Somos Sur

Artículo de Oscar Silva Flores
En un verdadero escándalo se ha convertido la difusión de imágenes de la supuesta violación de una menor en las pantallas de una red televisiva; pero bien podría aprovecharse este hecho para iniciar un amplio debate sobre los límites éticos y los conceptos de responsabilidad social que manejan los medios de comunicación y, principalmente, la televisión.

Más allá del hecho en cuestión, censurable desde todo punto de vista, debemos reflexionar acerca de lo que están haciendo los medios, especialmente los televisivos, en nombre de la primicia y el rating. El espectáculo, el show, ha reemplazado a la información en los servicios de noticias. Los principios fundamentales del periodismo han quedado a un lado para dar paso a otros criterios en cuanto a qué se debe “informar” y cómo se debe “informar”. La primicia, sin confirmar, sin respaldo, se impone a la hora de las prioridades informativas. El drama humano, visto desde la posición más descarnada y más morbosa, es la que ahora ocupa los principales espacios en las “noticias”.
Esto no es casual. Los medios de comunicación (léase empresas comerciales de comunicación), particularmente los televisivos, surgidos como hongos al abrigo del neoliberalismo y constituidos ahora en verdaderos poderes mediáticos, buscan, como es lógico, el lucro, y para ello no ven impedimento alguno en cuestiones éticas o de responsabilidad social que se les pongan en el camino. Así que no importa el contenido de la “información” si ésta atrae la atención del público y se traduce en mayor audiencia (rating) y, desde luego, en mayor publicidad, es decir, en más dinero para sus cuentas. Con el argumento insostenible de respeto a la libertad de expresión y libertad de prensa, se han violado de manera permanente principios fundamentales de la ética periodística, haciendo escarnio de honras y dignidades tanto de personajes públicos, cuanto de ciudadanos de la calle, sin importar de quién se trate.
La ausencia de una legislación adecuada, que defienda al ciudadano, ha generado un ambiente de indefensión extrema, pues los mecanismos de la Ley de Imprenta funcionan en este tipo de hechos y en lugar de ser un mecanismo de protección se ha convertido en un medio de encubrimiento de quienes hacen uso discrecional de los medios. Los hechos demuestran que la autorregulación no es suficiente y que, en grupos de intereses tan particulares como el de la televisión, no funciona; que en nuestro país, donde el Estado ha renunciado, por temor a ser tildado de antidemocrático o avasallador, a su papel regulador y normador, se requiere de otras acciones.
La sociedad no puede quedar en el estado de indefensión en el que se encuentra. La Ley de Imprenta es insuficiente –para decir lo menos– frente al desarrollo tecnológico de las comunicaciones, y su capacidad sancionadora de faltas y delitos, cometidos a través de los medios, es prácticamente inexistente.
El Estado no puede, ni debe, renunciar a su capacidad normativa y sancionadora en ningún campo de la actividad social y menos en un sector tan sensible como el de la comunicación. Los exabruptos y excesos cotidianos de los medios no sólo deben ser repudiados o sancionados moralmente, deben ser sancionados judicialmente. Estos excesos, en muchos casos verdaderos delitos, que ahora son encubiertos bajo el manto protector de una falsa libertad de expresión y libertad de prensa.
Se requiere una normativa que regule, en primer lugar, la propiedad de los medios, desterrando los monopolios, que establezca el origen de sus capitales e identifique a los de origen dudoso e individualice a los verdaderos propietarios; que limite la relación de estas empresas con otras de sectores estratégicos, al igual que con organizaciones políticas y replantee los mecanismos y requisitos para la concesión de licencias, entre otros aspectos fundamentales.
Es también importante que alguien (más allá de la autorregulación) regule los contenidos, ya que el fondo del asunto radica precisamente en este aspecto. La banalización de la noticia, la espectacularidad del relato informativo, la dramatización de los hechos noticiosos (reiteración de imágenes, música de fondo, estridencias, efectos visuales) no puede ser parte del contenido de un noticioso de televisión. Ya que en los hechos los medios demostraron que no son capaces de autocontrolarse, alguien (el Estado) debe poner el límite a este tipo de acciones.
La verdad es que únicamente me he referido a las noticias. La televisión lleva además contenidos más nocivos; no se respetan los derechos del televidente, la publicidad engañosa es frecuente, no se observan los horarios de protección al menor, la piratería es moneda de curso legal en muchos canales, no existe un mínimo de producción nacional, en fin, son muchos los temas que debieran abordarse en el momento de establecerse una regulación al trabajo de las estaciones de televisión.
Los medios de comunicación han rebasado muchos límites sin que hasta ahora se haya abierto un verdadero debate acerca de la responsabilidad que conlleva esta situación y los efectos que genera esta actitud en nuestro conglomerado social. Esperemos que los últimos acontecimientos noticiosos televisivos nos permitan a todos, sociedad civil y Estado, desembargar nuestras voces y plantear un verdadero debate que concluya en acciones serias destinadas a poner límite a los excesos televisivos.

(*) Periodista, abogado y profesor universitario.
CAMBIO, LA PAZ
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2009-11-24&idn=11041