Somos Sur

Comunicado de Prensa

La Paz (Bolivia), 8 de Marzo del 2010


El pasado 5 de Marzo del 2010,  la Ministra de Sanidad y Consumo de España anuncio que España  “donara generosamente”, a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), millones de dosis de vacunas  contra la gripe H1N1 a países de América Latina, entre ellos a BOLIVIA,  anuncio efectuado en su reciente visita a  Washington.

El Gobierno español encargó 37 millones de dosis de vacunas contra el nuevo virus de la influenza H1N1 para cubrir a un 40 por ciento de la población. No obstante, Salud adquirió 10 millones de dosis para atender a todos los casos susceptibles de tratamiento, más una reserva estratégica de casi seis millones de dosis.

La incidencia menor del virus de la gripe H1N1 y la débil demanda de vacunas ha provocado un excedente de dosis al que ahora se intenta dar salida, enviándola a los mal  denominados “países del tercer mundo” (pues hay un solo mundo), que no infrecuentemente son convertidos en depósito o cementerio de tecnología no deseada y a veces obsoleta. De esta forma también se evitan acciones de crítica y demandas de responsabilidad social internas, como las generadas en la propia sociedad civil española, por el movimiento mundial de protección de los consumidores, en este caso, por  los comentarios de la Confederación de Consumidores y Usuarios de España (CECU) ante reunión del consejo de empleo, política social, sanidad y consumidores (EPSCO) de la Unión Europea.

CECU basada en actitud destacable, sostiene que “hablar a posteriori es fácil, pero la responsabilidad a priori es muy importante” e indaga ¿Qué responsabilidad asumen los que toman las decisiones? ¿Quién es responsable? ¿Cómo responde? ¿Ni siquiera se disculpa? . Lo mismo habría que decir en el caso de Bolivia. Según CECU y buena parte de la comunidad científica internacional,  la pandemia de la Gripe A ha desembocado en una sensación de engaño y falsa alarma. Ante la próxima alerta, la reacción puede a ser de absoluta desconfianza y, en caso de que sea real, puede tener efectos devastadores.

CECU, con justicia,  se pregunta, si al parecer sólo se han vacunado 3 millones de personas en el estado  español ¿qué se hará con las dosis restantes? ¿Por qué no se devuelven a los productores para que reembolsen al Estado el precio abonado? ¿Debemos los consumidores correr con el gasto de las dosis no utilizadas a causa de la declaración de pandemia?. La misma pregunta es válida para el caso Boliviano, que reconociendo ser un país tan pobre, sus escasos recursos han sido distraídos de otras prioridades del Sistema Nacional de Salud  Boliviano (SNS) por una insuficiente evaluación de riesgo y por una crónica proclive actitud de aceptar sumisamente las “presiones” generadas desde fuera y por grandes intereses corporativos vinculados más al saludable negocio de “vender nuevas enfermedades” que a cuidar la salud misma de la gente  y las  determinantes sociales de la salud.

CECU exige en España una mejor evaluación del riesgo y mucha más transparencia en todos los estamentos responsables, sobre todo cuando la actividad de los grupos de presión de la poderosísima industria farmacéutica en Bruselas genera cada vez más desconfianza hacia la clase política. Los consumidores deben poseer información oficial sólida y responsable, no alarmista. Los Consumidores bolivianos exigen lo mismo, con la diferencia que en Bolivia aún NO hay una”Ley de Protección a los Consumidores y a los Usuarios”. Por tanto todo parece ser “tolerable” y hasta permisible” en Bolivia, hasta la oposición abierta al ejercicio de los Derechos de los Pacientes.

En Washington, la Ministra Española  también explico el magnifico  funcionamiento y organización del Sistema Nacional de Salud Español. Ojala no se haya explicado como deshacerse de la tecnología biomédica no deseada desde los países ricos, para que los países menos desarrollados asuman la responsabilidad de otros, en aceptar y enterrar deshechos.

El director del Institut Català de Farmacologia, el Prof. Joan Ramon Laporte, en España, opina  «La OMS ha cambiado los requisitos para declarar una pandemia, y lo ha hecho porque existe una clara influencia de la industria farmacéutica sobre sus expertos». Laporte insiste en que semanas antes de declarar la situación pandémica -el 12 de junio-, la OMS ya disponía de datos que indicaban que el virus de la gripe A era poco mortal. «Esta información la tenían también los gobiernos que se apresuraron a comprar millones de vacunas», añade.


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