10 años del Estado Plurinacional: "Lo Dicho" y "Lo No Dicho" en el discurso presidencial


informeEl 22 de enero se realizaron los actos conmemorativos por los 10 años del Estado Plurinacional. A pesar de las 6 horas de informes, hubo muchos temas que fueron obviados. Aqui registramos los discursos y analizamos LO NO DICHO en los informes de gestión a cargo del Presidente y Vicepresidente, Evo Morales y Alvaro García Linera respectivamente.

 

Discurso de Evo Morales en el aniversario del Estado Plurinacional

Discurso del Vicepresidente Alvaro García Linera en el aniversario del Estado Plurinacional... Lea AQUÍ

 

 

 

Lo "no dicho" en el discurso de Evo Morales

evo400

 

En el programa radial "Información de gente para la gente" analizamos junto al analista José Luis Savedra. "lo no dicho" en el discurso de Evo Morales. Escuche los audios y revise algunos análisis:

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 Medidas procapitalistas y en contra de la vida

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Producción agrotóxica y depredadora

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Inseguridad alimentaria

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Políticas pro transnacionales

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Políticas anti indígenas

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El mito de la erradicación de la pobreza

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La "democracia" del Estado Plurinacional

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La falsa descolonización

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Promoción de energias tóxicas

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“No saldrá Eva de la costilla de Evo”: opina la integrante de ‘Mujeres Creando’  tras 10 años en el poder del Presidente de Bolivia.

Vea un video grabado por  NTN24: http://goo.gl/3s7wWk

 

María Galindo calificó como “machistas, muy graves y asfixiantes” las afirmaciones del presidente Evo Morales en su discurso de celebración.

 

“Todas las actitudes de Evo Morales han sido socialmente repudiadas por nosotras como organización, por el conjunto de las mujeres bolivianas”, añadió.

 

Tras algunas coplas cantadas por el mandatario Morales, la activista aseguró que presentaron “una denuncia por actos de machismo, utilizando la ley contra el racismo y todas las formas de discriminación. Nuestra denuncia no fue aceptada, fue rechazada”.

 

Galindo informó que durante el 2015, unas 130 mujeres fueron asesinadas en Bolivia y hasta ahora ni siquiera 10% de los casos han sido procesados.

 


 

ANÁLISIS

Gobierno del MAS, mediador político de los intereses de la oligarquía terrateniente boliviana

Huáscar Salazar Lohman
Rebelión

En el último tiempo, el gobierno boliviano ha construido un discurso para encasillar, deslegitimar y acallar distintas voces críticas que denuncian el carácter anti-popular, anti-comunitario, depredador, extractivista y pro-capitalista de su proyecto político y económico. El argumento, bastante simplón, que la cúpula del MAS utiliza es el siguiente: para desarrollar el país, tenemos que hacer uso de todos los recursos naturales y humanos que estén disponibles, el no hacerlo sólo puede deberse a la mediación de un interés “imperialista” y colonial, el cual se interesa por mantenernos en el subdesarrollo extremo y así ese imperialismo poder beneficiarse de nuestra riqueza natural.

Es interesante ver como este argumento, obviamente más arreglado y rimbombante, se ha convertido en la bandera con la que una parte de la izquierda dogmática, estadocéntrica y principalmente masculina de Latinoamérica y el mundo ensalza al gobierno de Morales. Acusando a cualquier persona crítica de ser parte de una macabra maniobra de la derecha imperialista encubierta de “pachamamismo”. A raíz de esto, intelectuales como Atilio Borón, Ana Esther Ceceña, Emir Sader, y otros más lejanos como Žižek y compañía, se dan el lujo de acusar al pueblo boliviano que lucha por sus reivindicaciones o de ser de derecha, o de ser parte de una masa de personas sin criterio que le hacen el juego a la derecha, y ellos con sus mentes tan ilustres nos lo quieren hacer ver.

Parto de una idea muy básica, aunque creo que la mayoría estará de acuerdo conmigo: lo que se dice no necesariamente es lo que se hace. De ahí mi llamado de atención a realizar una simple separación entre lo que el gobierno dice que hace y lo que el gobierno hace. Y no es que el gobierno tenga un discurso ultra radical, sino que más bien éste se enmarca en lo que podemos entender como progresismo democrático y liberal. El problema es que ni siquiera es eso. Nuevamente, yendo a los hechos, podríamos decir que el gobierno del MAS está haciendo lo que el neoliberalismo no pudo en favor del capital transnacional, y lo hace a partir de la consolidación de un aparato institucional cada vez más autoritario y promoviendo la desarticulación inducida de los entramados comunitarios que existen en el país; todo esto bajo el manto del progreso económico que tuvo el gobierno gracias al incremento de los precios internacionales de las materias primas durante los últimos diez años (aunque ahora ese modelo empieza a entrar en crisis).

Existen varios hechos que demuestran el profundo carácter antipopular del gobierno del MAS: la alianza con las transnacionales, principalmente mineras e hidrocarburíferas; la promoción de los intereses de las nuevas élites, como la cooperativista o cocalera; el carácter represor contra los pueblos indígenas y campesinos; la inversión de la mayor parte del excedente económico cooptado por el gobierno en infraestructura y servicios para el gran capital nacional y transnacional; pero, quizá, uno de los temas que muestran con mayor nitidez lo que sucede en el país, es la alianza que el gobierno ha establecido con la más vieja, rancia y funesta de las clases dominantes: la oligarquía terrateniente. Este hecho no es menor, no es algo circunstancial, o un “mal necesario”, el solo hecho de que se dé, permite definir el carácter de clase de este gobierno.

La lucha comunitaria rural boliviana se ha caracterizado, a través de los casi dos siglos de historia republicana –e incluso desde antes–, por poner dos temas centrales como ejes de sus reivindicaciones históricas: tierra y autogobierno. Estas dos cuestiones –que podemos denominar como “territorio” en el lenguaje moderno, siempre y cuando no queden reducidos al restringido término de “territorio” concedido por el estado– han estado presentes de manera plural, diversa y cada vez actualizada en la gran mayoría de las luchas indígenas y campesinas, bajo diferentes nombres y con alcances distintos. La tierra, como base material en la que las comunidades son capaces de garantizar la reproducción de su vida y tejer, así, sus relaciones sociales en torno a las actividades productivas y reproductivas. El autogobierno, como la prerrogativa política de asumir decisión colectiva y compartida sobre lo que sucede en ese territorio, muchas veces contraviniendo la decisión vertical que emana del poder estatal y que favorece a los intereses del gran capital.

Estos horizontes de reivindicación fueron parte esencial de las luchas que colorearon Bolivia entre 2000 y 2005, para corroborar esto no se necesita más que volver la mirada a lo que fue la Agenda de Octubre resultado de la Guerra del Gas en 2003: tierra y autogobierno –con distintos nombres: Reforma Agraria, Autonomías Indígenas, Control Social, Soberanía, etc.– fueron el núcleo articulador de la lucha popular. Además, en ese momento se reconocía y se asumía como principal enemigo a la oligarquía terrateniente del oriente boliviano, la cual, al verse contenida por los potentes levantamientos, se tuvo que replegar y escudar tras el discurso autonomista regional –totalmente opuestas a las autonomías indígenas–. En ese proceso, esa élite se encargó de armar un aparato represor que persiguió, reprimió e incluso asesinó a mujeres y hombres trabajadores del campo y la ciudad en el oriente boliviano. Esa élite es ahora la aliada del gobierno. Basta con identificar en el oriente a algunos candidatos o autoridades oficiales que ahora visten con “orgullo” los colores del MAS y que años antes eran los que golpeaban y perseguían a campesinos e indígenas, portando esvásticas como símbolos y actuando desde el racismo más pueril.

linera caoEstos hechos, sin embargo, no son el meollo del asunto. Si bien es larga la lista de asuntos que nos demuestran esta alianza, desde los personajes de la oligarquía que ahora engrosan las filas del MAS [2], hasta los carismáticos y amigables discursos del presidente Morales en la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) donde llama hermanos a los que antes eran antagónicos a las luchas populares, pasando por los patéticos llamados del vicepresidente García a que los empresarios agroindustriales pidan las leyes que necesitan para que el estado se las elabore y garantice [3], o cuando demostró una gran alegría al recibir un premio de la CAO y de la Asociación de Predios Productivos Avasallados (ASPPA) por haber promovido la ley anti-avasallamiento de tierras que ahora dejará en la cárcel por más de ocho años a los campesinos e indígenas que luchen por recuperar sus tierras, todo para resguardar la propiedad latifundista [4]. Todos estos hechos son preocupantes, indignantes e inaceptables, pero el meollo del asunto es entender cómo, en términos generales, no ha sido esa oligarquía la que ha quedado subordinada a un “proceso de cambio” diseñado por el gobierno, sino que más bien el gobierno ha asumido los intereses de esa oligarquía y los ha puesto en práctica como política pública. En otras palabras, no es una alianza “estratégica”, los intereses de aquel grupo de poder se han convertido en buena medida en los intereses del gobierno de morales. Veamos en que consiste esto.

Primero, en la Bolivia actual existe un marco jurídico que por vez primera constitucionaliza el latifundio. El Art. 399 de la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional reconoce que la propiedad del latifundio no será afectada si es que ésta ha sido adquirida con anterioridad a la vigencia de la nueva CPE, es decir, la mayor parte del latifundio del país. Este artículo, junto con muchos más, como la eliminación de la representación directa de autoridades indígenas originarias campesinas en el congreso, o la limitación del alcance de las autonomías, pueblos indígenas originarios campesinos, fueron modificados por la cúpula del MAS en negociación con la cúpula de la oposición parlamentaria encabezada por la oligarquía terrateniente. Recordemos que la Constitución Política del Estado vigente actualmente no es la constitución que resultó de la Asamblea Constituyente, que pese a sus limitaciones era un proyecto que recogía varias aspiraciones populares, entre ellas la Reforma Agraria y autonomías indígenas originarias campesinas mucho más profundas. Esa propuesta constitucional nunca llegó a referéndum porque, en 2009, el gobierno, echando por la borda años de lucha popular y en aras de consolidar su poder a partir de su articulación con las élites económicas, produjo una nueva constitución al margen de los sectores populares, y modificó más de cien artículos de la propuesta inicial, dejando de lado las principales aspiraciones que en ella se reflejaban, entre ellas las posibilidad de una Reforma Agraria real.

El argumento que el gobierno utilizó para disminuir la presión de esa demanda histórica por la Reforma Agraria, fue que se iniciaría una redistribución de tierras latifundistas a través de la figura del cumplimiento de la Función Económica y Social (FES) de la tierra. Si el gran latifundio demostraba ser productivo, entonces no sería intervenido y se respetaría la propiedad de cientos de miles de hectáreas en manos de muy pocas familias, pero si no se demostraba esto, entonces las tierras serían revertidas al estado y redistribuidas entre comunidades indígenas, originarias o campesinas. Paralelamente a esto se propuso acelerar el proceso de saneamiento de las TCOs (denominados ahora como Territorio Indígena Originario Campesino-TIOC) y en general de toda propiedad agraria, incluyendo las tierras fiscales; proceso que se había iniciado en la época neoliberal pero que había avanzado a un ritmo muy lento. Efectivamente, para el año 2009 el proceso de saneamiento avanzó de manera significativa, principalmente en lo que corresponde a las TCOs, las cuales también se beneficiaron de una gran cantidad de tierras fiscales redistribuidas. Sin embargo, la gran propiedad terrateniente prácticamente no fue tocada. Al margen del caso de Pando –en el que los terratenientes tenían en su mayoría concesiones y no derechos propietarios–, de las 45 millones de hectáreas consideradas mediana y gran propiedad (casi la mitad del territorio nacional), sólo fueron saneadas 2 millones de hectáreas. En buena medida esto se debe a que el gobierno ha venido postergando la entrada en vigencia de la FES desde el inicio de su primera gestión –y lo continúa haciendo– [5]. Por este motivo es que se puede afirmar categóricamente que la estructura de la tenencia de la tierra, aquella que favorece a los grandes terratenientes, está incólume en Bolivia.

El haber postergado y marginado este horizonte reivindicativo rural, no pudo, sin embargo, pasar como un hecho irrelevante, ya que siempre fue uno de los puntos centrales de la agenda de lucha popular. Para desviar la presión de las bases, lo que el gobierno ha hecho es elaborar una nueva narrativa que esconde el gran problema del latifundio, incluso llegando a afirmar que éste ha desaparecido del país y que esas tierras se encuentran en manos de las comunidades [6]. Pero para esconder este problema ha tenido que generar un nuevo “enemigo”, y este enemigo han resultado ser las TIOCs. Entonces, la estrategia ha sido dejar de hablar de las millones de hectáreas que están en pocas manos privadas, para polemizar en torno a las comunidades que habitan en las TIOCs y que disponen de amplios territorios comunitarios. Poco a poco esto ha debilitado las alianzas que otrora habían establecido organizaciones indígenas, originarias y campesinas, e incluso las ha llevado a enfrentarse entre sí –Indígenas vs. Campesinos–. Resulta, entonces, que en este país los nuevos latifundistas son las comunidades indígenas que habitan sus territorios históricos, mientras que los grandes latifundistas –los reales, aquellos que controlan casi la mitad del territorio del país y que son engranajes del gran capital global– no existen, o si existen se los denomina como la “moderna y pujante agroindustria nacional”, dejando de lado su impronta terrateniente.

Ahora bien, el apoyo a esa oligarquía ha venido acompañado de toda una serie de medidas políticas de cuidado y potenciamiento de este sector. Por ejemplo, para 2006 –primer año de gobierno del MAS– la producción de soya transgénica correspondía a poco más del 20% del total de la soya producida, para el año 2012 la soya transgénica representó el 98% de la producción según datos de la propia Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas (ANAPO) [7]. Sobre este tema el gobierno se ha manifestado afirmando que la biotecnología – ya que no usan el concepto de “transgénico”– es útil para incrementar la productividad y que su uso debe ser ampliado a otros sectores agrarios. Otro gran apoyo del gobierno a este sector ha sido el denominado “perdonazo agrícola”, que no fue otra cosa que una ley (N° 337) para la legalización de desmontes ilegales. Entre el periodo 1996-2011, fueron deforestados de manera ilegal 5,5 millones de hectáreas, pero con el pago de una multa irrisoria esos desmontes, con costos sociales y naturales escandalosos, fueron legalizados, y, además, se convirtieron automáticamente en tierras con Función Económica y Social, es decir con garantías para la propiedad privada latifundista.

En abril de este año se llevó a cabo la “Cumbre agropecuaria: sembrando Bolivia”, donde participaron el gobierno, las organizaciones de la oligarquía terrateniente y dirigencias de las organizaciones indígenas y campesinas afines al gobierno. Más allá de todo el acto performativo y de los elocuentes discursos del presidente, vicepresidente, dirigentes campesinos y empresarios, lo cierto es que esta Cumbre puede considerarse como la consolidación de la fusión de los intereses de aquella oligarquía terrateniente con los del gobierno, basta con mirar los puntos más álgidos de las conclusiones para corroborar esto: aun mayor ampliación del plazo de verificación de la FES, entrega de títulos saneados a latifundios, ampliación de la frontera agrícola para la producción agroexportadora –que nada tiene que ver con la seguridad alimentaria–, etc. [8]

El Estado “Plurinacional” de Bolivia se está consolidando a partir de estas alianzas de clase, la participación dirigente de la oligarquía terrateniente al interior de la estructura estatal no es un hecho circunstancial, todo lo contrario, es consustancial a este estado y a su forma de dominación. Y lo que se tiene que tomar muy en cuenta es que si bien este proceso lo viene impulsando el MAS –y así lo intentará seguir haciendo hasta el 2025–, la fuerza de la oligarquía terrateniente al interior del estado boliviano trasciende al propio MAS y será una marca de la dominación a futuro, hasta que la luchas populares nuevamente pongan en cuestión a esta élite. Para que esto suceda también será importante que las bases, principalmente de las organizaciones campesinas, retomen el control de sus organizaciones, las cuales ahora se encuentran en manos de unas dirigencias subordinadas a la estructura partidaria del MAS.

Decir que el MAS es de derecha no es un eufemismo. En Bolivia históricamente entendemos por derecha la acción de ciertas clases dirigentes, entre ellas la terrateniente que siempre ha actuado en detrimento de los intereses populares. En este momento, como vimos, el gobierno de Morales es el mediador político de los intereses de esta oligarquía, por tanto es un gobierno de derecha. Si analizamos las relaciones que el gobierno ha establecido con el capital transnacional en el sector de la minería e hidrocarburos, y con las nuevas élites emergentes, no haremos más que confirmar esta aseveración.

Es hora de que el pueblo boliviano empiece a hacer lo que sabe hacer cuando la derecha está allá arriba.

Notas


[2] http://www.elpaisonline.com/index.php/2013-01-15-14-16-26/centrales/item/154563-infiltrados-o-invitados-la-derecha-se-cuela-en-el-mas

[3] https://www.youtube.com/watch?v=9oWtM6arFWk&index=18&list=WL

[4] http://hoybolivia.com/Noticia.php?IdNoticia=117961

[5] http://www.eldeber.com.bo/economia/evo-presenta-normas-referidas-cumbre.html

[6] http://www.jornada.unam.mx/2012/02/07/politica/002e1pol

[7] ANAPO 2013 Anuario Estadístico 2012 (Santa Cruz: ANAPO)

[8] http://www.cfb.org.bo/noticias/economia-comercio/mesa-1-tierra-y-estructura-agraria-cumbre-agropecuaria-sembrando-bolivia

Huáscar Salazar Lohman (1983). Economista boliviano, vivió seis años en México donde realizó sus estudios de posgrado. Su más reciente publicación: “Se han adueñado del proceso de lucha” Horizontes comunitario-populares en tensión y la reconstitución de la dominación en la Bolivia del MAS (2015). Es miembro de la Sociedad Comunitaria de Estudios Estratégicos.


Un gobierno etnocida

Raúl Prada Alcoreza

¿En qué se basa el imaginario gubernamental para creerse gobierno popular, inclusive, la ironía, gobierno indígena? ¿En qué tiene un presidente indígena o, por lo menos, se parece? ¿En qué tiene una Constitución, donde están consagrados los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, a pesar que la Constitución haya sido puesta en vitrina, por un gobierno que ha optado por desmantelarla y vulnerarla, continuando el desarrollo legislativo, bajo los procedimientos y la lógica de la anterior Constitución liberal? ¿En qué cree en un imaginario montado sobre la propaganda “ideológica” de un gobierno populista, que, en la práctica, repite el método de las relaciones clientelares de dominación de todo el modelo político populista?

Estas escenificaciones solo se la creen los llunk’us, los aduladores, los apologistas, y esa “izquierda” internacional, que para lo único que sirve es para medrar detrás de las sombras de “gobiernos progresistas”, alimentando sus ilusiones anacrónicas de que asiste a “revoluciones”. “Revoluciones” que no son otra cosa que la comedia triste y gris de lo que fueron antaño, en el siglo XX, las revoluciones socialistas, incluso las revoluciones nacionalistas, de estos inaugurales populismos. Ahora, los llamados gobiernos progresistas no hacen otra cosa que investirse con las aureolas de estas revoluciones, creyendo que con este disfraz se unge de su efecto transformador, cuando lo único que hace este disfraz es presentar a fantoches como líderes y caudillos de “revoluciones” que nacen muertas, pues la voluntad de estos caudillos, de los apologistas que los acompañan y los llunk’us infaltables, no es de transformar nada, sino de ocupar el lugar de los derrocados, los gobiernos neoliberales. Barnizando esta gubernamentalidad monetarista y extractivista de símbolos pluralistas, indigenistas, semi-socialistas. A esta farsa llaman “revolución democrática cultural”, en otro lugar llaman “revolución ciudadana”.

takovo400Este gobierno, el de Evo Morales Ayma y su clarividente jacobino, Alvaro García Linera, es un gobierno etnocida; es decir, anti-indígena. Lo ha sido, de manera evidente, no solo desde el conflicto del TIPNIS, cuando se ocupó un territorio indígena, reconocido por la Constitución, por las leyes, por un título otorgado, por el mismo presidente, de territorio comunitario, sino desde antes, cuando el presidente nato del Congreso hizo intervenir con el poder constituido al poder constituyente; Congreso declarado constitucional, interviniendo y revisando – situación insólita - la Constitución, aprobada en Oruro por el poder constituyente, la Asamblea Constituyente. El último jacobino o pretendido bolchevique crepuscular, sacó la reforma agraria de la Constitución, salvando a sus amigos terratenientes; buscando, además, aminorar los alcances de una Constitución que propone el Estado Plurinacional Comunitario y Autonómico. Ahora este personaje, digno de los cuadernos de Nicolás Maquiavelo, apunta a hacer reformas de la Constitución, persiguiendo el desmantelamiento completo; sacando todo aquello que es un obstáculo para su geopolítica extractivista[1].

Este gobierno, pretendido gobierno de los movimientos sociales, incluso gobierno indígena, responde o es la nueva singularidad política del mismo Estado-nación, restaurado, consolidado, ensanchado y relegitimado, por esta pantomima, que es la tramoya del gobierno progresista. Su ilusión es el desarrollismo, como lo fue tanto de los nacionalistas, así como de los liberales y neoliberales, aunque tengan versiones distintas. Su materialidad estatal es la del Estado rentista, su política económica sigue siendo monetarista, como lo fue la política económica de los neoliberales, aunque esté edulcorada por demagogia “antiimperialista”; y su modelo económico es extractivista colonial del capitalismo dependiente. Estas son las condiciones y características de posibilidad históricas de este gobierno. No se entiende en que se basan los que pretenden atribuirle características progresistas, en el sentido de una transición, aunque sea tibia, hacia un pos-capitalismo. Esto no solo es engañarse, sino, además de no explicar nada, es desarmar a las capacidades de luchas de los pueblos. Esta gente, la que usa esta retórica inconsistente, son los nuevos conservadores, incluso los nuevos reaccionarios, las expresiones atiborradas de la contrarrevolución contemporánea.

Si hay gente que se autoproclama “marxista”, incluso “bolchevique”, sustrayendo estos nombres, usándolos para legitimar las acciones espantosas de estos “gobiernos progresistas”, no hay por qué tomarlos en serio. Son los impostores, que aparecen en toda revolución, sobre todo cuando éstas entran en decadencia. Tienen una concepción deportiva del “marxismo” y del “bolchevismo”; creen que es cuestión de ponerse una camiseta y defender fanáticamente al equipo. Cuando las revoluciones, que llegan al poder, y se dejan atrapar por las mallas y redes del poder, ingresando a un franco proceso contrarrevolucionario, esta gente es la que sustituye a los que lucharon, que son desplazados, púes incomodan. Cuando se escuchan sus argumentos de defensa del “gobierno progresista”, que se les antoja hasta de “revolucionario”, se evidencia, a todas luces, su desconocimiento, tanto del marxismo como del propio bolchevismo, salvo una noción de manual o, en el mejor de los casos, un inventario fragmentario de citas descontextuadas. Tienen, en la cabeza, como dice Federico García Lorca, de la guardia civil española, una vaga astronomía de pistolas inconcretas, el cielo se les antoja, una vitrina de espuelas; tienen, por eso no lloran, de plomo las calaveras[2].

Itinerario de otro atropello gubernamental contra los pueblos indígenas

Recurrimos para tocar el tema álgido en cuestión, la represión al pueblo guaraní por parte del gobierno progresista, a lo difundido en Territorios en residencia[3].

El martes 18 de agosto, el gobierno del presidente indígena Evo Morales Ayma, dio la orden de intervenir violentamente el bloqueo de caminos, efectuado por organizaciones indígenas guaraníes. Los pueblos indígenas exigen la consulta con consentimiento, previa, libre e informada, como establece la Constitución, además de los convenios internacionales. Cuestionando los cuatro Decretos Supremos, firmamos por el presidente. Decretos que habilitan la exploración y explotación petrolera e hidrocarburífera, inconsulta e inconstitucional, en sus territorios, reconocidos como territorios de los pueblos y naciones indígenas originarias por la Constitución. La policía no solo desbloqueó la carretera internacional, que vincula Bolivia con Argentina, a la altura de Camiri; también asaltó, entro a saco, como quien dice, a la comunidad Yateirenda. Para tal efecto, usaron, nada más ni nada menos, media tonelada de gases químicos, en contra de mujeres, de niñas y niños, ancianos y ancianas; los persiguieron, hasta lograr golpearlos, incluso torturarlos, además de arrestarlos; sin cumplir con ningún procedimiento legal. Hay, hasta el momento, veintisiete detenidos, dos mujeres, además de cuatro menores de edad[4].

Los indígenas heridos de gravedad, internados en el Hospital Bajío, en zona la Cuchilla, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, de acuerdo a la lista escrita por el abogado del caso, son: Domingo Castedo, 70 años, Felipe Nicolás, 67 años, José S. Ávila, 50 años, Pablo Hurtado, 21 años. El diagnóstico es el siguiente: heridos de gravedad, poli-contusos, con heridas abiertas en la cabeza o en el cuerpo, con riesgo de perder órganos o miembros. Necesitan urgentemente medicamentos y dinero para pagar intervenciones quirúrgicas[5].

El testimonio del guaraní llamado Gonzalo, pide ayuda para reconstruir Yateirenda, pide alimentos para indígenas reprimidos y para los heridos; damnificados por la represión sañuda del gobierno: "les pedimos que lleven la ayuda a la comunidad Yateirenda. No solo es comunidad Yateirenda; ahí están reunidos todos los indígenas, que son parte del sur, del este, del norte. Hay guaraníes, guarayos, chiquitanos, weenhayek. Todos los que estamos, todos los que somos. Ahora no tenemos con qué comprar, ni con qué comer, ni dónde dormir, ni ropa. Esa es nuestra situación lamentable;”[6].

Otro testimonio dice: “En Yateirenda nos hemos organizado para hacer bloqueo esporádico. Nos entendían los chóferes, nos entendían los pasajeros; ellos nos apoyaban. Nos decían ‘es justo’, ‘les apoyamos’ (…) Por último, llegaron los policías; nos han masacrado, nos han hecho más que en la guerra. En la guerra, por lo menos, se tiene bandera blanca, se cuenta con la Cruz Roja, también con informaciones. Que se puede llevar y dar a conocer; pero, a nosotros se nos ha negado estos derechos. Estamos totalmente abandonados. Con el gas disparado contra nosotros, han espantado todo; ya no hay qué comer. Ahorita, ni agua; no hay víveres, entraron a saquear las viviendas. Y por último, nuestras autoridades, orgánicamente constituidos, están perseguidas; se han declarado en clandestinidad. Nosotros, los comunarios, estamos aquí en pie de lucha. Estamos cerca de los que están detenidos. La única que nos está apoyando, de manera voluntaria, de todo corazón, por ese patriotismo, de vivir de manera digna, es la UAGRAM, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno”[7].

“Hemos escuchado en diferentes medios, que están recolectando víveres; les pedimos que lleven a comunidad Yateirenda”. “Realmente nos hemos quedado sorprendidos por este acto inhumano. De verdad este gobierno se ha disfrazado, igual que en 1952; nos decían “tierra para todos”. ¿Y cómo ha salido ese gobierno del 52? Ahora, este gobierno del 2005, no sabemos cómo va a salir, pero estamos muy indignados”[8].

Se nota el dramatismo de la situación, expresada por los testimonios; la intensidad de la represión; la violencia descomunal desatada contra los pueblos indígenas. Todo esto, de parte del gobierno, por defender su modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente. Como en otras épocas, se comprueba, una vez más, ahora, en las condiciones histórico-políticas del neo-populismo, que los Estado-nación subalternos, son los dispositivos administrativos de la transferencia de los recursos naturales de las periferias a los centros del sistema-mundo capitalista. Forman parte del sistema-mundo, del orden mundial de dominaciones, aunque sus roles se desenvuelvan en márgenes de maniobra permitidos y delimitados. Si bien, estos márgenes de maniobra les permiten distinguirse, en su singularidad, por ejemplo, un gobierno progresista de un gobierno neoliberal, de todas maneras, ambos gobiernos, cumplen sus roles, distinguidos en sus discursos y retóricas, en los márgenes permitidos por la geopolítica del sistema-mundo capitalista. Estos roles son los relacionados a la división del trabajo internacional y a la jerarquía diferenciada de las economías; unas economías corresponden a los centros móviles, que pueden desplazarse, donde ya participan las llamadas potencias industriales emergentes, otras economías corresponden a la subalternidad de las economías extractivistas de las periferias.

¿Por qué se ataca con tanta vehemencia a los pueblos indígenas? ¿Qué son estos pueblos en el imaginario gubernamental? Según la idea obsecuente que tiene el vicepresidente, se trata de organizaciones manipuladas por ONGs, que están en contra del “desarrollo”, que por lo que hacen, están al servicio de intereses foráneos, utilizando a los indígenas para sus propios fines. Este discurso, en su formato, se parece, en mucho, a todo discurso “desarrollista”, que encuentra en los pueblos indígenas el obstáculo para el “desarrollo”.

Por otra parte, parece el formato de gobiernos liberales y neoliberales, incluso de gobiernos de facto, que encuentran conspiradores detrás de reivindicaciones sociales, colectivas, indígenas. Esta descalificación implícita de los pueblos indígenas, quienes son considerados como infantes, susceptibles de manipulación, que no piensan con cabeza propia, habla de por sí de la gente que emite esta clase de discursos. Para esta tesis peregrina el mundo se divide entre líderes buenos y conspiradores malos; en el medio están los que tienen que ser dirigidos, pues se supone, que ellos mismos no pueden dirigirse ni autogobernarse, o también, los que son sujetos de toda clase de manipulación. Esta elemental concepción del mundo es la que sirve de sustento a la argumentación gubernamental. Como se puede ver, no es gran cosa este silogismo barato; no se hace esfuerzo por mejorar la argumentación; por hacerla más creíble. Se confía en la confianza que tiene el pueblo a sus líderes. Esto basta; cualquier cosa que se diga por ellos va a ser aceptada por el pueblo. También, como se ve, se tiene una imagen disminuida del pueblo. Es la víctima, atendida por el caudillo, por el gobierno, por el intelectual orgánico de este populismo tardío. Se olvidaron que es este pueblo el que se ha levantado, se ha revelado, se ha insurreccionado, manteniendo una movilización prologada por seis años, llevándolos a estos engreídos personajes al poder. Que puede ser este mismo pueblo, que, si bien confió en ellos, el que se canse y vuelva a buscar otras rutas, otras formas, de transiciones emancipadoras.

En relación a la pregunta que hicimos, vamos a proponer una hipótesis interpretativa, que vaya al núcleo del asunto.

La movilización prolongada del 2005 al 2006 fue, en el fondo, un levantamiento indígena, inaugurando el nuevo milenio. Lo decimos sobre todo por su eje descolonizador, por la participación de los pueblos indígenas, no solo en las condiciones de autodefinición étnica, por así decirlo, sino en su condición de migrantes urbanos y transformaciones sociales y subjetivas campesinas. La Constitución, que establece la estructura política del Estado Plurinacional Comunitario y Autonómico, es una Constitución que se sustenta en la procedencia matricial indígena. Si bien, también se puede hablar del eje nacional-popular, recogido de las tradiciones de luchas del pueblo boliviano, así como del eje socialista, aunque mencionado con menor intensidad, se puede decir que en la articulación de los tres ejes, el eje descolonizador, el eje de las luchas indígenas, hace significación crucial de la interpretación de la movilización prolongada.

Entonces el gran problema que tiene el gobierno populista es este núcleo del acontecimiento de la movilización prolongada, denominada “proceso de cambio”. El gobierno populista, aunque lo haga de manera demagógica, aunque sea una impostura y usurpación, una hipostasis, tiene que presentarse como gobierno indígena. Cuando las contradicciones estallan, como en el caso del conflicto del TIPNIS, como ahora, enfrentándose a los pueblos guaraníes y a los pueblos indígenas de tierras bajas, el gobierno se ve en dificultades en explicar estos contrastes evidenciados. A pesar de los esfuerzos que hace por hacerlo, por darle un barniz “teórico”, como cuando presentó su explicación en el libro Geopolítica de la Amazonia[9], queda sin saldar la deuda; sus explicaciones terminan siendo fofas, insostenibles, y, lo peor, pobres en fuentes, en investigación, desconociendo papablemente de lo que habla.

Es que no se puede suplir una explicación necesaria, construida por conocimientos, basados en la experiencia social, en la memoria social, sobre todo en investigaciones hechas, analizando las condiciones y las características de las estructuras y relaciones sociales en cuestión, por un forzado y artificial armado de argumentos montados, como en un rompecabezas.

Por lo tanto, inconscientemente, usando el concepto metafóricamente, para ilustrar, el imaginario gubernamental, tiene ante sí, en la presencia, demanda y exigencia de los pueblos indígenas, la marca, la huella, ineludible de a lo que falta, de a lo que no cumple, de lo que lo señala como impostor. En consecuencia, la relación con los pueblos indígenas, que, en principio, fue de cita, mencionándolos como protagonistas del “proceso de cambio”, se fue tornando, poco a poco, en contradictoria, hasta convertirse en antagónica. Cuando esto ocurre, no puede el gobierno actuar sino de manera represiva y violenta, como lo hace, quiere borrar de sus recuerdos la memoria de su culpa con los pueblos indígenas; la única manera de poder hacerlo es borrándolos del mapa.--- NOTAS

[1] Ver de Raúl Prada Alcoreza Miseria de la Geopolítica. Autodeterminación; La Paz 2014. Dinámicas moleculares; La Paz 2013-15. http://dinamicas-moleculares.webnode.es/news/miseria-de-la-geopolitica/. Amazon: https://kdp.amazon.com/bookshelf.
[2] Ver de Federico García Lorca Romance de la Guardia Civil Española; en Romancero gitano. Obras completas; tomo I. Bilbao 1975.
[3] Ver Indígenas piden ayuda para heridos y para Yateirenda, después de represión; en Territorios en Resistencia. http://www.territoriosenresistencia.org/.
[4] Ibídem.
[5] Ibídem.
[6] Ibídem.
[7] Ibídem.
[8] Ver Indígenas piden ayuda para heridos y para Yateirenda, después de represión; en Territorios en Resistencia. http://www.territoriosenresistencia.org/.
[9] Ver de Alvaro García Linera Geopolítica de la Amazonia. Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. http://www.vicepresidencia.gob.bo/IMG/pdf/geopolitica_de_la_amazonia.pdf.