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El 24 de febrero de 2017 se aprobó en Cámara de Senadores la nueva Ley General de la Coca... Conozca la misma Ley y documentos y videos críticos al respecto.

La Politica de la coca y drogas en Bolivia

Análisis de las últimas leyes de la Coca y las Sustancias Controladas con Maria Lohman en el programa de DECURSOS del CESU de Carlos Crespo; en el marco de la Plataforma COLI - Coca Orgánica Libre e Informada.

Carta abierta: Rechazo público a la Ley General de la Coca

Un grupo de ciudadanos y profesionales firman una carta abierta, firmada el 28 de febrero de 2017, con argumentos para rechazar la nueva Ley General de la Coca. Vea la carta AQUÍ

ESTADO, CONSUMIDORES Y LENGUAJES DEL PODER EN LA LEY GENERAL DE LA COCA

Carlos Crespo Flores
CESU – UMSS
COLI - Marzo 2017

INTRODUCCIÓN

El 11 de marzo del 2017, el presidente Evo Morales promulgaba la nueva Ley General de la Coca, donde expresaba sentirse "orgulloso y honrado" de promulgar esa norma porque significa “enterrar la Ley 1008” que – en su lectura - busca coca cero en Bolivia, y declaraba “traidores” a quienes se oponen a la ley 906.1

Será para sentirse orgulloso y honrado este nuevo texto jurídico de la coca? El tema coca ha merecido escaso interés en el mundo académico, en algún caso autocensura incluido. La coca constituye uno de los imaginarios del Estado Plurinacional, es uno de sus dispositivos para estructurar el nuevo sujeto plurinacional, por tanto es necesario estudiar los alcances de su marco jurídico. Este hecho se complejiza si observamos que el 90% por lo menos, está destinada al narcotráfico.

Argumento que la ley general de la coca No 906, tiene un enfoque estadocéntrico, centralista, de planificación arriba abajo, pero donde las organizaciones sociales cocaleras tienen autonomía para manejar el circuito económico de la hoja, bajo el manto del “control social”. Asimismo, la nueva ley ignora las demandas y necesidades de los consumidores, acullicadores que requieren una coca saludable, por tanto orgánica.

Más aún, la ley 906 instrumentaliza el discurso académico para justificar la nueva política de la coca y su decisión de ampliar la frontera agrícola de la "hoja sagrada", en el trópico cochabambino particularmente. Todo ello orientado a reproducir y fortalecer un régimen de dominación conocido como Estado plurinacional, uno de cuyos símbolos es la hoja de coca. Estas son las entradas del presente texto. (Descargue el documento completo AQUÍ)

Las verdades de la coca

Carlos Crespo
Los Tiempos, 14 de abril de 2017

En la producción de la verdad otras verdades son ignoradas, excluidas o dejadas en “el rincón del olvido”, por los poderes dominantes. Este es el caso de la coca y la reciente aprobación del marco normativo para la Erythroxylon coca . Dos artículos en medios de prensa internacionales, donde se tiende a elogiar la nueva ley general de la coca, dejando de lado problemáticas, por lo menos conflictivas. Particularmente deseo hacer referencia a los argumentos Kathryn Ledebur, directora de Red Andina de Información, y de Linda Farthing, quienes desde tiempo ha, defienden la política plurinacional de coca y drogas.

Para Kathryn Ledebur, la nueva ley de la coca boliviana “no es perfecta, pero es realista y pragmática” afirma en un reportaje de la BBC. Y en otro, elaborado por Linda Farthing para el periódico The Guardian, Ledebur afirma que la nueva ley es un paso en la dirección correcta: “Pese a los acuerdos para aumentar el cultivo, esta ley tiene valor real porque extiende de manera significativa el control del gobierno sobre la producción y la comercialización de la coca”. Más aún, “la normativa boliviana recién promulgada podrá traer mejores resultados a ese país en comparación con las normativas vigentes en Colombia y Perú”, donde “…la ley no permite casi nada de plantaciones de coca y (en Colombia) tienen 96.000 hectáreas”. Finalmente, destaca que el hecho de que la “la normativa (en Bolivia) país es “negociada” con los propios productores de coca, algo que no ha sucedido en los otros dos países que más coca producen en el mundo”.

Por su parte, Linda Farthing, repitiendo un argumento compartido con Ledebur sobre el control social en las zonas cocaleras, afirma que “el gobierno de Morales ha tenido éxito en limitar el cultivo gracias a un innovador programa comunitario ejecutado por el sindicato de productores de coca que garantiza que los agricultores no cultiven más de la cantidad asignada”.

Para desmentir las afirmaciones de las dos investigadoras estadounidenses entusiastas por el “proceso de cambio” cocalero, narro dos historias. La primera proviene de un reportaje del periodista Andrés Gómez, las dos siguientes me las contaron.

Historia 1. ¿Qué es un lote blanco? “Son los lotes originales que ha sido parcelados, divididos hasta en cinco lotes”… cuando el Trópico cochabambino fue colonizado se distribuyeron dos tipos de terreno: unos de 20 hectáreas y otros de 10. Los de 20 han sido dividido en tres, cuatro y hasta en cinco lotes y los de 10 en dos; la nueva parcela es lote blanco y tiene su qatu de coca”…. (estos qatus ) “no están registrados en la Unidad de Desarrollo Económico Social del Trópico (Udestro), pero sí están registrados en cada sindicato”… “Con tu lote blanco te afilias a un sindicato y para empezar te permiten medio qatu, que luego se convierte en un qatu ”.

Historia 2. Cuando llega el tiempo de cosecha del cato de coca, el dueño convoca a familiares y amigos, como grupo de ayuda, y empieza la cosecha. Cuando concluyen, esta es tirada al piso sobre mantas; empiezan a mover la coca para ayudar la deshidratación. Completado el proceso, embolsan el producto. Todo esto se realiza rociado festivamente de unas cervezas. De un cato hoy sale en promedio 6 a 8 paquetes. Culminado el embolsado, a las horas llega la “compradora” en su carro lujoso, hacen el negocio con el dueño del cato (normalmente pagan 2.500 Bs por paquete), las bolsas son cargadas y se las llevan sabe Dios dónde; al dueño del cato no le interesa a quien vende, ni el destino, y que siga la fiesta…

Historia 3. Una estudiante de Sociología chapareña, ya con su chaco propio, participó en la asamblea del sindicato al cual está afiliada, donde se analizaba una medida del gobierno y el rechazo que estaba sufriendo a nivel nacional. La estudiante, con información independiente del hecho analizado, intervino en la asamblea, matizando críticamente las afirmaciones dominantes. La reacción negativa de los dirigentes fue tal que llegaron a amenazarla con quitarle el chaco si continuaba defendiendo posiciones ajenas a la verdad del presidente Evo.

El patrón común en las tres historias es que tales prácticas y comportamientos ilegales y autoritarios solo son posibles en el marco del control social bajo tutelaje estatal. La ley general de la coca lo legaliza e incorpora a la estructura estatal. Estos hechos operan en el marco del control social cocalero, amparado y legitimado por el poder corporativo de los sindicatos, hoy convertidos en verdaderos nodos de las redes del poder plurinacional.

Finalmente, ambos reportajes ignoran que la coca chapareña no es consumida por los acullicadores en Bolivia, en el norte argentino, ni siquiera en el Chapare, y seguramente tampoco por las señoras Ledebur y Farthing, una coca fumigada y totalmente insalubre para el consumo humano.

Ley de la coca beneficia a capitalistas cocaleros, sean grandes o pequeños

CEDLA, 27 marzo de 2017

La expansión de las relaciones capitalistas de producción en las provincias productoras de hoja de coca, favorece a este grupo de fundadores del MAS, que sacan tajada para potenciar su acumulación mientras el partido gobernante no promueve ni aprueba la incorporación de los obreros agrícolas a los beneficios de la Ley del Trabajo.
Una buena parte de los productores de coca o son capitalistas plenos, pues ya han dejado de ser productores directos y lo hacen con el concurso exclusivo de fuerza de trabajo asalariada, o son pequeños capitalistas, es decir, productores directos que, sin embargo, contratan también fuerza de trabajo asalariada, concluye un reciente análisis del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).

La Fuerza antidroga (FELCN) presenta 7,5 toneladas de clorhidrato de cocaína valuada en 379 millones de dólares, incautada en Patacamaya, La Paz, en un cargamento de ulexita, que comercializaba una empresa con bases en Cochabamba y Santa Cruz. Siete meses antes se halló 8 toneladas de cocaína mezcladas en un cargamento de sulfato de bario, con destino a Costa de Marfil, África]

Una buena parte de los productores de coca o son capitalistas plenos, pues ya han dejado de ser productores directos y lo hacen con el concurso exclusivo de fuerza de trabajo asalariada, o son pequeños capitalistas, es decir, productores directos que, sin embargo, contratan también fuerza de trabajo asalariada, concluye un reciente análisis del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).

La reciente legalización de mayor superficie cultivada de coca beneficiará, tanto a los productores de coca plenamente capitalistas como a los pequeños capitalistas, que son los que han fundado el MAS y que desde el gobierno, sacan tajada para potenciar sus procesos de acumulación, añade.

Los peones y jornaleros asalariados utilizados por estos cocaleros seguirán, paralelamente siendo sobreexplotados, al estar excluidos de las normas laborales. Su número en 11 provincias tanto de Cochabamba como de La Paz, estiman los especialistas, sobrepasa los 600.000 trabajadores asalariados rurales.

“Comprenderá ahora el lector, por qué a once años de gobierno de los ‘movimientos sociales’, el gobernante MAS no aprueba la incorporación de todos los obreros agrícolas del país a los beneficios de la Ley General del Trabajo”, afirma el análisis del área temática Problemática Rural y Agraria, del CEDLA, que presenta Bolpress:

PRODUCCIÓN DE COCA Y TRABAJO ASALARIADO

La reciente aprobación de la Ley General de la Coca ha suscitado un debate que se ha centrado en el destino que tiene la producción de esta hoja en el país; es decir, si la superficie autorizada por esta norma (22.000 hectáreas) se destinará mayoritariamente al consumo de la población (masticación, ritual, medicinal, etc.) o si, por el contrario, esta se destinará fundamentalmente como materia prima para la elaboración de cocaína.

Sin embargo, muy poco o prácticamente nada se dice en relación a las formas de producción que se presentan en este cultivo y, por tanto, a quiénes está beneficiando el gobierno del MAS con esta norma. Los datos del Censo Nacional Agropecuario que se llevó a cabo en 2013, nos permiten aportar al debate sobre la problemática de la coca desde esta perspectiva.

La información de este censo publicada por el INE no identifica a las unidades productivas agropecuarias por cultivo (en este caso de coca). Debido a esta restricción, nuestra aproximación al tema propuesto se hará con los datos correspondientes a las provincias de los departamentos de Cochabamba y La Paz, distinguiendo aquellas donde se autoriza la producción de coca de aquellas que no practican este cultivo. Como se sabe, una parte importante de las explotaciones agropecuarias asentadas en las provincias autorizadas para la producción de coca, se dedican a este cultivo.

A raíz de la reforma agraria de 1953 y de los procesos de colonización de las tierras bajas el país, los procesos de diferenciación social entre el campesinado del país se presentaron inicialmente en las zonas de colonización de los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, tendencia que se fue profundizando tanto durante los gobiernos neoliberales como durante el gobierno del MAS. Diversos estudios realizados a fines de los años de 1960 y de 1970 en las zonas de colonización llamaban la atención acerca de una producción agropecuaria destinada en proporciones cada vez mayores al mercado, así como la expansión de la contratación de peones y jornaleros asalariados por parte de los colonizadores como práctica habitual en la producción de distintos cultivos, entre ellos el de la hoja de coca.

Para Lenin, experto investigador de la problemática agraria, la contratación de fuerza de trabajo asalariada en la agricultura es una de las variables más importantes para demostrar el desarrollo del capitalismo en este sector de la economía.

Como puede observarse en el cuadro 1, en el departamento de Cochabamba, de un total de 81.837 unidades productivas agropecuarias (UPA) que contratan trabajo asalariado, 45.946 UPA, es decir el 56,1% del total, se concentran en las cuatro provincias autorizadas para la producción de coca. Asimismo, los datos relacionados a la contratación de fuerza de trabajo asalariada por parte de estas UPA son relevantes para demostrar la expansión de las relaciones capitalistas de producción en las provincias productoras de hoja de coca. Así, por ejemplo, sobre un total de 640.863 trabajadores asalariados utilizados en la producción agropecuaria en el departamento de Cochabamba durante todo el año agrícola, las cuatro provincias autorizadas para la producción de coca concentran el 49,1% del total, es decir, 314.430trabajadores asalariados.

En el caso de La Paz, el Cuadro 2 revela que sobre un total de 81.936 UPA que contratan trabajo asalariado, 37.193 UPA, es decir el 45,2% del total, se concentran en las siete provincias autorizadas para la producción de coca en este departamento. Asimismo, sobre un total de 578.007 trabajadores asalariados utilizados anualmente en la agricultura, el 62,2% del total, es decir, 360.719 trabajadores asalariados, son contratados para la producción agrícola en las provincias paceñas con cultivos de coca.

Estos datos confirman lo que ya ha sido suficientemente demostrado en diversos estudios: que una buena parte de los productores de coca o son capitalistas plenos —pues ya han dejado de ser productores directos y lo hacen con el concurso exclusivo de fuerza de trabajo asalariada—, o son pequeños capitalistas, es decir, productores directos que, sin embargo, contratan también fuerza de trabajo asalariada. Como se conoce, una parte de esta fuerza de trabajo asalariada proviene de campesinos pobres de otras provincias de ambos departamentos, pero también otra proporción son campesinos pobres de las propias zonas cocaleras que se ven obligados a vender temporalmente su fuerza de trabajo a este tipo de cocaleros, fundamentalmente en las épocas de cosecha.

La ampliación de la superficie cultivada de coca recientemente legalizada beneficiará, sin duda, tanto a los productores de coca plenamente capitalistas como a los pequeños capitalistas, que son los que han fundado el MAS y que desde el gobierno, sacan tajada para potenciar sus procesos de acumulación. Mientras tanto, los peones y jornaleros asalariados utilizados por estos cocaleros seguirán siendo sobreexplotados, pues se encuentran al margen de las normas laborales. Comprenderá ahora el lector, por qué a once años de gobierno de los “movimientos sociales”, el MAS no aprueba la incorporación de todos los obreros agrícolas del país a los beneficios de la Ley General del Trabajo.

REFERÉNDUM PARA ERRADICAR LA HOJA COCA DEL CHAPARE, QUE SOLO SIRVE PARA HACER COCAÍNA

El problema es que la hoja de coca que se produce en el Chapare, no es para el consumo tradicional de la cultura heredada por nuestros ancestros, ya que dicha hoja contiene demasiado alcaloide, esto hace que al consumirlo provoque vomitos, por el alto porcentaje del alcaloide. Como dice Evo, si la hoja de coca del Chapare va el 91% al narcotrafico (reconocido por el Gobierno y Organismos Internacionales), por este hecho es que proponemos un REFERENDO para recolectar firmas. Queremos que se erradique toda la hoja coca de esta región y se sustituya por otros cultivo que den Seguridad Alimentaria a Bolivia, ya que este Gobierno en DIEZ años no ha podido demostrar que NO es cocaína ni sus ¨famosas cualidades,¨ ni tampoco industrializarla, con esto terminamos con el narcotrafico, se disminuye la inseguridad ciudadana y dejan de mirarnos en el exterior como un NARCO ESTADO. Este Gobierno tiene plata para hacer un estadio y un aeropuerto en Chimoré, bien puede substituir todas las plantaciones por otras que sirvan para algo mas que fabricar cocaína.En esa región se cultiva Palmito, Tamarindo, Chocolate, Mango, Piña, Banano, Palma para aceite, Copoasu, Chirimoya, Achachairu, Palta, Coco, etc. varios de ellos exportables y los importamos de Perú. El Referendo es vinculante, si hay un gobierno que puede hacerlo sin conflictos es el actual. Tu vas al mercado y la palta, mangos, chirimoyas, etc. que compras son peruanas, todas estas frutas se produce en el Chaparé, si se realizo un referendo para determinar cuantas hectáreas podía tener un agricultor o ganadero del oriente, porque no realizar uno para que en el chapare no exista coca?.