivel del mercado internacional. Esta medida beneficiosa para las transnacionales – entre otras-  le costó el destierro por la férrea oposición de la gente.

Con este antecedente, su sucesor -Carlos D. Mesa-  tuvo que decretar la “subvención” de los precios del crudo, fijando un máximo de Bs. 3,7 (aproximadamente medio dólar) el litro de gasolina, lo que significa un tope de 27 dólares el barril.

Todos sabemos que el precio del barril a nivel internacional subió en forma desmedida, llegando a 150 dólares el barril, mientras el COSTO DE PRODUCCION de un barril de petróleo oscila entre 2 dólares  (Arabia Saudita) y 15 dólares (Estados Unidos). (En Bolivia se estima un costo menor a 8 dólares por barril de petróleo).

Capitales financieros y de especulación rondan el mundo y nos hacen creer que debemos estar en los márgenes de los “precios internacionales” para “no quedar atrás”, nivelando nuestros precios con los precios de Argentina, Europa, Estados Unidos…

Ahí  está una de las  causas principales que motivaron al gobierno nacional a emitir el último D.S. 0748, días antes de Año Nuevo, sin debate nacional, sin más ni menos, aumentando en más de 75% los precios de la gasolina y el diesel en el mercado interno, para “nivelarnos”… con el resto del mundo.

Chau subvención. ¡Que viva la “nivelación”!; triste célebre medida con tufillo a “neoliberal” y 21060, cuando los sueldos no son nivelados a los niveles “internacionales” (hablamos de un incremento de más de 75%, que empieza a mostrar sus primeros efectos en la canasta familiar). Todo sube y subirá, por lo menos en un 20%, como anunció el vicepresidente, mientras los analistas hablan de hasta 100% de incremento en algunos precios… Y lo que nos espera.

Una medida que beneficiará por cierto a las empresas petroleras que recibirán mayores ganancias por la venta del crudo, cuyo precio por barril ahora es fijado en 90 dólares, con la posibilidad de incrementarse, según indica el Ministro de Economía y Finanzas Catacora.

4.    EL “CONTRABANDO”; ¿PRINCIPAL PROBLEMA?

La importación subvencionada de gasolina y diesel para cubrir una mayor demanda interna fomentó el crecimiento acelerado y descontrolado del contrabando de dichos combustibles, con millonarias pérdidas para el país.

Es un hecho que “moros y cristianos” se pelean un espacio para comprar  gasolina y diesel “barato” en el país para vender en países vecinos en el doble. Se habla de una pérdida de más de 150 millones de dólares por año.

Parece ser que el D.S. 0748 con su “nivelación de precios” estaría atacando este problema, ya que se quitaría el incentivo a los contrabandistas. Al respecto nos explicó el vicepresidente:

Suena aceptable, usar los 150 millones de dólares en programas de empleo y en otros campos de interés de la gente, pero qué pasa con el grueso de la población cuando ya se siente los impactos concretos del Decreto, la subida descontrolada de los precios.  Aumentará el hambre y la miseria y antes de implementar una verdadera nacionalización con participación plena de YPFB se dará continuidad a algunos paliativos que justifican los nutridos sueldos de unos burócratas, antes de desarrollar  - “bolivianizar”- este campo tan importante para el futuro del  país.

Esta medida, de golpe o de a poco, afectará a la gran mayoría de la población de desempleados y empleados. Mientras el gran sector “informal” NO recibirá ningún incremento salarial, los empleados en el sector formal no recibirán un incremento salarial similar al incremento de los precios. Ambos sectores sufrirán impactos muy fuertes en la canasta familiar (que sólo en el mes de febrero -según el ministro Catacora-  será atendida con un posible “incremento de un 7%" (inflación promedio del 2010 (!).

Y algo más. Contrabando hubo, hay y habrá siempre, en todo los países del planeta. En este sistema económico competitivo, siempre  hay algún país que vende un producto en menor precio que otro, fomentando el contrabando. Bolivia cuenta hoy por hoy con un sistema totalmente ineficiente en sus fronteras.  El Control Operativo Aduanero (COA) cuenta  con alrededor de 120 efectivos para cubrir toda la línea fronteriza que tiene Bolivia con los países vecinos, como Brasil, Perú, Argentina, Chile y Paraguay.  Sólo 120 efectivos. Al respecto el Ministro de Economía indica que “…se evalúa la implementación de 130 nuevos efectivos al COA, además de más de 200 ítems para ampliar el número de funcionarios administrativos en la Aduana”.  (¿Será suficiente?)

5. SOBRE EL FALSO CONCEPTO:  “OBEDECER  A QUIEN MANDA”

En el nuevo silencio post-“gasolinazo” aparecen no sólo nuevas voces que enarbolan la medida, como “buena, pero no lanzada oportunamente”, indicando que sólo se erró  en la FORMA de lanzar el Decreto, pero que el contenido estaba bien, como también voces que justifican  filosóficamente y socialmente la imposición de cualquier medida que viene desde un “mandatario”, indicando que el pueblo debe “obedecer a quien manda”…

El concepto “obedecer a quien manda” es un concepto equivocado,  en sentido de que ahí aparecería un sujeto, sea un líder o  partido, que representa la “verdad revolucionaria” y el pueblo tiene que obedecer.

Ahora, si el que manda es el pueblo, según la clásica definición de democracia y las palabras de Evo horas antes de concluir el año,  debería estar expresado siempre en un DEBATE DEMOCRATICO  con diferentes posiciones (porque no existe un pueblo homogéneo), incluso con la posibilidad de oponerse a las medidas del poder establecido. Sin eso no hay DEMOCRACIA.

Pues, la democracia burguesa reduce el mandato popular a VOTAR cada 4 a 5 años, pero el concepto más profundo de democracia, desde el punto de vista del movimiento popular es otro. En este sentido los acontecimientos de octubre del 2003 sí se podrían calificar como uno de los movimientos más democráticos de Bolivia porque fue el PUEBLO que impuso su mandato de derrocar a un presidente que gobernaba contra la voluntad popular.

El concepto de obedecer a quien manda sólo sirve para las instituciones militares, y aún ahí hay que poner límites muy precisos, que no deben cumplirse órdenes contra los derechos humanos.

Pero dentro del Estado el concepto “obedecer a quien manda” es dictatorial, bonapartista o, en el mejor de los casos, de una democracia formal que practica la burguesía. Pero nunca tiene que ver con una democracia de contenido, donde el pueblo sea el que manda y no decretos inconsultos de un mandatario.

Desde el campo supuestamente “progresista”, “obedecer a quien manda” sería acatar las órdenes del líder que “representa” al pueblo y al “proceso de cambio”. Pero el pueblo, como ya dijimos, es diverso y tiene su propio raciocinio y formas de manifestarse. Y el “proceso de cambio” no es propiedad registrada de ninguna persona ni partido, sino de ese pueblo diverso que se rebeló contra el modelo neoliberal  durante muchos años y específicamente entre los años 2000 y 2005.  

Es así que en un concepto más profundo de democracia, el pueblo es el que debe poder opinar, debatir y decidir las políticas fundamentales del Estado. Y esto no puede quedar reducido a una formalidad. Indudablemente el gobierno del MAS fue electo por una mayoría inédita en la historia de Bolivia. Pero esto no le quita sus derechos al pueblo llano, a los campesinos, indígenas, obreros y pobres urbanos, que fueron los que le dieron su voto casi unánime, a cuestionar políticas e incluso a cuestionar ciertos gobernantes si entienden que el mandato dado ha sido traicionado o tergiversado.

Nadie, ni persona dirigente, ni partido, se pueden arrogar ser el dueño de la voluntad popular.

El pueblo no firma cheques en blanco.

6.    REFLEXIONES PARA ABRIR NUEVOS SENDEROS

La madurez de la conciencia popular se expresa en una idea simple: Los hidrocarburos son del pueblo boliviano y deben servir para apuntalar al desarrollo de Bolivia y no para “incentivar” a las transnacionales.

Hoy por hoy aplicar el 748  “de a poco” es como darnos el veneno “de a poco”. Siempre será nefasto para Bolivia llevar el precio de los hidrocarburos donde reina la especulación mundial de las petroleras transnacionales.  

Lo que hace falta es concretar la verdadera nacionalización, con YPFB, con funcionarios capaces y verdadero control popular en base a información veraz; produciendo gas, gasolina, diesel y otros derivados, para utilizarlos en primer lugar para el desarrollo de Bolivia. Este fue el mandato del pueblo del 2003, reiterado en diciembre del 2010.  

Finalmente, cualquier reflexión filosófica sobre “..obedecer a quien manda” distrae la atención y hace coro a la campaña para reposicionar el DS 0748.

Debemos ver el bosque en medio de tantos arboles, medidas y pugnas internos por intereses específicos.

En la práctica el DS 0748 responde a otra medida distractiva más en el marco de la "nacionalización" del gobierno de Evo Morales que consistió principalmente en aumentar la parte correspondiente al Estado hasta el 51% de acciones y reducir las utilidades de las transnacionales petroleras hasta aproximadamente el 20%. Hasta el momento la estatal YPFB no ha podido transformarse en empresa operadora y productiva del energético, por lo tanto las trasnacionales no han perdido su condición de productores y se le siguió pagando la diferencia entre el precio fijado para el mercado interno 27,11 dólares y el precio internacional.

Con el DS. 748 se vuelve a la situación impuesta al país con Sánchez de Lozada, causando una verdadera ruptura en el "proceso de cambio", con la salvedad de mantener el precio del GLP (las garrafas de gas de uso doméstico) y el gas natural licuado congelados y sin ningún cambio, porque en realidad se estaría FAVORECIENDO a las empresas transnacionales que hoy por hoy NO ESTÁN cumpliendo con las cláusulas de sus contratos (44) con el Estado boliviano, que establecen que deben realizar prospecciones y exploraciones tanto de gas como PETRÓLEO.

Lo habitual en los países productores es que el precio del petróleo y sus derivados no se sujetan al precio internacional, sino a los factores de producción local con un margen razonable de utilidades y ello es con el fin de proteger las capacidades productivas y competitivas de la economía nacional, como proteger las economías de la población menos favorecida.
De este modo en países como Arabia Saudita, Venezuela, Ecuador, entre otros, los precios del energético en sus mercados locales son los más bajos del mundo.

Y mientras YPFB no asume su obligación de desarrollar obras de prospección y exploración, seguirá siendo un cascarón burocrático. Aunque en la parte discursiva oficial se jacta de su control de toda la cadena productiva, estas últimas medidas gubernamentales indican todo lo contrario: Las transnacionales petroleras, en los hechos, siguen controlando la cadena productiva y como consecuencia la mayoría de la población boliviana ha de sufrir las secuelas.

Se impone un verdadero cambio de timón. ¿Hasta qué punto un simple cambio de ministro ayudará en esta tarea? Tarea que no es imposible, considerando que en el planeta 80% de la producción petrolera está en manos de los Estados y que países como Vietnam, destruido por la guerra que sufrió, hoy presta servicios – incluso a Bolivia – bajo el nombre Petro-Vietnam.

YPFB estatal, impulsor de toda la cadena hidrocarburífera,   es la única alternativa para asegurar un abastecimiento al mercado interno, para asegurar mayores ganancias y para ofrecer trabajos dignos a nuestros hijos.  

En los Anexos  3 y 4 conoceremos otras miradas y propuestas que apuntan en esta línea.

ANEXO 1

DECRETO SUPREMO N° 0748

ANEXO 2

Aumento de sueldos en YPFB

“Cristian Inchauste asume Presidencia de YPFB Transporte”,
5 de Agosto de 2010

(Ver http://www.fmbolivia.com.bo/noticia33057-cristian-inchauste-asume-presidencia-de-ypfb-transporte.html)

El Directorio de YPFB Corporación aprobó el 15 de julio del presente año la resolución N° 39/2010, mediante la cual modifica las escalas salariales de las empresas subsidiarias y afiliadas de la estatal petrolera.

La normativa que entró en vigencia desde el 1 de agosto, dispone la modificación de la remuneración máxima para los ejecutivos de las subsidiarias y afiliadas a YPFB de acuerdo a los siguientes niveles:

• Para las empresasYPFB Chaco S.A. y YPFB Andina S.A., un salario de hasta Bs 55.000 para el primer nivel jerárquico; Bs 50.000 para el segundo nivel y Bs 45.000 para el tercer nivel.

• Para las empresasYPFB Transporte S.A. y Gas Trans Boliviano, se dispuso  un salario máximo de hasta Bs 47.000 para el primer nivel jerárquico; Bs 42.000 para el segundo nivel y Bs 37.000 para el tercer nivel.

• La modificación de la remuneración máxima también alcanza a los ejecutivos deYPFB Logística S.A. y YPFB Aviación S.A. El primer nivel jerárquico ganará un salario máximo de hasta Bs 30.000 y Bs 25.000 será para el segundo nivel.

ANEXO 3

Aportes de varios analistas

Reflexiones, de  Raúl Prada (extractos)

El “gasolinazo” beneficiaba a los agro-industriales de Sta. Cruz, de Enrique Ormachea

Reflexiones (extractos)

Raúl Prada,
Ex viceministro de Planificación del gobierno del MAS

Me llama la atención que con este síntoma, la medida tomada, se demuestre y manifieste que no hayamos salido de la lógica neoliberal. Se trata de una medida desarrollada en el más claro razonamiento macroeconómico; no se trata de otra cosa que de mantener el equilibrio macroeconómico.

MEDIDA ESTRUCTURALMENTE PARECIDA A LA DEL 21060

Suspender las subvenciones estatales, equilibrar los indicadores macroeconómicos, garantizar el recaudo del Tesoro General del Estado. Aunque no mencionan a las leyes del mercado, a dejar los precios al juego de la oferta y la demanda, de todas maneras el análisis que se hace y la argumentación que se utiliza es una consideración de la diferencia de los precios de mercado internacionales.

No me parece convincente, sino más bien demagógico, decir que el ahorro de 380 millones de dólares se va a destinar a los más necesitados. Las  medidas, de corte macroeconómico, dadas en forma de shock, atentan contra la economía de los más pobres. Eso está demostrado históricamente.

Lo grave es no haber salido del capitalismo dependiente, de un Estado periférico subordinado, de una economía extractivista destinada a satisfacer la demanda del mercado internacional; estamos lejos, muy lejos, de ingresar a un modelo productivo y producente de un modelo alternativo. Estamos lejos de una articulación integrada de la economía plural que se encamine a la economía social y comunitaria.

Me vuelve a llamar la atención la falta de imaginación e imaginario radicales para desplegar medidas creativas y participativas, que se basen en otra clase de análisis, no enajenados, enmarcados en el fetichismo de la mercancía y en los indicadores macroeconómicos. Es indispensable hacer análisis cualitativos, eso en los que se sustenta el vivir bien y también los procesos emancipatorios.

EFECTOS MULTIPLICADORES

Lo grave parece ser los efectos multiplicadores. Obviamente subirán los precios. ¿Habrá una tendencia inflacionaria? ¿Cuáles serán las repercusiones sociales? ¿No habremos desatado otra vez la furia del pueblo? Espero que no hayamos cruzado la línea, que nos encontremos del otro lado de la vereda, enfrentando al pueblo. ¿No había otras salidas? ¿Por qué se guardaron tanto tiempo el problema, toda una gestión? ¿Acaso no se sabía antes que se subvencionaba? ¿No es este un atentado contra los intereses, bienes y recursos del Estado, inquirido por la Constitución como delito?

Creo que no se ha sido honesto, se ha ocultado la medida al pueblo, no se le ha consultado, se lo ha tratado como enemigo como en los mejores momentos de los gobiernos neoliberales, no se practica la democracia participativa, ni se construye la decisión política colectivamente, como exige la Constitución.

Por otra parte sospecho que el verdadero motivo son las trasnacionales, que no quieren invertir en exploración porque hay una cláusula en la Constitución que dice que hay que atender primero al mercado interno, cuyo precio estaba congelado. Ahora que se ha subido este precio a niveles internacionales se espera que inviertan en exploración. Seguimos al servicio de las trasnacionales. ¿En que ha quedado la nacionalización, la fundación de YPFB, la industrialización de los hidrocarburos, la soberanía energética?

¿QUIÉN GANA, QUIÉN PIERDE?

La pregunta con la que deberíamos comenzar es quién perdió con la crisis del “gasolinazo” y la consecuente resistencia popular al decreto 748, terminando con su conclusión, la abrogación del decreto. Lo que queda claro, por lo menos para las organizaciones sociales intervinientes en la movilización contra el decreto, es que lo que ha sido derrotado es precisamente el realismo político, el pragmatismo, la tendencia al capitalismo de Estado, ahora descubierto en su hibridación y mezcla con la herencia de procedimientos y razonamientos del periodo neoliberal.

¿Quién ha ganado? Otra vez el pueblo, la asonada popular, la movilización social, que ganó las calles para rechazar que el peso del problema de la subvención y de la necesidad de incrementar las reservas y la producción de gasolina, diesel y productos energéticos fósiles, recaiga sobre la magra economía y los cuerpos de los más pobres. Ha ganado la movilización que reclama la consulta al pueblo, por lo tanto la participación social en las decisiones políticas, sobre todo en las estratégicas y en las que afectan a la magra economía popular.

El gasolinazo beneficiaba a los agro-industriales de Sta. Cruz

Enrique Ormachea Saavedra*

Investigador del CEDLA dice que al anular la subvención al diesel, el gasolinazo traía nuevas ventajas para la burguesía agroindustrial: la compra estatal de la producción de soya al precio internacional y la compra de maíz, arroz y trigo con 10% por arriba del precio interno.

HEGEMONIA  AGROINDUSTRIAL

Durante el debate que tuvo lugar sobre la situación de la seguridad y soberanía alimentaria en el país en los días previos al gasolinazo, demostramos –con base a información oficial– que durante el gobierno de Evo Morales los cultivos agroindustriales, producidos mayoritariamente bajo relaciones capitalistas de producción, habían incrementado su importancia: mientras en la gestión agrícola 2005/2006 representaban el 79% del total de la producción agrícola del país, en la gestión 2008/2009 significaban ya el 82%.

Así mismo, señalamos que el gobierno del MAS, a pesar de su constante discurso de apoyo a la pequeña producción campesina, no había logrado revertir la tendencia de una cada vez menor relevancia de la producción agrícola en las regiones del altiplano y los valles que, como se sabe, concentran a la gran mayoría de las unidades productivas campesinas del país. Ambas regiones que en 2005/2006 representaban el 25% del total de la producción agrícola del país, en el periodo 2008/2009 habían bajado su participación al 21,6%.

Por tanto, este escenario muestra que el departamento de Santa Cruz consolidó su rol hegemónico en la producción agrícola del país: pasó del 72% del total de la producción agrícola nacional en 2005/2006, al 76,8% en 2008/2009. Asimismo, Santa Cruz, durante el periodo de referencia, cobró cada vez mayor importancia en la producción ganadera tanto de carne como de leche, así como en la producción avícola, todos ellos rubros fundamentales para la alimentación de la población boliviana, la misma que depende cada vez más de la oferta alimentaria agroindustrial y agrícola básica que genere este departamento.

CONCESIONES EMPRESARIALES

En este sentido, indicamos que este escenario productivo se iría consolidando, al margen de una política gubernamental que privilegia sólo en el papel a la producción campesina como eje central de su discurso sobre la soberanía alimentaria en el país. Por ello, planteamos que el gobierno del MAS se vería obligado a hacer mayores concesiones, en varios planos, a la burguesía agroindustrial y agropecuaria cruceña que, hasta no hacía mucho tiempo, era presentada como la más recalcitrante oposición derechista al mismo.

No tuvimos que esperar mucho tiempo para comprobar nuestra hipótesis, pues el gasolinazo decretado por gobierno del MAS el pasado domingo 26 de diciembre –y que debido a la resistencia y acción directa de los trabajadores tuvo una vida muy corta– puso en evidencia las concesiones que Evo Morales estaba dispuesto a hacer a la burguesía agroindustrial.

Uno de los argumentos utilizados por el gobierno para justificar la necesidad del decreto de marras –que intentaba darle un cariz “antiempresarial” a una medida que a todas luces estaba destinada a favorecer la inversión del capital transnacional en hidrocarburos– estaba relacionado con la necesidad de cortar la subvención al diesel, que beneficia desde hace ya más una década a los agroindustriales de Santa Cruz.

Este tipo de argumento fue también utilizado por las direcciones de las organizaciones campesinas afines al MAS, como parte del discurso orientado a convencer a sus bases sobre el contenido “antineoliberal” y “revolucionario” del gasolinazo.

Contradictoriamente, al mismo tiempo de “atacar” a los agroindustriales que se beneficiaban de la subvención del diesel, eliminada por el mencionado decreto, las principales medidas del gobierno en el ámbito de la producción agrícola estuvieron orientadas a beneficiar a quienes eran previamente señalados como una de las partes responsables de la “sangría” de las arcas del Estado.

De esta manera, a los productores de soya –cuya producción se dirige fundamentalmente a la exportación y cuya producción es realizada por grandes y medianas empresas, así como por pequeños capitalistas– se les ofrecía la adquisición estatal de toda su producción a precios del mercado internacional. También se ofrecía a los productores de maíz, arroz y trigo la adquisición estatal de dicha producción a un precio mayor al 10% del precio interno. (Ver D.S. 0749-0750-0751)

En cambio, para el grueso de los campesinos pobres, el gobierno no contempló ninguna medida inmediata concreta de apoyo a su producción; no ofreció subvención alguna para productos en los que la producción campesina (sobre todo andina) sigue siendo importante para el mercado interno: tubérculos, hortalizas y frutas, fundamentalmente. Ofreció, más bien, dos proyectos de larga maduración: Por un lado, una inversión de 300 mil dólares americanos por municipio para infraestructura de riego y, por otro lado, el seguro agrícola que viene siendo anunciado desde hace ya un par de años atrás.

Como puede observarse, en el caso de la política agraria, el slogan de “mandar obedeciendo” tiene, para el gobierno del MAS, una inconfundible orientación de clase, en la que la burguesía agroindustrial asentada en el oriente del país es la principal beneficiaria.

*Investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) - Fuente: Plataforma Energética.org – Cedla

(Nota: Los subtítulos son de Somos Sur)

ANEXO 4

Reacciones y Propuestas de Organizaciones Sociales

Existen varias propuestas que requieren de un mayor análisis:

CENTRAL OBRERA BOLIVIANA – FEJUVE – CONAMAQ y otras organizaciones sociales

“Abrogar el Decreto Supremo 21060, que garantiza la vigencia de la libre oferta y demanda, para acabar con la especulación y de esa forma establecer precios fijos de los principales artículos de la canasta familia”.

Los trabajadores consideran que esta disposición, que en realidad fue concebida como un nuevo modelo económico, no trajo la solución a los problemas que tiene un Estado que gasta mucho en el pago de la deuda, defensa, seguridad y burocracia, pues sobre todo recauda muy poco entre los que tienen mucho, y mucho entre los que tienen muy poco.

Bolivia: ¡Movilización nacional contra el gasolinazo!

28/12/2010

Confederación General de Trabajadores Fabriles (extractos)

1.- El gasolinazo golpea fuertemente a los trabajadores que ya sufrimos una escalada inflacionaria en los últimos meses, la cual disminuyó dramáticamente el poder adquisitivo de nuestros sueldos y salarios. Teniendo en cuenta que el 60% de los salarios de los trabajadores se destinaba a la compra de alimentos eso en el 2005. Entre 2007 y noviembre de 2010 los precios de los alimentos aumentaron 40%. En los últimos meses de 2010 los precios de la carne, azúcar, pollo y papa subieron hasta 30%, y en diciembre el costo de la comida aumentó 10% respecto a noviembre. Frente a esta situación el gobierno ratifica su política de reajuste salarial ligado solo a la inflación.

2.- Exigimos a la dirigencia de nuestro ente matriz, una lucha tenaz y hasta lograr la derogación del gasolinazo. La clase obrera ha derrotado este tipo de medidas neoliberales con la movilización y la acción política organizada.

3.- El gobierno se ha visto obligado a lanzar esta medida, por la crisis presupuestaria que viene arrastrando el 2010. La disminución de ingresos por el IDH ha sido significativo, y la sangría permanente de recurso del Tesoro General de la Nación que subvenciona la compra de hidrocarburos que tenemos que importar de Venezuela, dado la caída de la producción interna (en 30% disminuyó la producción de petróleo, condensado y gasolina natural de 50.756 barriles por día en el año 2005 a 35.644 el año 2010) nos ha llevado a esta situación. Los trabajadores somos conscientes de esta situación pero le exigimos al gobierno no seguir las políticas neoliberales que sólo cargan los costos (sociales y económicos) sobre los bolsillo de los trabajadores. ¿Dónde ha quedado el discurso de la bonanza económica?.

5.- Bajo estas perspectivas, la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia, llama a los Comités Sindicales, los Sindicatos de fábrica, a las Federaciones Regionales, las Federaciones Departamentales, a preparar una lucha nacional, rechazando el gasolinazo y a preparar una lucha nacional por el incremento salarial de acorde a la canasta familiar.

UNADERENA

A continuación reproducimos una propuesta de la Unión Nacional de Defensores de los Recursos Naturales de Bolivia (UNADERENA) que plantea tres alternativas reales y de corto plazo contra la imposición del “gasolinazo”, sea gradual o del 100 por ciento, antes de cargarlo sobre las espaldas del pueblo boliviano:

1) Sustitución de la matriz energética: utilización masiva del gas natural

UNADERENA sostiene que para la sustitución de la matriz energética es necesario asegurar las reservas del Sararenda (Camiri) únicamente para el pueblo boliviano y construir un gasoducto para transportar alrededor de 20 millones de metros cúbicos de gas natural por día (al Brasil se exporta 32 y a la Argentina-Chile se pretende exportar 27).

Con este energético, el ama de casa en vez de gastar Bs 22.5 erogará sólo Bs 8 sin reducir el número de comidas que prepara diariamente y paralelamente el estado eliminará la subvención al GLP. Por el otro, al reemplazar 1 litro de gasolina por un metro cúbico de gas, el transporte recorrerá el mismo número de kilómetros con Bs. 1.66 en lugar de Bs 3.74 y por supuesto mucho menos a los Bs. 6.45 que buscaba cobrar el gobierno con el “gasolinazo”.

La utilización masiva del gas natural permitirá la industrialización del litio de Uyuni y los recursos mineralógicos de Oruro y Potosí, y el desarrollo de la industria en El Alto, además incentivará actividades generadoras de empleo a partir de la masificación del turismo, ampliación de los cultivos de quinua y de la ganadería de los camélidos.

2) Anulación de la subvención a Petrobras

Desde 1999, Petrobras exporta gas boliviano a los centros industriales de Brasil con componentes húmedos (Gas Licuado de Petróleo (GLP), gasolinas naturales y otros componentes utilizados en la petroquímica) por los cuales paga como energéticos y no como GLP y gasolina que tienen mayores precios. Si el gobierno de Evo Morales le cobraría a la transnacional los precios que buscó imponer a los bolivianos, de Bs 6.47 por litro de gasolina y de Bs 67.5 por una garrafa de 10 kilos de GLP, que se van con el torrente de gas, el país cobraría 720 millones de dólares anuales adicionales por estos licuables. Es decir, dos veces lo que se proyectó gastar con la subvención durante esta gestión.

La transnacional Petrobras se lleva del país junto al gas gasolina natural cuyo costo es de Bs 0.98 por litro y lo expende en el Brasil en un promedio de Bs 10.9 por litro porque lo separa.

En el caso del GLP, recibe una garrafa del mismo por Bs 9.56, mientraslaama de casa boliviana paga Bs 22.5 y en tierra carioca su costo fácilmente llega a los Bs 80.

3) Verdaderos costos de producción de un barril de petróleo

El gobierno Morales para salvar de responsabilidad a las empresas petroleras por el artero “gasolinazo” asegura que en el país la producción de un barril de petróleo oscila entre los 58 y 60 dólares, un precio casi diez veces superior a la media internacional de 5.6 dólares, 58 veces el costo de producción conseguido en Bolivia, hecho ampliamente demostrado a finales del 2003 por el Delegado de la Revisión de la Capitalización, Juan Carlos Virreira (+), quien posteriormente fue renunciado por Carlos Mesa por presión de las transnacionales.

En su conferencia de prensa de 1 de enero, el Presidente reveló angustiado: “Con el precio actual (del barril de petróleo, 27 dólares en el mercado interno) ningún socio puede invertir para sacar más petróleo; ése es el tema de fondo”, ni siquiera es rentable para YPFB.

Con esta afirmaciónechó por tierra todas las demás argumentaciones, empezando por el manido tema del contrabando de carburantes (“desangre”) a los países vecinos que ocasionará este año una pérdida para el país de 1000 millones de dólares y durante los cinco años de la actual administración 1500 millones de dólares.

Las aseveraciones gubernamentales rayan en la desesperación, y son la prueba más clara de que en el país no hubo un verdadero proceso de nacionalización de los hidrocarburos, por el contrario, vivimos una prolongación con -matices estatizadores- de la política energética neoliberal iniciada por los partidos de derecha encabezados por Sánchez de Lozada, el cual entregó el negocio del siglo, la exportación de gas natural a las petroleras y destruyó YPFB Operativo para evitar cualquier tipo de competencia estatal.

Con una verdadera nacionalización, YPFB se haría cargo de la producción de carburantes baratos, pues al ser el costo de 1 barril de petróleo en Bolivia, y no 27 ni 59 como dice el gobierno del MAS para beneficiar a las transnacionales, toda ganancia se trasladaría al erario nacional y no a las arcas de las petroleras del mundo, garantizando abundancia de recursos energéticos en el mercado interno y a precios bajos para el desarrollo de la industria nacional, tal como aconteció con YPFB hasta antes de su capitalización.

Siete preguntas sobre hidrocarburos, carreteras y otros

La justificación que el Gobierno ha dado al gasolinazo, pretendiendo demostrar su necesidad social, y que sintomáticamente persiste aun después de abrogado el respectivo decreto, se centra en el cálculo de cuántos hospitales, kilómetros de carretera y conexiones de agua potable se podrían financiar con los 380 millones de dólares de la subvención a los carburantes, o con los 600 que le cuesta al Estado su importación.

Tratando de aprovechar la manifiesta capacidad de nuestro alto Gobierno para las matemáticas y su sensibilidad hacia la inversión social, en el ánimo de indagar sobre la realidad de la industria hidrocarburífera en el país, es pertinente formularle las siguientes preguntas:

1. ¿Cuántos hospitales, kilómetros de carretera y conexiones de agua potable se podrían financiar con los, por lo menos, 1.500 millones de dólares que, en el conjunto de los contratos de recuperación suscritos con las empresas petroleras transnacionales, YPFB se compromete a pagarles por concepto de devolución de inversiones, no obstante que la “migración” de sus contratos no les ha privado de la posesión y disfrute de esas inversiones, pues continúan siendo los socios operadores de la explotación en sus respectivas áreas?

2. ¿Cuántos hospitales, kilómetros de carretera y conexiones de agua potable se podrían financiar con los 250 millones de dólares que se les pagó a las transnacionales capitalizadoras de Transredes por sus acciones, no obstante existir en poder del Gobierno abundante evidencia de varios y graves delitos cometidos por ellas contra el Estado boliviano, y que la única inversión que efectuaron se financió con una deuda que también ha sido asumida por YPFB?

3. ¿Cuántos hospitales, kilómetros de carretera y conexiones de agua potable se podrían financiar con los 700 millones de dólares que regalamos anualmente al Brasil en líquidos asociados al gas que le vendemos, a falta de la tan famosa y largamente anunciada planta separadora que sólo cuesta alrededor de 150 millones de dólares?

4. ¿ Cuál es el monto anual de la devolución del IVA y del Impuesto a las Transacciones del que se benefician las empresas transnacionales contratistas, no obstante que tales impuestos recaen en última instancia en el consumidor, y cuántos hospitales, kilómetros de carretera y conexiones de agua se podrían financiar con el mismo?

5. Como dicen todos los entendidos, los escasos campos petroleros en actual producción están en declinación y no pueden ya producir el petróleo que satisfaga el consumo interno de carburantes líquidos; por lo tanto, las posibilidades de aumentar la producción de petróleo radican en las reservas de La Paz, Beni y Pando.

Al mismo tiempo, la explotación de esas reservas representa la única oportunidad para que YPFB recupere el efectivo carácter de empresa operadora en la producción de hidrocarburos, en condiciones de consumar materialmente la reapropiación nacional de los hidrocarburos, resguardando sólidamente el interés nacional y preservando de gasolinazos a la economía popular.

Si esto es así y, como dice el Gobierno, YPFB no tiene problemas financieros, ¿por qué sólo una pequeña parte de los bloques petroleros correspondientes a esas reservas se ha reservado a YPFB y a su sociedad estratégica con PDVSA (Petroandina)?

¿La gran mayoría de esos bloques declarados disponibles está reservada a las transnacionales que ya tienen en su poder real más del 80% de nuestras restantes reservas hidrocarburíferas?

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Existen otras propuestas quepodrán revisar en la sección “Alternativas al “gasolinazo” en la página www.somossur.net

Recomendamos al mismo tiempo la lectura del libro “Las transnacionales no son socias”, de Marwan Tahbub (ediciones CEDIB).