Prensa publicitaria vs. Prensa comprometida

tapaNYTEvoSomos Sur, 12 de noviembre de 2014

Después de la victoria electoral de Evo Morales en octubre pasado , circulan diversos balances a nivel (inter)nacional. Hay quienes hablan de que “el proceso de cambio SORPRENDE al mundo”. Hay quienes denuncian una “campaña publicitaria” y difunden otros balances.

A continuación revise varias notas. Para comenzar un suplemento en inglés que salió en el periódico New York Times: "El pais de Evo Morales sorprende al mundo" (28 de octubre de 2014).

Revise el Artículo en debate publicado en el New York Times"The contry of Evo Morales surprises the world"


Gobierno niega pago de reportaje en diario de EEUU

El Día, 30 de octubre de 2014

El presidente en ejercicio Álvaro García Linera aseguró que el reportaje publicado el lunes en cuatro páginas por el prestigioso periódico estadounidense The New York Times, titulado "Bolivia, el país de Evo Morales sorprende al mundo", no fue una propaganda pagada por el Gobierno boliviano. La separata tiene publicidades de las empresas estatales ENTEL, Boliviana de Aviación (BoA) y el hotel Radisson de La Paz.

La separata incluye imágenes del presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera; el gerente general de Boliviana de Aviación (BoA), Ronald Casso; el ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, y el ministro de Culturas y Turismo, Pablo Groux. Según la tabla de tarifas de The New York Time, una página publicitaria en este diario cuesta 40.000 dólares para Asia, 80.000 dólares para Europa, 100 mil para otros.

La separata fue escrita por los periodistas consultores Belén Huerta, Lara Martiñón, Hugo Asch y Mateo Gramaglia, el producto fue presentado como un inserto publicitario de la consultora Haddock & Associates.


No estaría tan contento

El próximo quinquenio probablemente no sea una tasa de leche debido a razones internas como externas

Rolando Morales Anaya

29 de octubre de 2014

El MAS ganó las elecciones y por mucho con relación a los otros partidos. Su porcentaje de apoyo fluctúa en torno al 60%, lo que le da mucha alegría. Pero este proceso eleccionario no ha sido como todos los demás, pues en el 40% que no se decantó por Evo se encuentran muchas personas que votaron contra él. Es decir, no votaron por simpatía a Samuel, Tuto, Juan o Fernando, lo hicieron esperando disminuir la votación de Evo por lo menos para que no logre la mayoría deseada de 2/3 en el Congreso.

evoeleccionesTener cerca del 40% de la población contra el vencedor no es una buena noticia y puede presagiar fuertes tensiones sociales y políticas. Tampoco los líderes de la oposición pueden sentirse contentos con los resultados obtenidos, pues además de magros, los votos que recibieron se dividen entre aquellos que los apoyan y aquellos que lo único que querían era manifestar su descontento con el MAS. Este resultado no les permite vislumbrar con optimismo las próximas elecciones.

Este panorama complejo abre nuevas oportunidades para los unos y los otros. El MAS tiene la oportunidad de corregir importantes errores y distorsiones, intentando dar una mayor independencia a los poderes de Estado para permitir el diálogo democrático, disminuir la discrecionalidad en las decisiones públicas, poner mayor esmero en la asignación del presupuesto priorizando los proyectos de mayor rentabilidad, dejar de manipular la administración de la justicia y dar más apoyo al sector agropecuario. La oposición tiene el desafío y la oportunidad de recomponer el sistema de partidos políticos alejándose del mero caudillismo y del esquema de agrupaciones políticas con “dueño”, fortalecer principios y valores y desarrollar propuestas serias de gobierno.

Es probable que el próximo quinquenio no sea una tasa de leche debido a razones internas como externas. El conflicto interno puede emerger de una mala lectura de los resultados electorales que ocasione la continuidad de errores de los unos y los otros, con el consecuente desbordamiento del descontento popular, al margen de las instituciones sociales y políticas existentes.

Como causas externas se puede mencionar la posibilidad que los mercados muestren turbulencia incluso si la tendencia general de precios sea todavía favorable para Bolivia. La reciente disminución del precio del petróleo, que se estima será temporal, tendrá de todas maneras efectos en nuestra economía. Con relación al precio de los minerales puede decirse lo mismo, con la diferencia que sus efectos ya se dejan sentir. En el plano político internacional, Bolivia corre el riesgo de quedarse sola teniendo en cuenta la poca favorable evolución de las economías de Venezuela y Argentina y el avance de la oposición en Brasil encabezada por Aécio Neves, quien en más de una oportunidad tuvo comentarios hostiles sobre Bolivia; además, con Dilma Roussef nuestro gobierno mantiene relaciones poco amistosas. En un contexto que no se vislumbra propicio para Bolivia, el Gobierno tendrá que revisar y fortalecer su política internacional.


Hipótesis interpretativa sobre los gobiernos progresistas

Extraxto del artículo "Genealogía de la forma gobierno" de Raúl Prada

Los gobiernos progresistas o los gobiernos neo-populistas, los cuales se reclaman del socialismo del siglo XXI, también del socialismo comunitario, configuran un perfil de gobierno pragmático, realista político, que apuesta a mejorar los términos de intercambio de una economía extractivista y un Estado rentista. Usan parte de los recursos para plasmar políticas sociales coyunturales, como la de los bonos, que también comparten los gobiernos neoliberales de Sud América, como es el caso de Colombia. No se puede negar que sus políticas sociales, tomando en cuenta las diferencias absolutas y porcentuales en la inversión social, han tenido impacto positivo, mejorando las condiciones de los estratos medios pobres y quizás de ciertos estratos populares vinculados al cooperativismo minero, a la producción de la hoja de coca, a la colonización de tierras bajas, principalmente amazónicas, así como comerciantes, a los que podemos incluir a los conglomerados contrabandistas. Sin embargo, no han cambiado cualitativamente ni la estructura de salud, ni la estructura social, tampoco la estructura educativa; preservándose, en este último caso, la pauperización de la enseñanza, sometida al chantaje de la demagogia. Ciertamente, hay que diferenciar contextos nacionales; en unos caso ha habido mayor atención, sobre todo en lo que respecta a la expansión de la formación popular, como es el caso de Venezuela; sin embargo, en otros casos, como el de Bolivia, ha preponderado la demagogia, el colaje, llevando casi al colapso la calidad educativa.

gobiernosprogresitsasCiertamente las dimensiones gigantescas de lo que acontece en Brasil le da otros alcances a las políticas sociales, económicas y educativas. En Brasil ha habido una preocupación y un cuidado creciente en la educación desde hace un buen tiempo; sobre todo se ha remarcado el interés en la formación superior y en la formación científica y técnica. Esta iniciativa ha sido retomada por los gobiernos del PT en gran escala apuntando a convertir a Brasil en una potencia. Las políticas económicas han tenido un horizonte desde las transformaciones dadas por Getulio Vargas; este horizonte es el de la industrialización. Se puede decir que Brasil ha experimentado la revolución industrial, la revolución tecnológica-científica y la revolución cibernética; sin embargo, como dice Francisco de Oliveira, esto acontece como en un desarrollo desigual y combinado, dándose en una formación abigarrada, donde persisten no solamente las grandes desigualdades, sino sobre todo el peso de una economía extractivista y de un Estado rentista. Las políticas sociales han transformado la estructura social de Brasil en su conjunto, incorporándose a las clases medias contingentes masivos sociales. Sin embargo, este efecto contrasta con el enriquecimiento abismal de una burguesía sindical, ahora aliada a la tradicional burguesía y oligarquía brasilera.

Se puede hablar en Venezuela de una recuperación soberana de los hidrocarburos, por medio de las nacionalizaciones, generando no solamente una mejora importantísima en los términos de intercambio, también logrando mejorar significativamente el precio de los hidrocarburos, al re-integrar y coaligar a la OPEP. A partir de estos excedentes se ha desplegado una cuantiosa inversión social, dado lugar a formaciones, en principio, de carácter autogestionario, como las comunas, y también proyectos estratégicos de alcance como las misiones, además de la expansión de las universidades populares. Sin embargo, esto también contrasta con el enriquecimiento de la burocracia, que se ha convertido en la burguesía funcionaria de la revolución bolivariana. Por otra parte, lejos de abrirse a la iniciativa popular, a la participación popular, a la democracia participativa, a la economía comunitaria, como establece la Constitución, el partido de gobierno ha empujada cada vez más a formas de conducción autoritarias, jerárquicas y prebéndales, formando clientelas.  La revolución bolivariana se ha estancado en sus contradicciones profundas; la burocracia evita encontrar soluciones emancipadoras, prefiere el discurso de la propaganda, el discurso “ideológico” de confrontación. Se obstaculiza entonces las salidas a la crisis política, se impide que estas salidas se gesten social y colectivamente, aprovechando los contingentes populares formados por el proceso de cambio.

Venezuela en vez de salir del modelo extractivista lo ha ahondado, envés de salir del Estado rentista, lo ha profundizado, en vez de avanzar con la movilización popular, la usa para contra marchas, disminuyendo sus capacidades emancipadoras al rol triste de apoyo a la represión. La revolución industrial está lejos, quedó en proyectos no iniciados, en el mejor caso, inconclusos. La desidia de una burocracia prepotente ha terminado desordenando los circuitos de abastecimiento de bienes, generando escasez inconcebibles.

En Ecuador la revolución ciudadana ha derivado en la contradicción manifiesta entre un gobierno pragmático - que prefiere extender intensamente el extractivismo, concediendo a empresas trasnacionalesmineras y petroleras territorios que no podría comprometer desde la perspectiva de la Constitución –en contraposición de la Constitución del Estado plurinacional, entre un gobierno del Estado rentistaen antagonismo con las naciones y pueblos indígenas; entre un gobierno de caudillo en confrontación con activistas sociales, ecologistas, descolonizadores, que son como la reserva ética de un proceso político constituyente.

En Bolivia un gobierno que dice ser el gobierno de los movimientos sociales, que decreta que ya estamos en el Estado plurinacional, ha terminado aprobando una Ley minera que no solamente atenta contra la Constitución, sino que es el paraíso fiscal para el extractivismo destructivo y para las empresas trasnacionales mineras. Con eso efectúa un paso peligroso, catalogado por la Constitución como traición a la patria, que ni los neoliberales se habían atrevido. También en este caso se repiten características descritas de los gobiernos progresistas de Sud América, sólo que se dan de una manera más dramática y grotesca como cuando se aprueba una Ley de la Madre Tierra y Desarrollo Integral que convierte a la Madre Tierra en Cenicienta del desarrollo, sobre todo, de manera velada, cenicienta del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente.

No vamos a ser ahora exhaustivos en la descripción de estas características de los gobiernos neo-populistas, nos remitimos a otros ensayos . Lo que importa es interpretar la forma de gobierno neo-populista.

La forma de gobierno neo-populista, si bien no logra conformar e instituir una gubernamentalidad propia, conforma un perfil de gobierno que se caracteriza primordialmente por las relaciones de dominación afectivas, que son las relaciones clientelares, entre el caudillo y las clientelas, entre la burocracia y las clientelas, entre los dirigentes y las clientelas. En lo que respecta a las políticas, la composición es la de un colaje abigarrado, donde se combinan políticas monetaristas heredadas, cada vez más preponderantes, con inversiones sociales que tienden a ser más bien de impacto coyuntural. Salvo Brasil, las políticas económicas no se ocupan efectivamente de crear, consolidar, ampliar, transformar las estructuras productivas; no hay pues políticas de industrialización. En este caso, no es posible hablar de una autolimitación del Estado por el derecho, que aquí quiere decir la Constitución, tampoco de una limitación interna de la economía política, sino, mas bien, asistimos a la emergencia de formas desmesuradas de despotismo y de manejo arbitrario de las clientelas.


 Ignacio Ramonet, un viajero despistado en Bolivia

Gustavo Rodríguez Cáceres

Ignacio Ramonet estuvo de paso por Bolivia, seguramente invitado por alguna autoridad nacional, con el fin de asistir a la realización de las elecciones generales del pasado 12 de octubre. Producto de esa visita plasmó sus impresiones, en un estilo de crónica de viaje, en la nota titulada: Bolivia está cambiando. Debo decir que sus impresiones no son precisas y vale la pena detenerse a analizar algunas de ellas.

Aumento de los Trabajadores por Cuenta Propia

En el primer párrafo de su crónica, con total desparpajo afirma: “Para el viajero que vuelve a Bolivia […] y camina despacito por las empinadas calles de La Paz […] los cambios saltan a la vista: ya no se ven personas mendigando ni vendedores informales pululando por las aceras. Se percibe que hay pleno empleo”.

No sé por qué calles caminó el señor Ramonet, pero cualquier persona que hoy habite o visite continuamente (como es mi caso) la ciudad de La Paz, con seguridad tendrá una impresión contraria, es decir, que los “vendedores informales pululando por las aceras” han aumentado en vez de disminuir. Más aún, la aglomeración de estos vendedores es tal, que seguramente muchos tendrán la impresión que han aumentado en la gestión gubernamental de Evo Morales.

Lo importante aquí, es que estas últimas impresiones, a diferencia de las de Ramonet, pueden verificarse no sólo visitando la ciudad de La Paz sino con los datos censales[1] que, agrupados por actividad económica, en la categoría de “comercio al por mayor y al por menor” el año 2001 consignaba 69.948 personas y el año 2012 consigna 80.066 personas.

Los mismos datos, clasificados por grupo ocupacional, enseñan que en la categoría de “trabajadores de los servicios y vendedores del comercio” el 2001 estaban consignadas 78.154 personas y el año 2012 alcanzan a 94.631.

Un aumento similar sucede cuando se agrupan los datos por categoría de empleo, donde el segmento de “trabajadores por cuenta propia”[2] consigna 97.512 personas el año 2001 y registra 122.009 el año 2012.

Tengo la impresión de que el señor Ramonet anduvo por un sinfín de oficinas gubernamentales, muy bien acompañado y atendido por los burócratas estatales, porque si en verdad hubiese subido por alguna de las empinadas calles de La Paz, no sólo hubiese verificado el aumento de los vendedores ambulantes, sino que posiblemente hubiese llegado a la ciudad de El Alto, aledaña a La Paz, y hubiese confirmado que ahí la situación es peor.

Estos datos lo demuestran: según el Censo 2001 en El Alto habían 100.616 personas clasificadas como “Obrera (o) / Empleada (o)”, y 87.567 como “Trabajadores por cuenta propia”, se ve claramente que eran más los trabajadores asalariados; para el Censo 2012, esa situación cambió tanto, que 160.677 trabajadores son clasificados como “Obrera (o) / Empleada (o)” y 160.798 como “Trabajadores por cuenta propia”. El primer grupo creció 60% y el segundo 90%.

Esa es la tendencia predominante en la actual economía boliviana: no sólo mantener sino convertir a su fuerza de trabajo en “cuentapropistas”[3].

En efecto, si revisamos los datos correspondientes a todo el país, confirmamos que las personas clasificadas en la categoría “Obrera (o) / Empleada (o)” han aumentado de  1.161.930 el 2001 a 1.638.239 el 2012; en tanto en la categoría “Trabajadores por cuenta propia” el aumento ha sido de 1.389.887 el 2001 a 2.085.657 el 2012. El primer grupo aumento 41% y el segundo 50%

La simpleza del “Pleno Empleo”

venderesambulantesHe enfatizado la diferencia entre “Obrera (o) / Empleada (o)” y “Trabajadores por cuenta propia”, porque, por lo general, se asume que los primeros se encuentran en una mejor situación laboral que los segundos; ya que ellos reciben una remuneración mensual fija, cuentan con estabilidad laboral, tienen derecho a un seguro de salud de corto y largo plazo, etc. Sin embargo, es necesario aclarar que, en la economía boliviana, tener una remuneración mensual no necesariamente implica contar con estabilidad laboral, seguro de salud, y aportes para jubilación.

El ejemplo más patético son los “segundamano”, “terceramano” y “guardas” al servicio de los cooperativistas mineros[4]; luego están los trabajadores de la construcción, casi con la misma estratificación y trato que los trabajadores de las cooperativas mineras; y también la infinidad de trabajadores gastronómicos y vendedores de tiendas.

Un dato que puede establecer con precisión la precariedad de los trabajadores en Bolivia lo encontramos en el Censo 2012, en el que se preguntó si las personas accedían o no a un seguro de salud de corto plazo, sea éste público o privado.

El resultado indica que de las 10.059.856 personas que habitan el país sólo 2.031.669 acceden a un seguro público y 974.557 a un seguro privado. Es decir, que sólo 3.006.226 bolivianos tiene derecho a un seguro de salud, sea como asegurado directo o como derechohabiente del mismo; de aquí puede inferirse que el asegurado directo accede además a un empleo estable y muy posiblemente a un seguro de salud de largo plazo.

También puede deducirse que el resto de la población, que son 7.053.630 de bolivianos, están agrupados en familias que sobreviven produciendo en su parcela, o empleándose en condiciones de explotación extrema, o vendiendo cualquier chuchería; que por lo tanto resuelven sus problemas de salud por cuenta propia y, peor, enfrentarán la vejez también por cuenta propia.

Esta situación no puede ser calificada, como lo hace Ramonet, como “pleno empleo”; a menos que se acepte la simpleza neoliberal que consideraba a cualquier actividad de subsistencia como “empleo”, llegando al extremo que para medirlo, en las encuestas de hogares y los censos, bastaba con preguntar lo siguiente: “Durante la semana pasada, ¿trabajó Usted?”.

Si la respuesta era afirmativa se asumía que esa persona tenía empleo, sin importar si ese empleo era estable o si brindaba todos los derechos laborales.

Como casi nadie contestaba que una semana antes no había trabajado, pues la sobrevivencia no deja tregua y no permite tomarse un día de descanso, el porcentaje de “desempleados” resultaba bajísimo.

Así se idealizaba una situación de “pleno empleo”; y así la idealizan hoy los funcionarios gubernamentales[5], a los cuales Ramonet parece otorgar credibilidad.

¿A quiénes beneficia el crecimiento económico?

Otra de las frases controversiales de Ramonet dice: “El crecimiento económico de Bolivia en estos últimos nueve años, desde que gobierna Evo Morales, ha sido sensacional, con una tasa promedio del 5% anual... En 2013, el PIB llegó a crecer hasta el 6,8%, y en 2014 y 2015, según las previsiones del FMI, también será superior al 5%... El porcentaje más elevado de América Latina. Y todo ello con una inflación moderada y controlada, inferior al 6%”.

Efectivamente, la economía boliviana ha crecido en proporciones no vistas desde 1980 y el comportamiento de algunos indicadores macroeconómicos corresponde a la perfección con lo que los economistas neoclásicos consideran una buena economía.

evorepsolSin embargo, hace mucho tiempo ya que muchos economista, liberales y no liberales, han demostrado que el crecimiento no es todo. Más aún, han demostrado que un crecimiento descontrolado y sin redistribución genera más pobreza y socava la calidad de vida en el largo plazo.

Al respecto, el poeta Eduardo Galeano ponía el dedo en la llaga cuando escribía: “Dónde se cobra el Ingreso per Cápita? A más de un muerto de hambre le gustaría saberlo. En nuestras tierras, los numeritos tienen mejor suerte que las personas. ¿A cuántos les va bien cuando a la economía le va bien? ¿A cuántos desarrolla el desarrollo?”[6]

En Bolivia puede afirmarse que el actual crecimiento y los “numeritos” que lo reflejan, benefician más a las elites empresariales que a los trabajadores. Si verificamos cómo se distribuye el Ingreso Nacional Bruto Disponible (Ver aquí) se comprueba que la Remuneración al Trabajo ha disminuido, en tanto que han aumentado el Excedente Bruto de Explotación (que es lo mismo que decir el excedente empresarial) y los Impuestos Sobre la Producción y las Importaciones.

Esto, en términos sencillos, significa que el crecimiento económico no está beneficiando a los trabajadores, pero sí a los empresarios, y a un Estado que vela más por las elites que por los pobres.
De hecho, el gobierno de Evo Morales no sólo no ha sido capaz de cambiar o mejorar la redistribución de los ingresos del país, sino que ni siquiera ha sido capaz de cambiar las fuentes de ingreso del Estado.

A diferencia de lo que piensan muchos,  los que más contribuyen a las arcas fiscales no son ni el sector hidrocarburífero, ni el minero, ni el forestal, son; tampoco lo son los empresarios o, mejor dicho, estos sí pagan el Impuesto a las Utilidades, pero éste les es acreditado para descontar el Impuesto a las Transacciones en gestiones futuras[7]. O sea: no lo pagan.

Así, los únicos que pagan impuestos y mantienen al Estado Boliviano son los pobladores que no pertenecen a lo que Ramonet llama la “casta empresarial”; casta que además no paga impuestos a los ingresos ni a la fortuna.

En conclusión el crecimiento económico junto con un sistema tributario inequitativo como es el boliviano, sólo puede beneficiar a las elites.  

Otro ejemplo que demuestra que con Evo Morales les va mejor a las empresas, especialmente transnacionales, se encuentra en la industria hidrocarburífera. El 2006, año de la tímida nacionalización, el precio de 1.000 pies cúbicos de gas natural costaba 3,77 dólares en promedio, de ese monto el Estado recibía 0,68 dólares (regalías del 18%) y las empresas se quedaban con 3,10 dólares;  luego de la nacionalización el Estado recibe el 50% de la producción por concepto de regalías e IDH, pero el precio del gas natural ha llegado a más de 10 dólares por millar de pies cúbicos, de los cuales 5 recibe el Estado y 5 se lo quedan las empresas; es decir, aunque haya mejorado la participación del Estado, las empresas reciben más dinero hoy que antes de la nacionalización.

Si los hidrocarburos realmente son del pueblo boliviano, ¿no sería más acertado otorgar a las empresas petroleras una utilidad razonable (máximo 10%) y el resto apropiarlo para el Estado? O mejor: ¿no hubiese sido preferible hacer una nacionalización completa como en el sector eléctrico, y así apropiar para el Estado todos los beneficios que reportase la industria petrolera?

Además de lo anotado, si tomamos en cuenta que en la industria minera, en las actividades de explotación forestal y en la industria en general, no ha habido ningún cambio tributario sustancial y mucho menos pasos serios en pos de nacionalizarlas, bien podríamos decir, parafraseando a Ramonet, que el crecimiento económico “ha sido sensacional” sólo para las élites empresariales.

La pobreza no se vence con centavos

Otra afirmación poco informada de Ramonet indica que: “más de un millón de bolivianos (o sea, el 10% de la población) han salido de la pobreza”. Aquí Ramonet no está más que repitiendo la publicidad gubernamental respecto a que en el país se está derrotando a la “pobreza extrema”.

El problema aquí, radica en que los funcionarios gubernamentales y el propio Evo Morales asumen como “pobreza extrema” lo definido para los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM); a saber  “personas cuyos ingresos sean inferiores a un dólar al día”[8]. Dicho de otro modo, las personas que obtienen algunos centavos por encima del dólar diario, según este criterio,  estarían por encima de la línea de “pobreza extrema”.

Dudo que se pueda encontrar actualmente algún economista o político capaz de defender esta forma de medir la pobreza y, especialmente, al indicador de “un dólar por día”. Es que su fundamentación y la técnica para medirlo son tan endebles que ya Atilio Boron señalaba que “responde a una concepción teórica de la pobreza burdamente economicista, que no por casualidad desarrollaron los técnicos vinculados al Banco Mundial”[9]. Igualmente, en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se criticó este enfoque, motivo por el cual modificaron la forma de medir y monitorear este ODM[10].

En Bolivia, en cambio, las instituciones oficiales continúan midiendo la extrema pobreza con el enfoque del Banco Mundial, sin siquiera criticarlo o modularlo. El presidente y el vicepresidente, así como los ministros y otras autoridades gubernamentales la publicitan y utilizan sin percatarse de sus implicaciones; tanto es así que la “erradicación de la extrema pobreza” es el primer objetivo de la “Agenda Patriótica”[11] que se han propuesto lograr hasta el 2025; lo que, desde mi punto de vista, no sólo es “burdamente economicista”, sino políticamente miserable y totalmente mezquino como objetivo de desarrollo.

A manera de epílogo

En la nota de Ramonet existen otras afirmaciones, muchas de ellas lisonjas a Evo Morales y a algunos de sus ministros, que seguramente necesitarían algunas líneas para mostrar lo desfasadas o erradas que están; sin embargo, con lo dicho hasta aquí pienso que es suficiente para mostrar que el actual proceso que vive Bolivia muy difícilmente puede ser calificado de “sensacional” y, por mucho que pese a la intelectualidad de izquierda nacional e internacional,  mucho menos puede calificarse de progresista o revolucionario.

Por ello, siento mucho que Ignacio Ramonet, una persona generalmente bien informada sobre las luchas sociales del mundo y los gobiernos progresistas, en esta ocasión, cual viajero despistado, ofrezca impresiones que no condicen con la realidad actual de Bolivia. Da pena decirlo, pero sus opiniones sobre Bolivia condicen más con la de un acolito del partido gobernante y de Evo Morales, que con la de un periodista que verifica y contrasta sus fuentes; o con la de una persona comprometida con los objetivos y luchas de los pobres y explotados de Bolivia y el mundo que, precisamente por ello, investiga una situación con mayor acuciosidad o escudriña al detalle lo que los detentadores del poder político le dicen.

-----------------------------------------------

[1] La información sobre los Censos realizados en Bolivia se encuentran aquí y las bases de datos correspondientes aquí.

[2] En Bolivia, en las áreas urbanas, como es el caso de La Paz, está categoría significa mayoritariamente vendedores ambulantes; en las áreas rurales significa pequeño productor campesino.

[3] En la década de los 90, los funcionarios de los organismos multilaterales y los teóricos neoliberales denominaron a este grupo como “microempresarios”, de esa manera el eufemismo sirvió para ocultar la precarización de la fuerza laboral juvenil, especialmente femenina. Hoy, ese proceso, continúa y los funcionarios gubernamentales continúan usando el eufemismo sin ningún reparo.

[4] En Bolivia la denominación de “Cooperativa minera”, en realidad, sirve para ocultar a empresarios mineros (que no actúan como cooperativistas, ni trabajan directamente la mina) que contratan a destajo a quienes trabajan directamente en la mina (llamados “segundamano”). Cuando los precios de los minerales son elevados o la veta a explotarse es promisoria, los “segundamano” contratan a otros trabajadores, que vienen a ser los “terceramano”, con el fin de que les ayuden en la explotación. Además, en cada bocamina los “cooperativistas mineros” han habilitado un cuchitril, que es asignado a una mujer a cambio de que la misma guarde las herramientas de los mineros (de ahí la denominación de “guarda”). Esta mujer, es decir no recibe sueldo ni ninguna remuneración en efectivo; por ello la “guarda” sobrevive y mantiene a su familia montando una pequeña tienda y/o alimentando a los mineros, de quienes también soporta el acoso sexual permanente. Por supuesto, ninguno de estos trabajadores goza de estabilidad laboral ni otros beneficios laborales. Mayor información sobre este problema puede encontrarse en: Michard, Jocelyn; 2008. “Cooperativas Mineras en Bolivia. Formas de Organización, Producción y Comercialización”. Cochabamba, CEDIB

[5] Un ejemplos un poco antiguo de esta idealización puede verse aquí y otro más reciente aquí.

[6] Eduardo Galeano, 1993. “Los numeritos y la gente”. En: El Libro de los Abrazos. México: Siglo XXI Editores

[7] Rodríguez Cáceres, Gustavo; 2014. “En Bolivia, ni las empresas pagan impuestos, ni el sector hidrocarburífero es el que más contribuye”

[8] Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) y Comité Interinstitucional de las Metas de Desarrollo del Milenio; 2013. “Séptimo informe de progreso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en Bolivia”

[9] Boron, Atilio; 2005. Prólogo. En: “Manual de metodología. Construcción del marco teórico, formulación de los objetivos y elección de la metodología” Ruth Sautu y otros. Buenos Aires, CLACSO.

[10] CEPAL, 2010. “Indicadores de pobreza y pobreza extrema utilizadas para el monitoreo de los ODM en América Latina”

[11]  Ver: “13 Pilares de la Bolivia Digna y Soberana. Agenda Patriótica del Bicentenario 2025”


Circulan también a nivel internacional notas críticas en base a investigaciones serias como la siguiente nota de los periodistas holandeses Alexander Beunder and Loes de Kleijn.

Bolivian authoritarianism: not just a right-wing charge

November 3, 2014

By Alexander Beunder and Loes de Kleijn

evoarticuloalex

Evo Morales, Bolivia’s first indigenous president, is widely known as an anti-imperialist. Inside Bolivia, however, there are many progressive critics.

Winning Bolivia’s presidential elections in 2005, 2009 and most recently in October 2014, Evo Morales of the Movimiento al Socialismo (MAS), or Movement for Socialism, has now entered his third presidential term. Morales is known worldwide as Bolivia’s first indigenous president, an anti-capitalist, anti-imperialist, environmentalist, and a beacon of hope for the international left. However, inside Bolivia there are many progressives — including Morales’ former comrades — who accuse him of betraying his own political agenda, unjustly libeling all critics as right-wing conspirators, and abusing state powers to silence them.

The MAS won its third landslide victory in October’s presidential elections. Taking 54 percent of the vote in 2005 and 64 percent in 2009, incumbent president Evo Morales received around 60 percent this year. There were only two choices in the elections, Morales was quoted as saying by Reuters: “This was a debate on two models: nationalization or privatization. Nationalization won with more than 60 percent (support).”

It is not the first time that Morales has simplified Bolivian politics as a binary choice between a left-wing government and a right-wing opposition. In March, the President told a crowd of masistas that “there are only two roads defined by the people. If they are not masistas, they are fascists,” and “if they are not oficialistas [supporters of the ruling party], they are imperialists!” According to the official minutes of this speech, the crowd applauded approvingly. For Morales, all opponents of the MAS belong to the same camp.

Strong measures against political opponents are justified, the MAS says, invoking the right to protect the ‘process of change’ desired by the majority of Bolivians against ‘imperialist’ and domestic ‘right-wing’ forces, which are allegedly penetrating social movements to destabilize the socialist revolution. Well-known progressives from the international left like Federico Fuentes have reiterated this argument.

This line of defense may sound convincing considering Latin American history, in which various democratically chosen left-wing leaders have indeed been overthrown by domestic elites, often with help from the West — Chile’s Salvador Allende is only one example. In fact, there is little doubt that the US has also tried to foment anti-MAS opposition inside Bolivia through its embassy and USAID funds, according to various sources like the US-based Center for Economic and Policy Research (CEPR) and Wikileaks cables.

However, there are more than two sides in Bolivia’s political landscape today.

After nine years in power, the MAS has not only been subjected to the predictable critiques of the right-wing — that they are scaring away investors, are corrupt, and suppress democratic freedoms — but also to the predictable but legitimate critiques from the left-wing that they are not revolutionary enough, are corrupt and suppress democratic freedoms.

Progressives inside Bolivia increasingly question to what extent the MAS still commands a real ‘process of change’, and many denounce the strong measures they often suffer at the hands of the government and its supporters, as if they were all right-wing, imperialist conspirators, enemies of the revolution. The stories of these politically engaged Bolivians — labor leaders, indigenous activists, human rights observers, academics, ex-MAS officials and even current MAS members — deserve the attention of those who sympathize with the struggle of Bolivia’s poor for better living conditions and a better political system, and who wish to move beyond the romanticized simplifications surrounding Latin America’s pink tide.

While we, progressives in the West, often apply the most rigorous scrutiny in our judgments of ruling social democratic parties in our own countries, political realities in Bolivia and other Latin American countries are too often idealized, not only because of a lack of information, but also because we desire beacons of hope. This may lead to false conclusions, wrong strategies and misguided solidarity campaigns among the left, for which the Bolivian poor may indirectly pay the price.

Before we present a list of ‘failed promises’ of the MAS and an in-depth analysis of how the government silences dissent and undermines any attempt to organize an electoral challenge to it, we should start with a short history on the rise of the MAS and its political agenda. After that, we will reflect on October’s elections — Morales’s third landslide victory, which may make him the longest-serving president in Bolivian history.

The Rise of the MAS and its Political Agenda

At the turn of the century, Bolivia was fertile ground for a social uprising. In the 1980s, the country was used as a guinea pig for neoliberal reforms, under the auspices of the IMF, World Bank and economist Jeffrey Sachs. It’s a familiar story in Latin America: to be ‘saved’ from their debt crisis, the Bolivian government was instructed to create a humanitarian crisis by slashing public funding of social services and privatizing state companies, including the mining sector, which left thousands of miners unemployed.

Meanwhile, the liberalization of agricultural trade impoverished the countryside. As sociologist Brent Kaup explains, “large quantities of agricultural imports flooded local markets, making it difficult for campesinos to sell their agricultural surpluses in local markets at competitive rates.” Unemployed miners and poor farmers looked for employment in the coca fields of the tropical Chapare region. Others found a living at 4.000 meters altitude in El Alto, originally a small suburb of Bolivia’s capital, La Paz, which quickly outgrew La Paz itself and which now constitutes Bolivia’s second largest city, with more than one million inhabitants.

guerradelgasIn the 1990s, several social groups found each other on the streets protesting the same neoliberal politics. Coca farmers were rallying against the ‘war on drugs’, the inhabitants of El Alto protested the lack of employment and social services and, to a lesser extent, the indigenous people from Bolivia’s more tropical lowlands claimed self-government. A social movement was born which discovered its strength in several crucial battles, such as the 2000 Water War against the privatization of water in Cochabamba, and the 2003 Gas War over ownership and use of gas resources of the country. This was a “revolutionary epoch”, as Jeffrey Webber calls it in his book From Rebellion to Reform in Bolivia. Neoliberal governments often responded with brutal violence: in the 2003 Gas War around 60 people were shot dead by the military in El Alto.

There was only one political party capable of successfully articulating the general discontent with the neoliberal regime. This was the MAS, and in particular its leader, Evo Morales, himself a longtime militant coca farmer, dark-skinned like most Bolivians, and often dressed in a poncho or simple sweatshirt instead of a suit. When Morales secured his first electoral victory in 2005, La Paz flooded with MAS supporters from all over the country.

The MAS promised to end five hundred years of colonialism, to end the neoliberal policies of the past, to nationalize the country’s gas reserves, to industrialize its raw materials, to redistribute land and income to the poor, to respect indigenous rights, to protect ‘Mother Earth’, to democratize the political system, and to guide a transition towards socialism in the long run. It presented itself as a ‘government of social movements’, always reminding people that the MAS was founded as a ‘political instrument’ by grassroots activists.

Broken Promises

In his first term, Morales survived a militant anti-government uprising from the tropical lowland provinces. This militant right-wing separatist movement, with the backing of big agribusinesses and probably the US embassy, demanded autonomy in a number of lowland provinces, destabilizing the MAS regime for some time. In hindsight, it also increased the bargaining position of the right-wing opposition over political matters such as provincial autonomy and land redistribution. With a dose of pragmatism, Morales brokered a number of deals with the conservative opposition in Parliament over these matters, showing his fiercest opponents that he was willing to negotiate and that they could lay down their arms.

Shortly after, in 2009, Morales was re-elected with 64 percent of the vote — ten percentage points more than in 2005. Yet, as a reconciliation between the MAS and the country’s economic elite emerged, critics began to point out MAS’ broken promises to its original support base, consisting mostly of poor smallholder farmers, indigenous people, miners and the urban working classes.

One such broken promise concerned the question of land redistribution. As Jeffrey Webber has observed, Morales inherited a structure of land ownership in which large landholdings, the so-called haciendas, ”dominate 90 percent of Bolivia’s productive land, leaving only 10 percent divided between mostly indigenous peasant communities and smallholding peasants.” So, understandably, land reform was an important demand of Bolivia’s rural poor, supported by the MAS at least rhetorically.

Admittedly, in Morales’s first term, the issue of land reform was taken up seriously, mostly by the MAS vice-minister of land, Alejandro Almaraz, but the allocation of land to the landless slowed down after his re-election in 2009. Critics often blame the aforementioned reconciliation between the MAS and the agribusiness elites of the eastern lowlands. Bolivia analysts Ann Chaplin and John Crabtree express it eloquently in Procesos de Cambio: “a gradual accommodation between the MAS government and the agribusiness elites of the Orient [has trumped the demands of] the ‘agrarian’ revolution (land reform) to which the MAS had given its support in its early days.”

What happened to the popular demand to nationalize Bolivia’s hydrocarbon sector? Morales has hailed his hydrocarbon policy as a radical nationalization of the industry which dramatically increased state revenues. Indeed, Morales increased the tax rates on hydrocarbons, while a boom in foreign demand for Bolivia’s gas improved its terms of trade and thus tax revenues — a commodity price boom which is now slowing down, as an IMF paper from August noted.

Was there a nationalization, though? No, there was not. As Bolivian economist Carlos Arze Vargas of the CEDLA research institute in La Paz pointed out, 80 percent of the hydrocarbon industry remains in the hands of foreign transnationals and only a meager 17.8 percent was redirected under control of the state-owned petrol company YPFB, leaving the exploitation of the country’s most valuable resources just as firmly in the hands of foreign corporations as before.

procesodecambio

As for Morales’ promise to industrialize Bolivia’s raw materials, instead of handing them over to the wealthy nations of the world to profit from, Vargas presents some disappointing data: while in 2001-’05, the export of raw materials constituted 47.2 percent of Bolivia’s total exports, in 2010 this percentage mounted to a staggering 69.6 percent. Meanwhile, indigenous organizations lament the fact that Morales’s economic strategy of focusing on fast money by boosting and prioritizing the foreign dominated extractive sectors has conflicted with the MAS’ stated objective of defending indigenous people and ‘Mother Earth’.

The conflict over the state-planned highway through the TIPNIS park is one emblematic example of this process. In 2010, Morales announced a multi-million dollar highway construction through the protected Amazonian forest of the TIPNIS park. According to the President, the construction of the highway would help develop the impoverished region, providing employment and improved access to basic services, while boosting Bolivian industry in general. Indeed, the project would ask of Mother Earth to sacrifice some of her scarce resources, but this was implicitly considered necessary and the benefits for all would, undoubtedly, outweigh these losses.

The indigenous communities living in the TIPNIS park argued that the project was unconstitutional as they had not been granted their right to prior consultation, denouncing the consultation process carried out as fraudulent. They claimed the MAS regime tried to push through the highway project to ensure the commercial interests of the MAS-allied coca farmers in the TIPNIS park who would profoundly gain from the construction of the highway. They also pointed to Morales’ conflict of interests, relating to the fact that the President was also the only official national representative of the Bolivian coca farmer union.

The proposed highway construction is far from a neutral force of development, as Webber, who presents an in-depth discussion of the plans, concludes that the highway project would allow for the destruction of the anti-capitalist norms and modes of living of the indigenous communities while serving a set of capitalist interests, including those of the hydrocarbon industry, the agricultural sector and coca farmers. In 2011, an indigenous protest march backed by various domestic and international groups forced Morales to cancel the project, but MAS-officials have frequently stated that they are still exploring plans for a politically acceptable version of the highway.

A similar political battle is taking place over a mining law that was adopted this year and which, according to several well-known Bolivian research centers (CEJIS and CEDLA), favors commercial mining interests over indigenous rights and ecological concerns, and which de facto abolishes the constitutional right to prior consultation over mining projects.

When it comes to the redistribution of wealth, admittedly, there has been an impressive decline in income inequality under the MAS, as the country’s Gini index declined from 0.56 in 2004 to 0.47 in 2011. In the Bolivian press, the MAS has attributed this decline to the state’s redistributive policies — cash transfers to the poor and higher taxes on the rich — but the causality is questionable. Firstly, as a CEPAL study shows, since the start of the century income inequality declined in the whole of Latin America, even under the conservative regimes of Mexico and Peru. Part of the explanation lies in several labor market trends, like an increased demand of low-skilled labor as a result of a construction boom, according to this study.

Of course, there are also redistributive policies in Bolivia, but an economic study by Commitment to Equity (a research project of Tulane University) concluded that, “compared to other countries in the region, the tax-benefit system in Bolivia is meager in its redistributive effects,” partly because the celebrated cash transfers only represent “a low share of GDP,” namely 2 percent. Note that Bolivia’s celebrated ‘universal pension system’ — the bulk of all cash-transfer projects — amounts to around USD $29 a month per pensioner, which, even in Bolivia, only covers a small part of pensioners’ expenses.

As for social spending on health and education, Vargas noted that its share has surprisingly declined since the MAS took office, from 22 percent in 2005 to 17 percent in 2010.

When it comes to Morales’ sometimes radical anti-imperialist rhetoric, targeting institutions like the World Bank and the International Monetary Fund, it is worth pointing out that the MAS regime has received praise from both these institutions for its “prudent” macroeconomic policies. Although Morales has accused social leaders of being bribed by imperialist forces, he himself publicly declared that “previously the World Bank was our enemy, now it is our friend.”

Indigenous leader Nilda Rojas sums up the balance: “The process of change has been lost, because it is only a process for the transnationals and landowners. The powerful and the privileged continue to benefit and the original indigenous people are left excluded as always.” With a progressive support base increasingly waking up from a left-wing fairy tale and finding a reality that does not comply with what had been promised, Morales should be rightfully worried about dissent in his own ranks and future challenges from the left.

Indeed, recent years have been overshadowed by claims of progressives about the course of the revolution and the lack of more fundamental changes — or, in the TIPNIS case, of the destructive changes to the Amazon forest. How does the MAS respond?

How the MAS Deals with its Critics

At a rhetorical level, the regime claims that criticism is welcome. After all, Bolivia’s social movements are now supposed to be in full control of the government, with the MAS as their ‘political instrument’. As Leonilda Zurita, a high-ranking MAS official told us, “they [the movements] make proposals and say what’s wrong and the President listens, because the President is one of us, a leader who comes from the people.” Zurita is the MAS Secretary of International Relations, and has a personal history in grassroots struggles as a leader of the female ‘Bartolina Sisa’ coca farmers. “A party without a base doesn’t have a life,” she adds.

However, many government critics we met denounced the increasingly authoritarian stance of the MAS regime towards critics from its own support base. Outspoken social leaders, activists, NGOs and dissident party members told us that the MAS regime and its supporters abuse state powers to suppress criticism, often violating fundamental democratic freedoms. Below, we present a number of cases that illustrate this tendency. There were other cases which we could have chosen, but we selected those we found most illustrative and that could be confirmed through personal interviews with those involved, or via press reports and other literature.

1) MAS-COB: A Peculiar Alliance

This year, on May 1, International Workers’ Day, Evo Morales and the President of Bolivia’s national trade union (COB), Juan Carlos Trujillo, marched shoulder to shoulder through La Paz, demonstrating their alliance for MAS’s electoral campaign. The MAS-COB alliance was controversial and denounced by several labor leaders. Jaime Onofre, a renowned union leader from Cochabamba, denounced the pact as a “top-down decision” that did not reflect the sentiments of the rank and file.

cobymasIndeed, the COB’s support for Morales seemed rather unlikely a year ago. In March 2013, a national COB congress had even announced the formation of its own political party, the Workers’ Party (PT), to challenge the MAS in October’s presidential elections. COB leader Jaime Solares said it would be “a labor party of the poor and dispossessed, the hope for those excluded by this neoliberal government,” expressing the critique of many inside the COB that the MAS has continued a neoliberal policy line despite its anti-capitalist rhetoric.

Anti-MAS sentiments reached a climax two months later in May when COB protests against the MAS over pensions and wages were met with police violence. Vice-president Linera legitimized the regime’s response by accusing the COB of preparing the ground for a right-wing coup. Only eight months later, in November 2013, a national COB congress decided to withdraw its support for the Workers’ Party and support the MAS’ electoral campaign instead. Several union leaders agree with Onofre and denounced this pact as a betrayal by the COB leadership. Some claim its MAS-allied president Trujillo has done everything in his power to neutralize dissent inside the trade union’s ranks by installing pro-MAS leaders in all of its chapters.

A recent controversy involves an intervention in the COB chapter of the northern tropical province of Beni (COD Beni). Juan Acosta, the elected President of COD Beni, had been a thorn in the side of the MAS ever since he took office in 2012. He accused the MAS of nepotism, joined the TIPNIS protest, endorsed the founding of the Workers’ Party, and criticized the COB-MAS alliance.

On May 29, a group of MAS supporters and local policemen took over the headquarter of the COD Beni, accompanied by police as video footage shows, and installed a new pro-MAS board during an illicit electoral union congress called for by the national COB leaders. Attempts to reconquer the union’s headquarter by Acosta and his followers left three policemen injured, the Bolivian press reported, but failed to re-install Acosta.

In a personal interview with Acosta (during a meagerly attended press conference in La Paz about the incident, which may tell us something about the priorities of the Bolivian press), he referred to the take-over as an “institutional coup d’état, organized by the governmental palace, instructing the COB to carry it out.” The motive, Acosta asserted, was to silence “the last independent bastion” still calling for the formation of the Workers’ Party.

“At the heads of the other departmental trade unions they have already installed leaders who obey the MAS,” Acosta said. “The last one remaining was the COD Beni, so they had to take it. It’s a simple fact.”

2) Crackdown on Indigenous Dissent

Trade union leaders like Onofre and Acosta are not the only ones accusing the MAS of authoritarianism. In the past years many well-known indigenous leaders have become Morales’s most vocal opponents, demonstrating that grassroots support among the indigenous is not as indisputable as the MAS claims it to be.

The lowland indigenous organization CIDOB and highland indigenous organization CONAMAQ used to be important pillars of support for the MAS, being two of the five core member organizations of the ‘Pact of Unity’ — a national alliance between key grassroots organizations and the MAS. Both organizations repeatedly mobilized their bases in favor of the MAS and have been key to its electoral successes. The fact that this year their official leaders publicly pledged their support to President Morales suggests that the MAS still enjoys the loyalty of indigenous communities.

However, various indigenous leaders we interviewed paint a familiar story as to how the MAS gained the support of their organizations this year. Like the trade union COB, the indigenous CIDOB and CONAMAQ had also revoked their support to the MAS not too long ago. They had criticized the MAS regime for years, especially during the Constitutional Assembly of 2006-07. This often revealed fundamental ideological differences over the role of indigenous political entities in national politics, as research from the Latin American Council of Social Sciences (CLACSO) shows.

However, they maintained their critical support for the MAS and hoped the party would respect their demands. In a personal interview with Angélica Sarzuri Gutiérrez, a CONAMAQ representative, she recalled the hopes she cherished when the MAS took office. “We all dreamed about the current government. We all hoped for a change, knowing that the change isn’t coming from one day to the next, but will be a process.”

In December 2011, their patience ran out and both CONAMAQ and CIDOB withdrew from the Pact of Unity. The straw that broke the camel’s back was the government’s violent crackdown on the indigenous TIPNIS protest of 2011, with three hundred peaceful protesters detained and over sixty injured, including a 6-month-old child, even prompting Bolivia’s Defense Minister Cecilia Chacon to resign in protest. Adolfo Chávez, CIDOB’s President at the time, announced to have lost faith in Morales as a “defender of indigenous people and Mother Earth.” As a sign of solidarity, the highland indigenous of CONAMAQ also withdrew from the Pact. Both organizations became vocal opponents of the MAS.

This newly acquired opposition wasn’t taken lightly by the MAS, and both organizations subsequently suffered various takeover attempts by masistas. CIDOB was the first to undergo MAS’ determination to reaffirm their support. When in July 2012 Chávez and his followers were attending a TIPNIS protest in La Paz, a MAS-allied faction lead by Melva Hurtado seized the opportunity to organize an electoral congress in a city at the other side of the country, Santa Cruz. At the congress, Hurtado was was inaugurated as CIDOB’s new President, subsequently taking over the organization’s headquarters — accompanied by riot police, as pictures show. “We will be with you, brother President Evo Morales,” Hurtado told the Bolivian press, publicly reaffirming the organization’s support for the MAS.

Around the same time, CONAMAQ too experienced several attempted takeovers. In our interview, Gutiérrez explained how, ever since they left the Pact of Unity, masistas impaired the organization’s autonomy by using “fabricated leaders” and “breaking the organization’s structure and norms which clearly stipulate how authorities should be elected.” Gutiérrez and her colleagues could defend their headquarters until December 2013, when their masista adversaries led by Hilarion Mamani arrived in the company of police, she explains.

President Morales now enjoys the loyalty of the ‘official’ CIDOB and CONAMAQ presidents Hurtado and Mamani. Yet, to the dismay of the MAS, the dispossessed ‘original’ leaderships and their followers continue their political work up to this day and refuse to recognize the MAS-allied presidents. They now call themselves CIDOB ‘organica’ and CONAMAQ ‘organica’, to differentiate themselves from the oficialistas, or regime supporters.

3) Human Rights Observers Targeted

Another incident shows that not only critical social organization but also their supportive pillars fell victim to the MAS’s divisive politics. The National Assembly of Human Rights (APDHB) is a democratically-run human rights organization, founded in 1976 with branches in all nine departments of Bolivia. It had publicly denounced the government’s violations of the rights of association and protest of CONAMAQ and CIDOB, especially the violent repression of the TIPNIS protests. Not too surprisingly, on January 17 of this year, a pro-government faction led by Teresa Zubieta took over the office of the La Paz branch of the APDHB — again, assisted by police.

conamaqintervencinThe political motive was crystal clear to the organization’s national president, Yolanda Herrera, she told us in a personal interview. Zubieta wanted “to take over the APDHB in order to stop us from talking about human rights in Bolivia and instead support the government.” In fact, the motive was given by Zubieta herself, who told the press present at the incident that she had to “defend brother Evo” and “defend the process of change” against right-wing forces inside the APDHB. As the elected representatives of the La Paz chapter refused to resign, the La Paz office now consists of two rival leaderships, an all too familiar situation for a growing number of social organizations in Bolivia.

4) Red Tape

The concentration of power in the hands of the MAS may also work through less violent, more bureaucratic methods, critics say. For example through Law 351, requiring the re-registration of all civil society organizations.

Human rights organizations from the APDHB to the United Nations Human Rights Office (OHCHR) assert that Law 351 may obstruct the free functioning of NGOs and social organizations in general. APDHB’s president Herrera says that “this law has several points that infringe on the freedom of association” because it obliges “all organizations of civil society to have an affiliation with national politics.” As the law “takes away the legal personality of those who don’t,” it provides the state with an arbitrary criterion to revoke the legal status of social organizations. Herrera fears this law will create a lot of red tape for organizations that have been critical of the MAS.

Several NGOs that have sided with the TIPNIS protests — which seems to have become an important criterion for the MAS regime to differentiate between allies and foes — have already declared to suffer from Law 351. CONAMAQ ‘organica’ has also suffered from it, according to Nilda Rojas, one of its representatives. Although Rojas’ group submitted all the required paperwork, the Ministry of Autonomy denied them their legal status, instead conferring it to the MAS-allied faction of Hilarion Mamani, Rojas told the Bolivian press.

5) Judicialization of Politics

Critics also speak of a judicialización de la política, a ‘judicialization of politics’. In other words, the use of judiciary measures against political opponents. Admittedly, this may have been a common practice among previous regimes as well. “There has never been an independent justice system in Bolivia,” says Alejandro Almaraz, lawyer and ex-vice minister of land under the MAS, in a personal interview. Still, he concludes that the judiciary “has never before been so subjected [to the executive power] as now, except during periods of military dictatorships.” He based this conclusion on his collaboration with social movements and his insider’s view as a high MAS official.

“The government wants soldiers [in the judiciary], that’s the exact word I heard them use,” Almaraz says.

In the MAS’s first terms, it was mostly the right-wing which denounced the judicialización de la política, but progressives now seem to suffer from it as well. “It’s common that social leaders who have stood up to the government are sued,” Almaraz says. “Those lawsuits rarely lead to imprisonment, they are more like a means of pressure and dissuasion, but their repressive sense is evident.”

From her personal experience, Verónica Sánchez Barrera, vice-president of the ‘organic’ APDHB La Paz branch, confirms Almaraz’s claim. Barrera told us her work is now severely hindered by “fabricated criminal trials” against her and her colleagues. Barrera sums up the remarkable charges, including drug dealing and even pandering, “supposedly because we had put naked photos of ourselves online.”

Elections and Beyond

As for October’s presidential elections, most of our interviewees already expected Morales to win because they saw no viable left-wing alternative to the MAS, and Morales is still preferred over the traditional right-wing, which made itself permanently unpopular during the previous neoliberal era. However, we should not interpret the lack of a serious left-wing electoral challenge, or massive anti-MAS movement on the streets, as a lack of left-wing grievances with Morales.

Those who have tried to establish a left-wing electoral challenge to the MAS in October’s elections faced numerous obstacles. Any attempt at this was undoubtedly impeded by the authoritarian response of the MAS regime towards critics from its own support base. In the end, if we are to believe Juan Acosta, the foundation of the Workers’ Party was undermined by top-down trade union politics on the orders of the MAS.

Another obstacle for left-wing alternatives may be the widespread concern, shared with us even by the fiercest left-wing critics, of playing into the hands of the right-wing by splitting the progressives’ votes over more than one left-wing party. Note, for instance, that the left-wing environmental Green Party (PVB), recently founded by some well-known MAS dissidents and social leaders including Alejandro Almaraz, only got one out of 130 seats in parliament, with 2.7 percent of the votes.

Some see a renewed mobilization of the masses as the only way to return to the original goals of the process of change, like the massive mobilizations at the turn of the century which brought the MAS to power in the first place. However, the fuel that sparked these previous mobilizations seems absent today. “During military dictatorships it was very clear who the enemy was — the military,” says Oscar Olivera, internationally known for his role in the Cochabamba Water War against the privatization of water in 2000. “Today, the government turns you into an enemy of your brothers,” Olivera laments. “That base that had the capacity to expel transnationals, expel governments and install Evo Morales… today, that social force doesn’t exist anymore.”


 

Radio Somos Sur:

Al respecto de las contradicciones informativas sobre el "proceso de cambio" escuche algunas reflexiones sobre los proyectos y las verdaderas necesidades de la población. (Radio Somos Sur, 9 de noviembre de 2014).

{play}/audio/20141109_contradiccionesprocesocambio.mp3{/play}

 

 

For now, Morales is likely to become Bolivia’s longest-serving President as he sits out his third term. Previous Presidents with long-term aspirations have learned that Bolivia’s rebellious and independent social movements can pose a bigger challenge than rival political parties. Perhaps more than any previous President, Morales, as a product of these movements, knows how to pacify them.

But social movements in Bolivia have lost and reclaimed their autonomy before.

Alexander Beunder is an independent journalist with a Master’s degree in Economics from Utrecht University and a background in student movements. He blogs on politics and economics for Economielinks.

Loes de Kleijn is an independent journalist with a Master’s degree in Medical Anthropology from the University of Amsterdam and a background in trade union organizing in the Dutch healthcare sector.