Somos Sur

31 de octubre, 2019

El conflicto electoral, que no parece vislumbrar una solución para la desmovilización de ambos sectores en lucha, genera varios análisis sobre el mismo. Compartimos algunas notas en este dossier. 

El país arde por la angurria de poder

Rocio Estremadoiro, 30 de octubre 2019

Una canción de Vinicius de Moraes dice: “La tristeza no tiene fin, la felicidad, sí”. Más allá de los laberintos de las subjetividades, se aplica ello a colectividades rotas como las latinoamericanas. Justamente, la canción ambientaba una dura película llamada “Orfeo negro” que, con belleza sobrecogedora, daba cuenta de la terrible desigualdad e injusticia social en Brasil.

Hoy en una Bolivia convulsa podemos decir que respiramos tristeza. Y pensando en la historia del país, sí es posible concluir que nuestra felicidad colectiva es efímera, que siempre termina siendo arrebatada por el abuso de poder.

En estos trece años de hegemonía partidaria hemos presenciado cómo, paulatinamente, se han cooptado las instituciones estatales para colocarlas al servicio de los intereses del partido oficialista. Nos cansamos de ver la asimilación más vergonzosa del Poder Judicial, de Gobernaciones y municipios supuestamente autónomos, Tribunal Constitucional, etc. Hasta organizaciones sociales históricamente rebeldes, la COB, sindicatos campesinos y movimientos indígenas, fueron divididas y convertidas en prospectos funcionales.

Igualmente, el 21 de febrero de 2016 el Gobierno organizó un referéndum “vinculante” consultando la modificación a la Constitución con el objetivo de que los caudillos del MAS se repostulen. Perdieron. Entonces, a partir de la cooptación y manipulación institucional, botaron el tablero y recurrieron a argucias leguleyescas para asegurar la repostulación. Ese momento, acabaron de destruir la enclenque institucionalidad boliviana porque además sembraron lo que ahora cosechamos: Un pueblo que no muestra un ápice de confianza en las instituciones estatales y menos en las que dirimen los procesos electorales.

Si a eso le sumamos la actuación sospechosa e irregular del TSE en el marco de los últimos comicios, tenemos la situación de que la olla a presión ya se rompió. Cuando el país se sumió en una convulsión sin retorno, seguimos esperando una explicación respecto a la suspensión de la trasmisión del conteo de votos por casi 24 horas. A ello hay que adicionar las denuncias de fraude desde distintos frentes. En relación a esto, ¿salió el TSE a dar una explicación oficial, institucional y mínimamente inteligente y creíble? Bajo semejante panorama, la ciudadanía sería muy sumisa, muy aguantadora, muy ingenua para no desconfiar.

Por otra parte, qué sórdido el falso clivaje, la tendenciosa dicotomía que nos pretenden imponer para justificar la angurria de dominio. Se presenta lo que está sucediendo como un duelo entre “blancos versus indios”, “citadinos versus gente del campo”, “jailones versus populares”, etc., explotando taras y traumas colectivos y haciendo que cada vez sea más cercano un escenario de violencia irreversible. ¿Acaso lo que ocurre, en realidad, no es la reacción de una ciudadanía que se cabreó del manoseo institucional? Lo más triste es que, en el espectro contrario, reptan los politiqueros de siempre, dinosaurios que reviven y se alimentan de los conflictos, buscando pescar en río revuelto con un mismo fin: Poder.

Mientras tanto, la carne de cañón continuamos siendo nosotros. Y no sólo nosotros, abandonados a los desmanes fascistas de uno y otro lado. Como lúgubre metáfora de lo que somos y de donde hemos llegado, al tiempo que ciudadano se enfrenta con ciudadano, en Cochabamba arden el Parque Tunari y el cerro San Pedro, las mayores expresiones de bien común.

Fuente: Los Tiempos

¡Nuevas elecciones y nuevo TSE! ¡No a una segunda vuelta!

Roger Cortez Hurtado, 30 de octubre 2019

Con espíritu de diablito que recupera la capacidad de tentar al incauto, el vice ofrece al candidato de Comunidad Ciudadana que "se atreva a participar de una auditoría electoral" para que, en caso de demostrar el fraude, se vaya a una segunda vuelta.

Cuando la misión de la OEA y la UE hicieron esta propuesta, subrayando que sus resultados serían obligatorios (vinculantes) para las partes, se basaban en el hecho de que no había concluido el cómputo oficial de votos.

Pero cuando el infame TSE se apresuró a proclamarlos y al mismo tiempo proclamar ganador al binomio oficialista, la auditoría cayó muerta en el acto.

Con resultados arreglados a sus gusto y objetivos, es decir habiendo forzado la mayoría en las dos cámaras legislativas, ahora, el estratega envolvente, el de las promesas de respetar el referendo constitucional "así pierdan con un voto", el que profetizó que "el piso electoral del MAS es del 60 por ciento"; ese mismo, desafía para ver si alguien cae en su oferta tardía y tramposa de segunda vuelta.

Es un ofrecimiento inaceptable porque una auditoría, ahora forense, no puede variar los resultados fraudulentos del congreso, ni conducir al castigo de los delitos electorales, simplemente –después de semanas o meses de disputas– diagnosticaría los problemas, mientras el régimen se afianza y se sale con la suya.

Una auditoría, después de la publicación de resultados finales, de nombramientos de parlamentarios "elegidos", sería sólo una auditoría muerta, para ganar tiempo y reagrupar fuerzas.

Las evidencias, públicas e irrebatibles de la manipulación de los votos, a partir del "apagón" de 23 horas de la Transmisión de Resultados Electorales Previos (TREP) y las posteriores, desmienten que los últimos votos escrutados hayan sido los del campo y muestran que el triunfo de Morales se debe al voto en el extranjero, terminan de cerrar la puerta a un trámite que el mismo gobierno ya liquidó con los "resultados finales oficiales"

La salida es la convocatoria a nuevas elecciones (lo que anula automáticamente las elecciones fraudulentas), con un Órgano Electoral completamente renovado y confiable por su capacidad de actuar independientemente y no como servidores complacientes del Ejecutivo.

Deben realizarse hasta el 15 de diciembre, sin agregar nuevas candidaturas, con prohibición expresa de nuevos gastos de propaganda y publicidad y de entrega de obras, que se usan como campaña tramposa.

Esa es la orientación que va primando en las movilizaciones espontáneas, que resultan hasta ahora más avanzadas.

Esta democracia sin partidos, como muestra el perfil básico de la última elección, debe escuchar las voces del potente movimiento social que está reclamando democracia, cumplimiento estricto de la Constitución y respeto genuino de la voluntad soberana.

Es en la base de la movilización, también, que exige que junto con una salida democrática se atiendan las demandas básicas comunes de educación salud pública y empleo.

Es igualmente apremiante la necesidad de trabajar en un plan de mediano plazo e inmediata aplicación que no nos sumerja en el desastre económico al que apunta el mantenimiento de la política económica derrochadora, endeudadoray favorable a la mayor dependencia política y financiera del país.

Así lo han entendido los cabildos del bloque Sur que proponen un programa básico, presidido por la recuperación de los recursos renovables y no renovables, que son del pueblo boliviano y hoy están expropiados por la política corporativista del régimen.

El truco de la segunda vuelta, propio de las veleidades del vice y también de Morales Ayma, como lo prueba el video histórico que acompaña este texto, debe ser descartado clara e inmediatamente. El video podría titularse "Los cambios de un presidente veleidoso, imprevisible y desconfiable" ver en: https://www.facebook.com/roger.tezhur/videos/10157006410854263/

Fuente: Los Tiempos

Sobre la Auditoría Electoral

José Antonio Rivera S

El gobierno nacional, a través del Ministro de Relaciones Exteriores, ha comunicado a la opinión pública el acuerdo alcanzado con la Organización de Estados Americanos para la realización de la Auditoría sobre el Cómputo Electoral, exhibiendo el texto del documento.

Tomando en cuenta que, el gobierno nacional, a través de la referida Auditoría, pretende aplacar las protestas sociales que van en crecimiento, considero necesario expresar mi opinión al respecto; y lo hago en los siguientes términos:

1º Llama la atención que, siendo así que los ciudadanos y ciudadanas protestan en las calles por el desconocimiento de su voluntad política expresada en las urnas, ello debido a las denuncias de fraude, se hubiese realizado el acuerdo sin la participación de los ciudadanos movilizados. Dicha exclusión genera la desconfianza justificada en la ciudadanía, que ha salido a las calles a protestar pacíficamente porque considera que por segunda vez se está desconociendo su voluntad política expresada en las urnas, exigiendo respecto al régimen democrático y al ordenamiento jurídico vigente, razón por la que es previsible que no se levanten las medidas, como espera el gobierno nacional. Además llama l

a atención que sea el Órgano Ejecutivo el que suscribió el Acuerdo, careciendo de competencia sobre materia electoral, y no sea el Órgano Electoral Plurinacional; lo que, de hecho, vicia de nulidad el acto, conforme prevé el art. 122 de la Constitución.

2º Del tenor de los puntos 1º y 3º del Acuerdo, se infiere que la Auditoría alcanza solamente al proceso de cómputo electoral. No es del proceso electoral, siendo así que, durante todo el proceso se han generado acciones que infringen normas de la Constitución y la Ley del Régimen Electoral, violan derechos humanos, por lo que vician de nulidad el proceso electoral; pues durante el proceso electoral el Órgano Electoral Plurinacional ha asumido acciones y adoptado determinaciones que han generado el fraude electoral denunciado por los ciudadanos y ciudadanas movilizados. Así, se ha incrementado el Padrón Electoral, especialmente en 70 municipios del área rural y en Argentina y Brasil, respecto a ciudadanos residentes. Ese incremento no es proporcional al índice de crecimiento poblacional y al fenómeno de la migración interna que, como se refleja en el censo de 2012, es del campo a la ciudad y no a la inversa. Además, no se ha depurado del Padrón Electoral a los ciudadanos y ciudadanas que fallecieron entre el año 2014 al 2019, lo que ha dado lugar a denuncias realizadas por los familiares de los difuntos de constatar que los fallecidos habían votado.

3º Del texto de los puntos 1º y 2º del Acuerdo se establece que la Auditoría será realizada sobre la base de la información oficial entregada por el Estado, a través del Órgano Electoral Plurinacional. Esa determinación genera nuevamente la duda razonable sobre si realmente la Auditoría será la vía para constatar el fraude electoral denunciado o para validar las irregularidades e ilegalidades cometidas por el Órgano Electoral Plurinacional, principalmente en la realización de los cómputos, departamental y nacional. Lo correcto sería que el trabajo se realice sobre la base de la documentación oficial y la documentación presentada por los ciudadanos y ciudadanas que tienen en sus manos pruebas, tales como los jurados electorales que tienen en su poder una copia del acta de escrutinio, los ciudadanos que tomaron fotografía del escrutinio en su mesa electoral; los trabajos de los ingenieros informáticos que han establecido las manipulaciones de las actas electorales migrando irregularmente votos.

4º En el punto 4º del Acuerdo se estipula que los expertos internacionales realizarán el trabajo de la Auditoría “sin menoscabo de la soberanía del Estado y de la independencia y autonomía del Órgano Electoral”; esa previsión genera más dudas que certezas; a qué acción o acciones se considerará como “menoscabo de la soberanía del Estado e independencia del Órgano electoral”?. ¿No será que el gobierno nacional esgrimirá el argumento de menoscabo de la soberanía del Estado, cuando los expertos pidan la entrega de los soportes informáticos y verifiquen que hubo manipulaciones informáticas?.

5º En el punto 6º del Acuerdo se estipula que “el resultado del informe de auditoría será vinculante para las dos partes”; la pregunta es ¿cuáles son las partes?, debemos entender que ¿son la OEA, que realizará la Auditoría y el gobierno nacional que encomienda esa tarea?; o al contrario, debemos entender que ¿son parte la candidatura oficialista y la candidatura de oposición que, con el cómputo nacional irregularmente realizado, se ubica en segundo lugar?. Ahí se refleja nuevamente el desconocimiento a los ciudadanos y ciudadanas que, movilizados pacíficamente en las calles, están reclamando el respeto de su voluntad política expresada en las urnas; se está reduciendo el problema a dos candidaturas, cuando el problema central es entre el Órgano Electoral Plurinacional, que ha ejecutado un proceso electoral con graves vicios de inconstitucionalidad y, en la etapa del cómputo nacional ha cometido graves irregularidades que, jurídicamente se considera fraude electoral, y los ciudadanos y ciudadanas cuya votación y la voluntad política expresada a través del voto se está desconociendo por segunda vez.

6º Lo más llamativo del caso y que genera no solo desconfianza sino preocupación legítima en los ciudadanos y ciudadanas movilizados, es que en el punto 7º del Acuerdo se estipula lo siguiente: “cualquiera de las partes podrá dar por terminado este acuerdo, sin necesidad de justificar la causa de su decisión, mediante una comunicación escrita dirigida a la otra parte, con una anticipación no menor a cinco días seguidos la fecha de terminación”. Conforme a esa cláusula, el gobierno nacional, conducido hoy por los candidatos oficialistas, puede dar por terminado el Acuerdo, con ello poner fin a la Auditoría, cuando vean que los resultados del trabajo de los expertos confirman las denuncias del fraude electoral, convalidando el proceso electoral que se ha desarrollado con vicios de inconstitucionalidad y los resultados del cómputo nacional irregularmente realizado.

No es racismo, es desprecio

Gustavo Rodriguez Cáceres, 31 de octubre 2019

Sí, desprecio a los dirigentes indígenas, a esos que han desfalcado el Fondo Indígena a esos que hacen pingües negocios a su nombre; pero, defiendo los derechos individuales de los indígenas y sus derechos colectivos.

Derechos colectivos que han sido desconocidos por el gobierno de Evo Morales y el MAS, al imponer la carretera por el TIPNIS; al propinar la brutal golpiza y secuestro en Chaparina y en Takovo Mora; al apoyar las actividades mineras en desmedro de las comunidades indígenas; al afectar el ecosistema de los Tacanas; los ríos de los Esse Ejjas; y hacerse de la vista gorda ante la desaparición de los Pacaguara.

Sí, desprecio a los falsos indígenas, a Evo Morales que no es indígena, sino colonizador; a esos que se disfrazan, travisten y/o añaden detalles indígenas a su hablar y vestir; a esos que discriminan a los propios indígenas; a esos que solo han hecho cosas irrelevantes y grotescas a nombre de los indígenas, por ejemplo: cambiar el sentido del reloj de la Plaza Murillo, construir “la casa del pueblo”.

Sí desprecio a los indigenistas, estilo García Linera, Félix Cárdenas, David Choquehuanca, Diego Pary, Fernando Huanacuni, Esteban Ticona, que solo saben llenarse la boca con los asuntos indígenas, pero no entienden/no conocen en lo más mínimo el funcionamiento de la economía boliviana, sus mecanismos de explotación, los mecanismos de exacción a los indígenas y al pueblo en general; por eso, al estar arrimados al Estado no han logrado nada, excepto, hinchar sus bolsillos.

No he estado en todas las marchas, concentraciones y bloqueos que hay en el país, pero el sentimiento y la actitud en las que he participado, no eran contra los indígenas, no eran racistas, eran y son de desprecio y bronca contra los impostores que nos gobiernan. No niego que haya personas y grupos racistas que pueden participar en estas movilizaciones, pero estoy seguro que son minoría, que son intrascendentes.

Por esto, el desbordado discurso del Ministro Romero, acusando que la actual resistencia civil es racista y hasta fascista es falso: Pero, hay que tener cuidado, porque lo que están buscando Romero y el gobierno, es crear un escenario y un discurso que justifique la represión.