A poner en vigencia la Ley Antirracista!
La Red contra el Racismo, la Discriminación y la Impunidad, auto-convocada y auto-organizada tras los sucesos violentos de abril de 2008 en el Chaco boliviano, los sucesos de mayo de ese mismo año, en Sucre, con graves violaciones contra los derechos humanos y la dignidad humana, y la masacre de Pando, de ese mismo año, asumió como uno de sus principales objetivos no cesar en su compromiso de erradicar el racismo en Bolivia mediante acciones de prevención, denuncia y sanción ante los tribunales.
Consternados por los acontecimientos de ese año y otras manifestaciones de racismo que se agudizaron en el actual proceso político que vive el país, nos comprometimos a impulsar una ley contra el racismo, exigiendo al Estado el cumplimiento de las Convenciones Internacionales que sobre la materia ha suscrito para luchar contra este mal estructural.
Ante la convocatoria de la Comisión de DDHH de la Cámara de Diputados, en abril del presente año, asumimos el reto de analizar y aportar al Proyecto de Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación, para lo cual participamos en talleres, mesas de trabajo y seminarios públicos.
Los medios de comunicación, por su naturaleza, como institución social manejada por personas, tienen defectos y cometen errores; no son un espacio neutral. Los medios de comunicación están ligados a compromisos políticos y económicos; proyectan, interpretan y filtran la realidad convirtiéndose, al mismo tiempo, en generadores de visiones y simbologías.
En Bolivia, los medios de comunicación tienen una larga historia de complicidad y omisiones en torno a prácticas racistas.
Protegidos por una Ley de Imprenta de 1925 -acorde con los pasquines, libelos y algunos periódicos de ese tiempo- y cuando aún no habían radioemisoras ni televisoras, los medios de comunicación en Bolivia viven mirando el pasado, intentando mantener para sí el derecho a la información y a la expresión.
Los mecanismos de auto-regulación, de los que tanto hablan los propietarios de medios, muestran su fracaso, lo que explica que los medios que sistemáticamente promueven la violencia y el racismo contra el otro continúen difundiendo sus arengas impunemente.
No puede dejarse a voluntad esta pretendida auto-regulación que tarda en llegar casi un siglo, mientras cambian las instituciones en Bolivia, las constituciones políticas, las leyes fundamentales de un país.
La ciudadanía también tiene el derecho a ser informada con ecuanimidad, con respeto a los derechos humanos, a que los medios cumplan su función de educar, de orientar, de promover la cultura de paz, la igualdad de derechos y el debate con responsabilidad en lugar de provocar el enfrentamiento, ser simples repetidores de lo que escuchan sin capacidad de discernir lo que es verdad o mentira.
Producto de todas estas reflexiones colectivas fue la incorporación de los Medios de Comunicación en el Proyecto de Ley contra el Racismo, mediante el artículo 16, que exige sanciones a los medios que difundan ideas y prácticas racistas.
Los periodistas y opinadores, como personas, deben ser pasibles a estas sanciones pero también los medios como instituciones que desde su línea editorial e informativa dan acceso a la información, opinión y difusión de artículos, caricaturas, editoriales, de contenido racista y discriminador.
Los medios de comunicación no pueden actuar, para defenderse, como una institución con derechos y libertades, y para ser observados y sancionados, sin responsabilidad alguna.
¿Qué temor tienen los medios de comunicación a una Ley contra el Racismo si, durante el desarrollo de su trabajo, cumplen, en su mayoría, con la declaración de las libertades y derechos fundamentales, con las leyes y la Constitución?
La Ley contra el Racismo establece procesos y sanciones en tribunales de justicia, como cualquier otra ley, según el grado de responsabilidad en la comisión del delito de promover, difundir y dar espacios a ideas y prácticas racistas.
Los empresarios de los medios confunden deliberadamente esa difusión de ideas y prácticas racistas con el derecho a la opinión y expresión, y como suelen hacerlo trivializan el tema de interés ciudadano.
Ninguna Constitución ni ley de un país que se declare democrático otorga a nadie el derecho a opinar desde una visión de superioridad respecto otro ni permite el derecho a la libre expresión para discriminar y maltratar.
El derecho de la ciudadanía está por encima de los intereses de grupos.
¡Sanción contra el racismo en los medios ya!
¡LEY CONTRA EL RACISMO, YA!
Firman Organizaciones de Bolivia
(Tomado de Bolpress-Bolivia)