Somos Sur

En mayo 2017 la Asamblea Plurinacional dio luz a la "Ley de Identidad de Género" que abrió las puertas a que una parte de las diversidades sexuales en Bolivia puedan acceder a la seguridad social, amparada en la figura del "matrimonio" en terminos civiles. Hoy,  el TCP sacó el fallo de anular dicho "avance" y además les niega  la oportunidad de presentarse como población habil a ser elegible políticamente.

Radio Somos Sur

 Sobre esta polémica nos habla Samuel Catari Almaraz, activista social y miembro de la comunidad "LGTB".

12 de noviembre, 22 min.

Conducción: Alejandra Escobar 

Fallo del TCP:  Política reaccionaria y concesión al conservadurismo clerical

Mujeres Socialistas - Socialismo Revolucionario

“¿Avances o retrocesos?” No hay lugar para la ingenuidad

La comunidad LGTB, calificó de “retroceso” el reciente fallo del TCP, que declara inconstitucional la frase del parágrafo II, artículo 11 de la Ley de Identidad de Género; ésta permitía a transexuales y transgénero “ejercer todos los derechos fundamentales, políticos, laborales, civiles, económicos y sociales”. De ésta manera se les priva de gozar (aunque formalmente) de los mismos derechos que el resto de las personas.

Recortar derechos a todo un sector de la población, ya no es sólo un retroceso. Se trata de una política reaccionaria, que guarda sintonía con todas las medidas antipopulares, entreguistas y antiobreras que viene aplicando el gobierno burgués de Evo en todos los ámbitos. En el caso de la –tan aplaudida en su momento- Ley de Ley de Identidad de Género, no primó jamás ni la voluntad política del gobierno para chocar con el conservadurismo clerical, ni la claridad política para reconocer como iguales a la comunidad LGBTI (sobran ejemplos que demuestran que el máximo líder del MAS destila machismo y homofobia). La mencionada Ley, cual ficha de ajedrez, se puso en funcionamiento, no sólo por la presión e insistente demanda de la comunidad LGBTI, sino que cumplió dos funciones beneficiosas para el gobierno: otorgarle una cara progresista ante la comunidad internacional (con las correspondientes felicitaciones del Sistema de Naciones Unidas) y -de paso- cooptar a una parte importante del movimiento LGBTI.

Acusar sólo al TCP de “conservador” librando al gobierno de la responsabilidad política del fallo (así lo hacen los miembros oficialistas del LGTB) o es mucha inocencia o demasiada complicidad. Y es que, a santo y seña del “proceso de cambio”, algunos miembros de la comunidad LGBTI, ávidamente se han incorporado al séquito de amarrawatos del Gobierno.

Decisión de un TCP que baila al son del Gobierno

Demás está volverlo a mencionar, pero es sabido que la mentada separación de poderes en el marco de la democracia burguesa que rige este país, no es tal. El TCP, como todo el aparato judicial, baila al ritmo y voluntad del gobierno de turno. Por eso, mientras a nombre de los “derechos humanos” de Evo Morales, el TCP acepta el recurso para permitir la reelección o declaran legal la coca del Chapare (que se estima que el 93% va al narcotráfico), niega derechos fundamentales de transexuales y transgénero.

Tanto el recorte de derechos a la comunidad LGBTI, como la penalización del aborto con ampliación de excepciones, son prueba de las concesiones que el gobierno hace a la iglesia y a sus agentes políticos más conservadores como el derechista Horacio Poppe y la caterva de asambleístas y fundamentalistas promotores de la demanda de inconstitucionalidad -que con el discursito de la “familia natural”, demandan la vulneración de derechos para todo un sector de la población (LGBTI).

Una medida reaccionaria de tal cuño, sólo manifiesta que el gobierno masista no tiene ni principios ni programa político, simplemente el afán de negociar y renegociar con demandas populares para obtener votos o para tranzar amarres politiqueros de toda laya. Por eso no es de extrañar, que lo que hoy parece un “avance” mañana se convierta en “retroceso” (recorte de conquistas y de derechos en realidad).

Constituye, pues, miopía política, la de aquellos que, sin ver el marco político general aplicado por el gobierno, catalogan como “avance” las migajas que hoy da y mañana quita el masismo impostor. Ignorar las intenciones políticas que el MAS encubre detrás de cada una de las aparentes medidas progresistas, es fungir de alcahuetes del contrabandeo político que éste hace.